Construir, abandonar y reconstruir: el círculo vicioso de las obras públicas del país
El Estado deja deteriorar las obras que construye y vuelve a invertir en ellas cuando el abandono ya exige una reconstrucción millonaria
Durante décadas, los gobiernos han inaugurado obras públicas sin reservar después los recursos necesarios para conservarlas. El deterioro se acumula hasta que una reparación deja de ser suficiente y el Estado debe rehabilitar por completo, reconstruir o incluso demoler para volver a levantar.
Esa cultura de construir, inaugurar y relegar el mantenimiento crea un círculo vicioso: el Estado termina pagando varias veces por una misma infraestructura. Instalaciones deportivas, plantas de tratamiento, acueductos, hospitales, edificios públicos, monumentos, puentes, carreteras y autobuses han requerido nuevas inversiones tras años de deterioro o abandono.
La factura del mantenimiento aplazado
El ejemplo más reciente son las instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El Gobierno destinó alrededor de 9,000 millones de pesos a intervenir 16 complejos deportivos y construir un nuevo pabellón. Como el monto incluye adecuaciones para cumplir los estándares de la competencia y obras nuevas, no puede atribuirse íntegramente a la falta de mantenimiento.
Aun así, el propio Gobierno reconoció las condiciones en que encontró algunos escenarios. El presidente Luis Abinader dijo que el estadio Félix Sánchez estaba en condiciones deplorables y pidió establecer mecanismos permanentes para conservar las obras después de la inversión.
La misma admisión surge de la administración pública. Un censo de Bienes Nacionales encontró propiedades estatales —entre ellas, gobernaciones— abandonadas o subutilizadas. El programa para recuperarlas abarca 64 inmuebles: 31 gobernaciones y 33 edificaciones. En una segunda etapa se trabaja en 24 edificios, con una inversión de 762 millones de pesos.
El director de Bienes Nacionales citó el edificio gubernamental Don Antonio Guzmán Fernández, que, según explicó, no había recibido intervención alguna en sus 46 años y ahora será renovado por completo. El plan busca que el ahorro en alquileres financie el mantenimiento de los inmuebles recuperados.
El Estado paga entre 10,000 millones y 12,000 millones de pesos al año en alquileres y espera ahorrar unos 8,000 millones mediante la recuperación de sus propiedades. Los 4,000 millones restantes se destinarían a su conservación, explicó el funcionario.
Los puentes muestran el costo —y el riesgo— de postergar las revisiones. El Gobierno inició un programa para intervenir 220 estructuras, muchas con daños acumulados, mientras un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo contempla actuar sobre otras 150.
Entre las que requieren evaluaciones y reparaciones más profundas figuran los puentes Duarte, de la avenida 17, Hermanos Patiño y de San Pedro de Macorís. El problema ya ha tenido consecuencias trágicas: el conductor de un camión murió al caer al río tras el colapso del puente que comunica Yamasá con Don Juan.
Acuario Nacional reabrirá parte de sus instalaciones a partir de este viernes
Sin embargo, estas siguen siendo respuestas puntuales, no una política permanente de evaluación y mantenimiento.
Agua y saneamiento: sistemas fuera de servicio
La magnitud del problema también se observa en las plantas de tratamiento de aguas residuales del Gran Santo Domingo. De las 19 existentes, solo siete operan —algunas de manera limitada— y 12 están fuera de servicio. Tras reportarse la situación, la CAASD anunció la rehabilitación de cinco por alrededor de 780 millones de pesos.
El abandono también ha afectado a los acueductos. El sistema Noriega I, puesto en operación en 1994, perdió una parte importante de su capacidad tras años de funcionamiento sin el mantenimiento necesario. Rehabilitarlo en 2026 costó 612 millones de pesos.
El Noriega II ofrece un ejemplo todavía más directo. Fue rehabilitado y entregado en 2023, después de permanecer fuera de servicio desde 2005, con una inversión de 237 millones de pesos. El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago explicó que, pese a contar con una garantía de 20 años, la falta de mantenimiento lo sacó de operación luego de apenas 13.
Edificios públicos y transporte: el deterioro se extiende
El Acuario Nacional refleja el fenómeno en otro tipo de infraestructura. Inaugurado en 1990, cerró cerca de un año para una primera etapa de remodelación debido a un deterioro que su directora atribuyó, principalmente, a la falta de mantenimiento, presupuesto y personal. Esa fase costó unos 93 millones de pesos, y todavía quedan pendientes áreas como el túnel y el parque.
La Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inaugurada en 2005, también requiere otra inversión millonaria. Su construcción costó unos 250 millones de pesos, además de cerca de 20 millones de dólares en equipamiento. Hoy presenta filtraciones, problemas de climatización y equipos tecnológicos fuera de servicio. En 2024, la UASD estimó que su remodelación requería unos 400 millones de pesos.
La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, inaugurada en 1971 y ampliada y reinaugurada en 2012, necesita una nueva intervención 14 años después. Más del 70 % de su infraestructura está en malas condiciones por filtraciones acumuladas, desprendimientos de plafones y daños en los sistemas eléctricos, de climatización e hidrosanitarios. El MIVHED prevé invertir 264 millones de pesos en su recuperación.
En el transporte público, la historia se repite con los autobuses de la OMSA. En 2015, la institución anunció la compra de 100 unidades Mercedes-Benz por unos 148,000 dólares cada una y, entre 2018 y 2019, incorporó otras 200 por alrededor de 39 millones de dólares. En 2022 informó que había recuperado 243 autobuses descartados en el llamado «cementerio de vehículos»; cuando la actual gestión llegó en 2020, solo 132 estaban operativos. En 2026 abrió un proceso para adquirir 200 autobuses por unos 1,999.9 millones de dólares.
Hospitales: reparaciones que no cierran el ciclo
En el sistema hospitalario, el fenómeno alcanza otra escala. Entre 2012 y 2014, el Gobierno destinó más de 13,900 millones de pesos a reparar 71 hospitales, pero reportes posteriores todavía describían centros con filtraciones, grietas y otras deficiencias.
El hospital Moscoso Puello tuvo dos grandes intervenciones en menos de una década. En marzo de 2011 se remodelaron y ampliaron las áreas de Emergencia y Cuidados Intensivos, dentro de un proyecto cuyo costo se calculó en 257 millones de pesos para sus dos etapas. Siete años después, en abril de 2018, se entregó una remodelación más profunda, presentada oficialmente con una inversión superior a 600 millones.
El Darío Contreras muestra cuánto puede encarecerse el deterioro. Una remodelación estimada inicialmente en unos 1,000 millones de pesos terminó convertida en una instalación nueva, luego de que las autoridades determinaran que la estructura estaba demasiado dañada para intervenirla con seguridad. El costo final rondó los 1,500 millones.
El hospital José María Cabral y Báez demuestra que una inversión millonaria tampoco garantiza la solución. Los trabajos comenzaron en 2013 con un monto estimado superior a 2,000 millones de pesos. Trece años después, varias áreas seguían inconclusas; se habían reportado desprendimientos en elementos instalados durante la intervención, y Emergencia había pasado por dos reconstrucciones.
Obras viales: reconstruir una y otra vez
En las avenidas y carreteras, el problema resulta más visible para el ciudadano. Uno de los casos más antiguos y costosos es el de la avenida Jacobo Majluta. Inaugurada en 1997, para 2008 ya había sido reconstruida cinco veces, con más de 1,400 millones de pesos en gastos públicos, según reportó Diario Libre.
De reparar a prevenir
El Gobierno ha comenzado a reconocer que el problema exige más que reparaciones aisladas. En febrero de 2026, Abinader asignó 2,500 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas para corregir situaciones detectadas por una comisión que evaluó 749 infraestructuras críticas.
La comisión recomendó fortalecer el mantenimiento, crear mecanismos especializados para preservar las obras y mejorar los sistemas de seguimiento y control. El desafío es convertir esas recomendaciones en una política sostenida: presupuestar la conservación desde el inicio, inspeccionar con regularidad y actuar antes de que una reparación manejable se transforme en otra reconstrucción millonaria.