¿Es solo con RD? Las exigencias de Trump a los países latinoamericanos

La eliminación de medidas de protección al arroz en República Dominicana y la reciente solicitud de Estados Unidos a El Salvador para proteger sus puertos de influencias extranjeras forman parte de una serie de exigencias y presiones ejercidas por la administración de Donald Trump sobre países latinoamericanos desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025.

México, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala y varias naciones del Caribe han enfrentado planteamientos estadounidenses sobre comercio, migración, seguridad, tecnología o relaciones con China.

Las consecuencias han sido distintas. Algunos gobiernos modificaron políticas, otros suscribieron acuerdos y varios rechazaron las solicitudes. 

La presión sobre infraestructura estratégica adquirió actualidad el martes 13 de octubre, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantener seguros los puertos y protegerlos de lo que calificó como «influencias extranjeras malignas».

Washington no identificó públicamente al país o las empresas señaladas. Hasta este miércoles, Bukele tampoco había anunciado una respuesta específica, pero el enfoque está en China.

República Dominicana: arroz y tecnología china

El Gobierno de Luis Abinader derogó mediante el decreto 635-26, del 9 de septiembre, una disposición de 2024 que establecía medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz.

La decisión se produjo durante conversaciones comerciales con Estados Unidos, que reclamaba ajustar el acceso al mercado dominicano a los compromisos de liberalización previstos en el DR-Cafta.

• La medida eliminada contemplaba un arancel del 20 % para determinadas importaciones de arroz dentro del régimen establecido.

Otro planteamiento estadounidense estuvo relacionado con las tecnologías chinas.

En agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo difundió una advertencia sobre empresas como Huawei, ZTE y Hikvision, cuyos equipos Washington considera riesgosos para la seguridad de las redes.

El mensaje instó a los países de América a sustituir esas tecnologías por proveedores confiables. La Embajada de China rechazó las acusaciones, que calificó de infundadas.

La advertencia estadounidense no identificó instituciones dominicanas afectadas ni presentó casos específicos de espionaje ocurridos en el país.

Panamá y Perú: los puertos chinos

Panamá recibió uno de los primeros planteamientos del nuevo Gobierno estadounidense.

En febrero de 2025, Rubio comunicó al presidente José Raúl Mulino las preocupaciones de Washington por la influencia china alrededor del canal interoceánico.

Tras el encuentro, Mulino anunció que Panamá no renovaría su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promovida por China. Sin embargo, rechazó cualquier negociación sobre la soberanía del canal.

• En enero de 2026, la Corte Suprema panameña anuló los contratos mediante los cuales una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison operaba dos terminales portuarias situadas en los extremos del canal.

Estados Unidos celebró la decisión judicial, mientras China la cuestionó.

Perú enfrentó advertencias relacionadas con el megapuerto de Chancay, construido con inversión de la empresa estatal china Cosco Shipping.

En febrero de 2026, el Departamento de Estado manifestó preocupación por una decisión judicial que limitaba las facultades de supervisión del regulador portuario peruano.

Washington advirtió que la presencia china podía comprometer el control nacional de infraestructura estratégica.

El Gobierno peruano respondió que la inversión extranjera está sometida a su legislación y que distintas instituciones estatales mantienen facultades de fiscalización sobre el puerto.

Brasil y Chile: medidas relacionadas con decisiones internas

En julio de 2025, Trump anunció aranceles del 50 % sobre productos brasileños y vinculó la decisión con el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Washington también revocó visados a funcionarios judiciales brasileños.

• El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la intervención estadounidense y defendió la independencia de los tribunales.

Chile, por su parte, enfrentó sanciones relacionadas con un proyecto de cable submarino de telecomunicaciones que conectaría Valparaíso con Hong Kong.

En febrero de 2026, Estados Unidos revocó los visados de tres funcionarios chilenos, incluido el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Washington sostuvo que las actuaciones vinculadas con infraestructura crítica comprometían la seguridad regional.

• El Gobierno chileno rechazó las acusaciones, presentó una protesta diplomática y recordó que el proyecto todavía estaba en evaluación.

Chile también fue objeto de medidas comerciales estadounidenses relacionadas con el cumplimiento de restricciones a mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Argentina y Ecuador: acuerdos para abrir sus mercados

Argentina y Ecuador siguieron una vía diferente: la negociación de acuerdos comerciales con Estados Unidos.

El Gobierno de Javier Milei firmó el 5 de febrero de 2026 un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos que contempla reducir barreras para productos estadounidenses, incluidos vehículos, maquinaria, medicamentos y mercancías agrícolas.

También incluye compromisos sobre inversiones, procedimientos aduaneros y cooperación en sectores estratégicos.

Las negociaciones abarcaron además procedimientos de importación, comercio digital, propiedad intelectual y medidas relacionadas con mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

En ambos casos se trata de compromisos comerciales negociados entre los gobiernos, no únicamente de medidas impuestas de manera unilateral.

Bolivia: el regreso de la DEA

Bolivia restableció en febrero de 2026 la cooperación operativa con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), después de casi dos décadas sin esa presencia.

El Gobierno de Rodrigo Paz presentó el acercamiento como parte de su estrategia contra el narcotráfico y de la recuperación de relaciones con Washington.

La decisión también refleja un cambio de orientación respecto de las políticas aplicadas durante la presidencia de Evo Morales, quien había expulsado a la agencia estadounidense en 2008.

Sin embargo, no se ha documentado una amenaza arancelaria ni una exigencia pública de Trump que obligara a Bolivia a aceptar el regreso de la DEA.

Venezuela: petróleo e intervención militar

La relación con Venezuela ha incluido medidas de una naturaleza distinta a las negociaciones comerciales desarrolladas con otros gobiernos.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, posteriormente trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos penales.

La intervención provocó cuestionamientos internacionales sobre la soberanía venezolana y la legalidad del operativo.

• Tras la salida de Maduro del poder, Washington comenzó a negociar con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez una mayor participación estadounidense en la industria petrolera.

Según Reuters, los acuerdos alcanzados comprenden acceso de compañías estadounidenses a 17 campos petroleros venezolanos.

Este miércoles 14 de octubre, Estados Unidos también levantó las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

En Venezuela, las prioridades estadounidenses documentadas incluyen el acceso al petróleo, la reorganización de las inversiones energéticas y las relaciones con el Gobierno surgido después de la intervención militar.

Guatemala y el Caribe: recibir deportados y revisar la cooperación con Cuba

Las exigencias migratorias han tenido especial importancia en Centroamérica y el Caribe.

En febrero de 2025, Guatemala acordó aumentar un 40 % los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos, incluidos algunos con personas de otras nacionalidades.

Costa Rica también aceptó recibir temporalmente migrantes deportados desde territorio estadounidense para gestionar su posterior traslado.

En el Caribe, Jamaica firmó en junio de 2026 un acuerdo para recibir ciudadanos de terceros países deportados por Washington.

• El 13 de octubre llegó el primer grupo de 22 personas, principalmente sudamericanas. El mecanismo contempla un máximo de 25 personas cada dos semanas.

El acuerdo ha provocado cuestionamientos de la oposición jamaicana sobre su transparencia y sus consecuencias para los servicios públicos.

Dominica y Antigua y Barbuda también han negociado mecanismos para recibir personas trasladadas desde Estados Unidos.

Otro frente regional es la contratación de médicos cubanos.

La administración Trump amplió las restricciones de visados contra funcionarios vinculados con el programa de misiones médicas de Cuba, al que atribuye prácticas de trabajo forzoso.

Las medidas generaron preocupación en países caribeños que reciben profesionales sanitarios cubanos, entre ellos Guyana y Trinidad y Tobago.

En enero de 2026, Trump también autorizó la aplicación de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba, ampliando la presión estadounidense sobre las relaciones energéticas de La Habana.

En Haití, las prioridades de Washington han estado relacionadas principalmente con las operaciones contra las bandas armadas y la cooperación internacional en materia de seguridad.