Tribunal ordena la liquidación judicial de Falcondo

Fonper pide a las empresas y personas que la minera les adeude hacer las reclamaciones correspondientes

Las operaciones de Falcondo en el país pasan de 50 años. (DL/Archivo)

El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) informó este jueves que la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, en funciones de Tribunal de Reestructuración y Liquidación, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Falconbridge Dominicana, S. A. (Falcondo).

  • Mediante la sentencia núm. 975-2026-SSEN-00005, de fecha 4 de noviembre de 2026, el tribunal determinó que no existen condiciones para continuar con el proceso de reestructuración de la empresa, por lo que dispuso su liquidación judicial, de conformidad con la Ley núm. 141-15.

Proceso de liquidación

Con esta decisión, Falcondo entra en un proceso supervisado por la justicia, durante el cual se identificarán sus bienes y obligaciones, así como la forma en que serán atendidas las reclamaciones de sus acreedores, conforme a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo con una nota de prensa, para llevar a cabo este proceso, el tribunal designó al licenciado Alis Medina como liquidador judicial, quien asumirá la administración de la empresa en sustitución de sus actuales administradores y gerentes, bajo la supervisión judicial correspondiente.

Indica que las personas y empresas a las que Falcondo adeude dinero deberán declarar formalmente sus créditos dentro del proceso judicial, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley núm. 141-15. Para ello, contarán con un plazo de diez (10) días hábiles y francos, a partir de la primera publicación del extracto de la sentencia en la página electrónica del Poder Judicial.

En ese sentido, refiere que es importante que los acreedores estén atentos a dicha publicación, a fin de presentar oportunamente sus reclamaciones y hacer valer sus derechos. La declaración de una deuda no implica su pago automático, ya que cada reclamación deberá ser examinada y atendida conforme a las disposiciones legales aplicables.

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