Tribunal condena mujer a la que se le imputó vender municiones de la policía dominicana a haitianos

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, quien formaba parte de la red que presuntamente sustrajo casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.

A Bello Segura se le imputó en noviembre del 2024 haber vendido "clandestinamente a nacionales haitianos" municiones de diversos calibres de la institución del orden.

En ese entonces, el Ministerio Público (MP) puso en marcha la Operación Pandora contra varios oficiales de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes, quienes enfrentan un juicio de fondo.

Por un acuerdo con el Ministerio Público, la sentencia contra Miguelina Bello Segura establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y  durante el período de suspensión de la prisión cumplir ciertas condiciones.

Una comunicación de prensa del órgano acusador explica que planteó al tribunal las condiciones establecidas en el pacto, entre las cuales se encuentra que Bello Segura deberá residir en un domicilio fijo, y, de cambiar del lugar de domicilio, notificarlo al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.

Bello Segura también deberá abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, así como a portar armas de fuego y del abuso de bebidas alcohólicas, además de que deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad establecida con esos fines.

La jueza de la instrucción Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar el  acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público, declarándose culpable de los hechos y dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre del año 2026, a las 3:00 de la tarde.

Otro que negoció con el MP

Por el caso, el pasado mes de septiembre el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado.

Además, le fue impuesta el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.

Los otros acusados que enfrentan juicio de fondo

El pasado mes de septiembre, el Segundo Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía, así como contra el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden.

Asimismo, también se envió a juicio de fondo Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.

A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal le varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora eimpedimento de salida del país.

Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

El grupo es acusado de desfalcar al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.

También de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.