Defensa Pública pide a procuradora investigar directamente los casos de intercambios de disparos

El titular de la Defensa Pública señaló que la pena de muerte fue abolida en República Dominicana en junio de 1924

Agentes del Dicrim recorren una calle de un sector del Gran Santo Domingo. (Diario Libre/Samil Mateo)

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, instó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, a asumir directamente la investigación penal de todos los casos denominados “intercambios de disparos”, a través de las distintas jurisdicciones del Ministerio Público.

Advirtió que el combate contra la delincuencia no puede estar por encima de la justicia ni justificar actuaciones contrarias a la ley.

Mediante una nota de prensa, Valentín Santos denunció el arraigo social que ha adquirido la expresión “poner en 29”, que, según afirmó, se traduce como una orden indirecta de la Policía Nacional para quitarle la vida a un ciudadano.

Ante esta situación, sostuvo que las actuaciones policiales deben estar sujetas a la Constitución y a las leyes dominicanas, que protegen el derecho a la vida y prohíben las ejecuciones extrajudiciales.

Derecho a la vida

El titular de la Defensa Pública recordó que la pena de muerte fue abolida en República Dominicana en junio de 1924 y que esta disposición se ha mantenido en las constituciones posteriores.

Asimismo, citó el artículo 37 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y prohíbe expresamente la pena de muerte bajo cualquier circunstancia.

También hizo referencia al artículo 38, que consagra la dignidad humana como un valor supremo y establece la obligación de los poderes públicos de actuar conforme al Estado de derecho.

Límites policiales

Valentín Santos señaló que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, número 590-16, establece que la misión de esa institución es proteger y preservar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas.

Indicó que las atribuciones policiales incluyen ejecutar detenciones y capturas en los casos previstos por la ley, pero no quitarles la vida a las personas perseguidas.

También explicó que el artículo 14 de esa legislación prohíbe los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, establece que el uso de la fuerza armada debe ser una medida de última opción, bajo criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, consideró que, cuando una persona pierde la vida durante una actuación policial, el caso debe ponerse a disposición del Ministerio Público para su correspondiente investigación.

Posibles responsabilidades penales

El director de la Defensa Pública también se refirió a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, y a su artículo 92, relativo a las circunstancias que pueden convertir un homicidio en asesinato, como la premeditación o la acechanza.

“Cuando un grupo de policías armados, técnicos y obedientes al poder civil se reúnen, planifican, dan seguimiento, acechan, ubican y le dan alcance a una persona y esta pierde la vida sin una investigación seria, estamos ante actuaciones con características de asesinatos. Quienes los cometen deben responder penalmente”, expresó Valentín Santos.

El funcionario también llamó la atención sobre el cumplimiento de los procedimientos forenses en las muertes violentas y citó la Ley 136-80, que establece la obligatoriedad de la autopsia judicial en los casos contemplados por esa normativa.

Además, mencionó la Ley 454-08, que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad encargada de realizar los análisis científicos y técnicos relacionados con las investigaciones criminales.

En ese contexto, cuestionó cuántos de los casos presentados por las autoridades como supuestos intercambios de disparos han sido remitidos al Inacif para una investigación científica.

Lucha contra el delito

El director nacional de la Defensa Pública aclaró que sus planteamientos no significan que el Estado deba dejar de enfrentar la delincuencia.

Sostuvo que proteger a los ciudadanos frente a los robos, atracos y homicidios es una obligación de las autoridades. También reconoció que los agentes policiales tienen derecho a defenderse legítimamente ante agresiones reales y demostrables.

No obstante, insistió en que cada caso presentado como un “intercambio de disparos” debe documentarse mediante un informe de los hechos, una investigación forense y el correspondiente proceso judicial, para determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado y evitar actuaciones al margen de la ley.

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