El vicepresidente de El Salvador defiende el estado de excepción porque el pueblo lo avala

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este martes la necesidad de mantener el estado de excepción en el país, a pesar de las críticas de violaciones de derechos humanos cometidos bajo su paraguas y de que lleva casi cuatro años vigente, porque el "96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe".

Ulloa aseguró, en una conferencia en Madrid, que "no hay ninguna libertad pública que se haya afectado" bajo el régimen de excepción y alegó que está "totalmente de acuerdo con que las medidas excepcionales deben ser excepcionales, no deben ser permanentes".

No obstante, subrayó su necesidad de continuidad, a pesar de que organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han pedido que se levante.

Medida temporal

El régimen de excepción fue aprobado, a instancias del presidente, Nayib Bukele, por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, en una medida que se suponía que era temporal por 30 días, pero que ha sido renovada mensualmente y con la que se han enviado a 91,000 personas a prisión, según cifras citadas por el vicepresidente.

"¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?", dijo en la conferencia organizada por la World Law Foundation, citando una encuesta reciente que supuestamente avala que el 96 % de los salvadoreños quieren que continúe vigente.

El vicepresidente defendió "el milagro de la seguridad" logrado por el gobierno de Bukele, a pesar de los "errores" cometidos: "No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados", dijo resaltando que ya hay 8,000 personas liberadas.

Y justificó que "absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas" implementadas "en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal": "No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal", sostuvo.

La CIDH ha recogido 7,000 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos de organizaciones en El Salvador que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado y violaciones múltiples en el acceso a la justicia, entre otros.

Ulloa aseguró que los organismos que critican las medidas reciben los reportes de organizaciones sin comprobarlos sobre el terreno y que hacen las denuncias para "recibir fondos", y negó que las denuncias sean verdad.

También avaló las políticas estadounidenses contra la migración, asegurando que todo estado es soberano para legislar y negando cualquier reporte de torturas o malos tratos a migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador.