La trampa de la deuda climática para los países pobres: pagar más por contaminar menos

Los países en desarrollo pagan tipos de interés más elevados, hasta el doble que las economías avanzadas, para financiar sus políticas contra el cambio climático, una desigualdad que dificulta una transición energética justa y que puede llevarlos a una espiral de endeudamiento.

Esta es la advertencia que hace a EFE el director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), el alemán Gerd Müller, antes de la cumbre climática de la ONU (COP31), que comienza el lunes en la ciudad turca de Antalya.

"Los países que menos han contribuido al cambio climático pagan el precio más alto para frenarlo, incluso cuando tienen las condiciones ideales para una transición verde que beneficiaría al planeta", denuncia Müller.

El responsable de esta agencia de la ONU, con sede en Viena, recuerda que 3,400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses de la deuda que en sanidad o educación, mientras que los países del Sur Global destinan, en conjunto, unos 1,000 millones de dólares diarios para sufragar su endeudamiento.

"Esto es inaceptable", afirma Müller, quien reclama una reforma del sistema de financiación climática, en el que dos tercios de los fondos públicos internacionales se conceden mediante préstamos que agravan los números rojos de países con presupuestos ya escasos.

Müller advierte de que no todas las inversiones climáticas generan ingresos suficientes para devolver esos créditos, y pone como ejemplo las infraestructuras destinadas a proteger a la población frente a catástrofes naturales.

"Un parque eólico vende electricidad, así que puede acabar devolviendo un préstamo. Un sistema de alerta temprana ante desastres climáticos no puede. No genera ingresos, pero salva vidas", explica.

El director general de Onudi recuerda el derrumbe de un glaciar en el Himalaya que provocó en agosto una inundación en Nepal en la que murieron más de mil personas.

Con ese ejemplo en mente, señala que las medidas de adaptación y protección frente a los fenómenos extremos deben financiarse con subvenciones, en lugar de con nuevos créditos que los países más pobres no pueden asumir.

África paga más

La desigualdad se manifiesta en el coste de los préstamos destinados a desarrollar energías limpias.

Müller pone como ejemplo la construcción de una planta solar, cuya financiación cuesta entre un 5 % y un 6 % anual en Europa, frente al 9 % en países africanos como Kenia o Senegal, y hasta el 11 % en otros países en desarrollo.

"África tiene más sol, pero paga mucho más por el capital", lamenta el exministro alemán de Cooperación al Desarrollo (2013-2021).

"No puede haber una transición energética mundial justa con estos costes de financiación", añade.

El director de ONUDI recuerda que África recibe apenas el 3 % de las inversiones mundiales en energías renovables, pese a su enorme potencial para la energía solar y eólica.

Müller pone en duda que la falta de dinero sea un obstáculo. "El dinero está ahí", asegura. "No se trata de si hay dinero. Es una cuestión de voluntad política", insiste.

Suspender la deuda tras catástrofes

Para romper este círculo, Müller defiende combinar la condonación de deudas impagables, los canjes de deuda por inversiones climáticas y las suspensiones temporales del pago de la deuda cuando un país sufre una catástrofe natural.

El responsable de Onudi recuerda que las islas del Caribe Granada y San Vicente y las Granadinas pudieron recurrir a cláusulas de suspensión de pagos tras el paso del huracán Beryl en 2024, lo que les permitió destinar recursos a la reconstrucción.

"Después de un huracán, los recursos deben destinarse a reconstruir viviendas, fábricas y empleos para que la gente pueda ganarse la vida, no a los acreedores", argumenta.

También reclama que los bancos multilaterales de desarrollo asuman mayores riesgos, amplíen las garantías y faciliten créditos en monedas locales para atraer inversiones a los países más necesitados.

Según Müller, por cada dólar aportado por los bancos de desarrollo a proyectos climáticos en países en desarrollo, se movilizaron apenas 35 centavos de inversión privada.

La prueba de Antalya

La próxima COP31 tendrá entre sus principales desafíos avanzar en el compromiso alcanzado en la COP29 de Bakú, donde los Estados acordaron elevar a 300,000 millones de dólares anuales para 2035 la financiación climática destinada a los países en desarrollo.

Müller considera que el objetivo de 300,000 millones representa un avance, pero resulta insuficiente para responder a las necesidades de los países más vulnerables.

"Incluso si se cumple íntegramente, cubrirá menos de un tercio de lo que los países en desarrollo necesitan cada año", advierte.

"Antalya debe ofrecer algo más que declaraciones. Necesitamos un plan claro: quién paga cuánto y para cuándo", exige el responsable de Onudi.

Müller considera fundamental destinar esos recursos a proyectos que impulsen el desarrollo económico y reduzcan las emisiones, como fábricas que funcionen con energías limpias, redes eléctricas y empleos verdes.