No hace falta hablar chino

¿Quién ha hablado de expulsar del país a los comerciantes chinos? Si alguien lo dijo en mandarín, no lo entendí. En español, la demanda es sencilla: que se les apliquen, sin descuentos ni reverencias, las mismas reglas que gobiernan el comercio dominicano.

Trabajo debería comprobar, con atención redoblada, si se respeta la norma laboral. Circulan denuncias de jornadas abusivas, salarios liliputienses y empleados que apenas hablan español, indicios que obligan a investigar, no licencias para prejuzgar. La nacionalidad ni condena ni inmuniza.

Industria y Comercio acaba de anunciar la incautación de montañas de mercancías prohibidas. El respeto a las marcas no es una ocurrencia patriótica: forma parte de nuestras leyes. Tantas interrogantes tributarias y aduanales empiezan a recordar aquella frase: aquí hay algo que no huele precisamente a incienso.

También asombra la velocidad casi marcial con que se levantan megacentros comerciales. Conviene saber si cuentan con permisos de construcción, uso de suelo y autorizaciones ambientales. No por sospecha étnica, sino porque al empresario dominicano suelen ponerle el trámite en China. Un peregrinaje de regulaciones, ventanillas y funcionarios que descubren una coma rebelde justo antes de aprobarle cualquier cosa.

La igualdad ante la ley no es xenofobia. Xenofobia sería perseguir a alguien por su origen; fiscalizarlo como a todos es apenas institucionalidad. Por eso cabe preguntar, sin necesidad de intérprete, si las facturas fiscales y las registradoras autorizadas por la DGII abundan con la misma exuberancia que esos precios milagrosos, a veces imposibles para la competencia formal.

Nadie pide cerrar puertas ni expulsar comerciantes. Se pide abrir libros, revisar nóminas, verificar permisos y cobrar impuestos. En este país, cumplir la ley no debería ser cuestión de acento, pasaporte ni caligrafía. Para entender esas pequeñas cosas no hace falta hablar chino; basta con que las autoridades dejen de hacerse las suecas.