Justicia ambiental

En palabras pronunciadas a fines del año pasado por la nueva líder del partido verde en Canadá, el concepto quedó claramente expuesto. En su opinión, no puede haber justicia ambiental si no existe justicia social. Esa opinión está siendo compartida por un número creciente de dirigentes de organizaciones ecológicas, especialistas en el cambio climático y expertos en el desarrollo económico.

La visión de la preservación del medio ambiente como un objetivo condicionado por el contexto socioeconómico, dependiente de las características de cada comunidad, ha ganado terreno a medida que se ha hecho evidente que las soluciones a los problemas ambientales son necesariamente globales. El criterio optimista de que sería suficiente que las naciones ricas restringieran sus emisiones contaminantes y optaran por energías renovables, ha dado paso a evaluaciones más realistas que ponen de relieve la importancia de la participación de los países pobres. Los estudios elaborados al efecto indican que aunque fuese posible aplicar correctivos eficaces en el mundo desarrollado, el deterioro ambiental continuaría si el tercer mundo y las economías emergentes no adoptaran políticas similares. El desafío radica en lograrlo sin impedir el avance de las naciones que han permanecido rezagadas en el camino hacia la prosperidad.

Los temas ambientales a veces se califican como un pasatiempo de ricos. De hecho, paradójicamente, los movimientos ambientalistas, y los partidos descritos como “verdes” por su vinculación con las causas ecológicas, han mostrado tener más fuerza en los países desarrollados que en las zonas subdesarrolladas del planeta, a pesar de que estas últimas son más vulnerables a los perjuicios de la erosión, el calentamiento global y la elevación en el nivel de los océanos. Para cambiar esa perspectiva es preciso que dichos movimientos y partidos amplíen su agenda e incorporen en ella estrategias convincentes de crecimiento económico.