Camipe propone reglas de gobernanza para garantizar uso transparente del 5 % minero en municipios

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso este jueves que la modernización de la ley Minera incluya mecanismos de gobernanza para la administración y supervisión del 5 % de los beneficios netos que reciben los municipios donde operan proyectos extractivos.

La entidad considera que la discusión sobre la reforma del marco legal debe ir más allá del reconocimiento de esos recursos y enfocarse en establecer reglas claras para su ejecución, fiscalización y priorización de proyectos de impacto comunitario.

Según Camipe, los fondos deberían destinarse a áreas como infraestructura vial, agua potable, saneamiento, salud, educación, capacitación técnica y desarrollo productivo local, con el objetivo de que la actividad minera tenga un impacto tangible en la calidad de vida de las comunidades.

"El 5 % ya existe como principio de compensación territorial. Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades", afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe.

Impacto económico y social del sector minero

La propuesta plantea la creación de un modelo basado en planificación municipal, participación comunitaria, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana, con el fin de evitar que los recursos sean absorbidos por gastos corrientes o decisiones discrecionales.

Camipe señaló que el sector minero representa actualmente más del 50 % de las exportaciones nacionales y aporta más de 45,000 millones de pesos anuales en ingresos fiscales. Sin embargo, sostiene que el crecimiento económico del sector debe reflejarse también en mejoras concretas para los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.

Entre las prioridades planteadas figuran proyectos de agua potable y saneamiento, rehabilitación de caminos vecinales y carreteras secundarias, fortalecimiento de centros educativos y de salud, así como iniciativas ambientales relacionadas con reforestación, manejo de cuencas y remediación territorial. 

La organización también considera que la actualización de la legislación minera, vigente desde 1971, permitiría alinear el sector con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Meta RD 2036, orientados al crecimiento económico sostenible y la reducción de brechas territoriales.

Sobre el tema, Roberto Despradel, CEO de Despradel & Asociados, indicó que la inversión extranjera vinculada al sector minero superó los 260 millones de dólares el año pasado, según datos del Banco Central, y señaló que un marco jurídico actualizado contribuiría a fortalecer la confianza y la sostenibilidad de las inversiones.

• Camipe reiteró que la reforma legal debe concebirse como una herramienta para fortalecer la institucionalidad, mejorar la gestión de los recursos naturales y promover beneficios sostenibles para las comunidades y el país.