La nómina pública alcanza los 778 mil trabajadores en República Dominicana

Presupuesto 2026 proyecta que remuneraciones serán el mayor gasto del Gobierno

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). (Fuente externa)

Los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) muestran que la nómina pública continúa expandiéndose. A septiembre de 2025 se registraron 777,525 empleados, lo que implica un aumento de 5.2 % frente al mismo mes de 2024, equivalente a 38,780 nuevos trabajadores. En lo que va de año, el incremento asciende a 22,700 empleados, o 3.0 %. Además, la variación interanual de septiembre es la más alta desde marzo de 2023.

Al observar los últimos diez años —es decir, desde 2016— se aprecia con mayor claridad la magnitud del crecimiento: en una década la nómina ha aumentado en más de 255,000 empleados. Esto refleja una tendencia continua de ampliación del aparato estatal. Incluso en un periodo tan corto como entre julio y septiembre de 2025, el aumento fue de 2.3 %. Si ese ritmo se mantuviera durante doce meses, equivaldría a un crecimiento anual cercano a 14 %.

El proyecto de presupuesto para 2026 confirma esta dinámica: de aprobarse, el gasto en remuneraciones representaría 23.2 % del gasto público total, nuevamente el componente más elevado.

Cuando el empleo público crece de manera constante, también aumenta la cantidad de recursos que la economía debe destinar a sostenerlo. Esos recursos provienen de la actividad productiva y no pueden emplearse simultáneamente en otros usos. Por eso, el costo relevante no es únicamente el monto presupuestado, sino lo que la sociedad deja de hacer con esos recursos: invertir, innovar o crear nuevos empleos en el sector privado. Esa dinámica condiciona la capacidad del país de generar mayor prosperidad en el futuro.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) es una respuesta a la necesidad que tiene la sociedad dominicana de procurar políticas que propendan a un desarrollo económico sostenible en un clima de libertades individuales.