El equilibrio del presidente

Luis Abinader tiene algo que no siempre acompaña a un presidente en la segunda mitad de su mandato: números de aprobación capaces de convertirse en autoridad política. Esa fortaleza le ha permitido imponerse sobre su gabinete, marcarle el paso a su partido y, cuando ha sido necesario, pasar por encima de sus resistencias. Que ahora haya decidido liderar directamente al PRM no debería sorprender a nadie.

Abinader quiere arbitrar la sucesión. Busca evitar que la competencia interna fracture al oficialismo y pretende poner el peso de su popularidad, junto con el control partidario, al servicio de una tercera victoria consecutiva del PRM. La intención tiene lógica. Los partidos en el poder rara vez administran con elegancia una sucesión, sobre todo cuando varios aspirantes creen representar la continuidad y ninguno acepta ser tratado como actor secundario.

Que el presidente pueda conseguirlo está por verse. La aprobación ayuda, pero no se hereda automáticamente ni puede transferirse como si fuera un pago bancario. Mucho dependerá del candidato, de la unidad interna y, especialmente, de cómo llegue el Gobierno al tramo decisivo.

Ahí comienza el verdadero desafío. Al asumir el mando partidario, Abinader también eleva el nivel de exigencia sobre su gestión. Cualquier demora, tropiezo o deterioro será atribuido —con razón o sin ella— al tiempo dedicado a organizar la sucesión. La oposición dirá que el partido distrae al presidente; la sociedad comenzará a preguntarse si las urgencias electorales están desplazando las urgencias nacionales.

Ese riesgo crecerá conforme la campaña ocupe toda conversación pública. Hasta ahora, su reto consistía en conservar el equilibrio dentro del PRM. Desde este momento tendrá que sostener otro más delicado: conducir a su partido sin dejar de gobernar para todos. Si confunde ambos papeles, puede debilitar precisamente aquello que hoy le permite ejercerlos con autoridad.