ONG exige la anulación de sentencias en Venezuela y el cierre de casos de presos políticos

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió que se anulen las sentencias y se cierren los casos judiciales de los presos políticos en Venezuela, según una nota de prensa difundida este martes.

Espacio Público hizo esta y otras recomendaciones a través de un documento que aseguró haber entregado el lunes al Parlamento, en el marco de una ley de amnistía que se prevé apruebe el Legislativo esta semana y que beneficiaría a casos de presos políticos.

En este sentido, la ONG defendió que "la inmensa mayoría de los presos y perseguidos políticos no han cometido delito alguno, sino que han ejercido sus derechos, por lo que deben ser liberados y sus casos cerrados".

Críticas y preocupaciones sobre el proyecto de ley

Para la ONG, este proyecto "presenta omisiones graves que podrían comprometer el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica en Venezuela".

Además, dijo que la ley busca prevenir que los hechos se repitan, pero "mantiene intacto el entorno legal represivo al no derogar ni reformar las leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión y que son contrarias a la Constitución".

Espacio Público mencionó que el artículo 11 del proyecto "obliga a los organismos administrativos y militares a 'eliminar de sus archivos los registros y antecedentes' de los beneficiados", pero recomendó preservarlos.

• "Si bien es necesario dejar sin efectos jurídicos los registros y antecedentes penales, su protección y preservación contribuyen con la memoria histórica", argumentó.

La organización propuso otorgar amnistía "a todas aquellas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente", así como "evitar represalias, amenazas, estigmatización y hostigamiento hacia personas, colectivos, movimientos, partidos y organizaciones que participen en las diferentes fases del proceso de consulta y discusión del proyecto".

La ley de amnistía fue impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y se encuentra en su fase de proyecto. Fue aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.