Proyecto de ley busca mejorar la protección contra plagas y enfermedades

Reposa en el Congreso Nacional, desde noviembre del 2021, un proyecto de modificación de la Ley 4990 sobre Sanidad Vegetal, un documento con el que se busca reforzar algunos procedimientos y sanciones de la actual normativa que data desde el 1958.

La ley faculta al Departamento de Sanidad Vegetal para proteger el país de plagas y enfermedades de origen internacional o nacional, como la recién detección de la mosca del Mediterráneo tras casi siete años,explicó a Diario Libre Rosa Lazala, directora del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura.

"A República Dominicana pueden entrar frutas y vegetales, pero tienen que venir a través de áreas de cargas de contenedores o aviones y luego de cumplir con un proceso fitosanitario que certifique que los productos están libres de plagas que afecten la producción agrícola del país y las exportaciones", expresó.

En ese sentido, aclaró que el pasajero que traiga algún tipo de hortaliza debe presentar un documento autorizado por el país de origen del alimento, asegurando que está libre de plagas y enfermedades. "Pero el que viene por el aeropuerto con una fruta en manos no viene con el alimento inspeccionado", advirtió.

La República Dominicana es signataria de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es un tratado intergubernamental que tiene como objetivo proteger las plantas, los productos agrícolas y los recursos naturales del mundo de las plagas de plantas, ratificada por 185 partes contratantes.

La CIPF desarrolla, adopta y promueve la aplicación de Medidas Fitosanitarias Internacionales (NIMF) como principal herramienta para salvaguardar la seguridad alimentaria mundial , facilitar el comercio seguro y proteger el medioambiente. Una de las garantías de comercio son las certificaciones para el transporte de los alimentos agropecuarios.

Procedimiento cuarentenario

Del acuerdo internacional se deriva el manual de procedimiento cuarentenario del país, con algunas precisiones que adopta cada autoridad según los riesgos que enfrenta para la prevención de plagas, puntualizó el subdirector de Cuarentena de Agrícultura, Manuel Durán.

"Las normas de prevención se rigen por acuerdo entre todos los países del mundo, independientemente de los procedimientos que tenga cada nación", detalló.

Precisó que dichas normas son las más actuales que tiene el país, ya que la Ley 4990 está rezagada en algunos procesos de control, así como las sanciones que establece.

Aseguró que, desde el ministerio, se está impulsando el conocimiento del proyecto de ley, con algunas modificaciones, para ampliar su nivel de alcance y mejorar algunas reglas de inspección y manejo.

Dijo que la modificación legal ayudará a las autoridades a ser más drásticas con algunos temas, como empoderar al inspector de Cuarentena, para que cuando ocurran condiciones especiales que requieran una acción directa lo pueda hacer dicha autoridad supervisora.

"Hay productos que intentan introducirlos de manera inapropiada, que podrían representar un riesgo sanitario. Los que no pasan por controles fitosanitarios entran a un proceso de separación con el que se decide su destrucción o devolución a su país de origen", refirió el experto.

Alimentos hospederos de plagas

Los técnicos detallaron que los pasajeros suelen comprar en supermercados y mercados piña, aguacate, zapote, longan o limoncillo chino, mango y banana, entre otros alimentos que son hospederos de plagas.

Durán detalló otras hortalizas que son más propensas a tener insectos que producen plagas: aguacate, clementina, pomelo, limón, mandarina, lechosa, tomate y atún o nopal -una especie de cactus-.

Para prevenir el ingreso de dichos alimentos, precisó que el país, a través del Departamento de Sanidad Vegetal, puede exigir como requisito a una entidad o empresa que un envío de frutas o vegetales llegue con una certificación oficial que garantice que el producto está libre de plagas.

Sobre los productos lácteos y otros derivados de animales, informó que es correspondencia de la Dirección General de Ganadería, quienes también trabajan en conjunto con la Dirección General de Aduanas.

¿Qué dice la actual Ley 4990?

En la Ley 4990 se prohíbe la importación de plantas, frutos, semillas, rizomas, flores y cualquier parte de vegetales vivos o muertos, así como el ingreso de plantas coníferas vivas o muertas o partes de estas.

De hecho, la ley dispone que las naves marítimas o aéreas que se dirijan a la República Dominicana, deberán suspender la distribución de frutas o vegetales a los pasajeros cinco millas antes de su llegada a territorio dominicano.

Toda persona que desde el exterior se dirija a la República deberá declarar ante la compañía de transportación si trae o no consigo vegetales o partes de vegetales, y si los trae, los mismos deberán estar amparados por su correspondiente certificado de fumigación o de Sanidad Vegetal.

Indica que los desperdicios de cualquier clase de vegetales deberán ser guardados en recipientes herméticamente cerrados para ser entregados a la sanidad vegetal de los puertos donde arriben, para su desinfección y destrucción.

De acuerdo con el documento que rige los procedimientos de inspección, cualquier violación a la ley y a los decretos y reglamentos que de ella se derivan, será castigada con multas de 10 a 500 pesos o prisión de uno a seis meses, o ambas penas a la vez, según la magnitud de la infracción.

Las modificaciones propuestas para Ley de Sanidad Vegetal

• El proyecto de ley propone la creación de un manual de procedimiento para el decomiso de los alimentos, así como la creación de un fondo de atención al sector agropecuario en caso de plagas propagadas.

• También comprende la creación de un sistema de información fitosanitaria en el que se incluye que los productores deben mantener informadas a las autoridades las condiciones de los cultivos periódicamente.

• Además refuerza las sanciones, con un nivel de clasificación en el que las infracciones graves serán sancionadas con multas y prisión, las cuales serán impuestas por los tribunales.

• Estas sanciones serán desde 300 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos del sector público, además serán sancionadas con la pena de privación de libertad de un año hasta cinco años, sin perjuicio de las indemnizaciones de carácter civil que de la misma pudiera derivarse a favor de la víctima.