Defensa de Pittaluga en caso Odebrecht responde a declaraciones del procurador Espiñeira

La defensa técnica del abogado Conrado Pittaluga, uno de los seis encartados en el juicio de fondo que se sigue por el expediente de los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió pagar como soborno en el país, respondieron a las declaraciones servidas por el procurador general en el caso, Rodolfo Espiñeira, en entrevista concedida a Diario Libre.

De acuerdo con los abogados Santiago Rodríguez y Erick Raful Pérez, en la entrevista del procurador existen “inexactitudes censurables” que atribuyen a una falta de objetividad, las cuales, según afirman, causan alta preocupación entre los miembros de la defensa de Pittaluga.

La entrevista fue concedida por Espiñeira en su condición de procurador general del caso Odebrecht, en sustitución de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien si inhibió del expediente debido a las decisiones que emitió en la primera etapa del proceso, cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia.

“Sorprende la defensa que del expediente de marras realiza el indicado procurador, al resultar un hecho notorio que fue instrumentado a la medida de intereses políticos y a espaldas de muchos de los miembros del Ministerio Público que, como ese procurador, mantienen sus despachos en el cuarto piso del edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría”. Entiende que ese detalle puede liberar de cargos de conciencia al propio Espiñeira.

Pero le preguntan si puede exhibir al país alguna prueba distinta a la presentada para la solicitud de medidas de coerción en 2017. “Nosotros, que sí conocemos al dedillo la glosa del expediente, podemos garantizar, a modo de sano reto, que se trata de un legajo de papeles que se encuentran en igual o peores condiciones que al momento de haber sido calificado como vacío y mal instrumentado por quien ese procurador se honra en sustituir”, plantean los abogados en una carta enviada a este diario.

En cuanto a las pruebas que soportan la acusación, la defensa de Pittaluga alega que, para no crearle falsas expectativas a la ciudadanía, habría sido favorable que Espiñeira dijera si se trata de las delaciones premiadas, que, de premiadas -dicen- solo gozan del “premio que probablemente se logró al esconder parte de su contenido con las extensas tachaduras de que adolece”.

También le preguntan al procurador el por qué no se refiere a las pruebas de descargo aportadas, dado que todas son de fácil verificación. “Mismas pruebas que nunca han sido interesantes para un Ministerio Público que, más que ciego, ha dirigido andanzas procesales por el morbo, la vanagloria de un falso estrellato, el ocultamiento de la verdad y una determinada vocación para la destrucción de honras”.

Y prosiguen: “Es penoso que ese distinguido procurador, hasta ahora, de intachable hoja de vida profesional, haya permitido contaminarse por personas que nunca buscaron la verdad y que ahora solo procuran el protagonismo necesario para alimentar un ego sustentado en pan y circo”.

Entienden los abogados que, así como la Procuraduría habla de un “Odebrecht 2.0”, en referencia a la nueva investigación que ha prometido sobre las operaciones de la constructora brasileña en el país, deberían llamar al expediente actual “Odebrecht 0.0”, debido a “su absoluta carencia de pruebas, y por la calificación a imponer ante una pésima labor investigativa de parte del Ministerio Público, dirigida por demás a los peores despropósitos”.

Otro aspecto que critican al procurador Espiñeira fue su declaración sobre las supuestas tácticas dilatorias de los abogados en el actual juicio de fondo. Dicen sentir preocupación y lamentar tal afirmación, porque “revela una falta de comunicación entre dicho procurador adjunto y los representantes de la Procuraduría General de la República que han participado en las respectivas audiencias”.

Enlistan las razones de los aplazamientos del juicio, las que aseguran corresponden a situaciones atribuibles al Ministerio Público, tales como la inhibición no completada de la magistrada Germán Brito, que obligó al tribunal a posponer la audiencia para que el Ministerio Público pudiese formalizar dicho trámite. También el hecho de “los archivos clandestinos” no notificados, que llevaron al tribunal a suspender la audiencia para que los mismos fueran entregados a las partes que lo solicitaron.

“Por último, dejamos al Procurador esta digna sugerencia: si tanto cree en la acusación, le invitamos amablemente a ponerse su toga y su birrete, y así vivir presencialmente la odisea que significa para un Ministerio Público tener que defender un entuerto de tal magnitud, escudándose solo en el repetitivo grito de las supuestas tácticas dilatorias de los abogados de la defensa, cuyo fracaso, así lo evidencia su entrevista, le ha llevado a acudir al populismo penal, como forma lamentable de pedir auxilio”, exponen.