SENASA: una alerta de Estado y una oportunidad de reforma

El caso SENASA ha sacudido la conversación pública con una mezcla comprensible de indignación, preocupación y desconfianza. Frente a situaciones de esta naturaleza, la tentación suele ser inmediata: buscar culpables, emitir juicios anticipados o reducir el debate a un pulso político. Sin embargo, sin minimizar la gravedad de los hechos ni adelantar responsabilidades individuales, lo ocurrido debe asumirse, ante todo, como una alerta de Estado. No para justificar conductas ni diluir consecuencias, sino para mirar hacia adelante y fortalecer el sistema, aprovechando la crisis como una oportunidad para acelerar las reformas que la propia ley ya ordenó.

La prevención no es desconfianza. Es responsabilidad institucional. Y lo es, especialmente, cuando se trata de un asegurador público de impacto masivo, del que dependen millones de afiliados y la sostenibilidad misma del sistema de salud. Un Estado que espera a que los problemas estallen para reaccionar llega siempre tarde; uno que aprende a anticiparse protege mejor los derechos y la confianza pública.

La Ley 87-01 de Seguridad Social no solo creó el sistema dominicano de seguridad social. También diseñó, con claridad, mecanismos de prevención y control destinados a reducir riesgos, limitar discrecionalidades y fortalecer la supervisión. Entre ellos se encuentran el Expediente Único del Afiliado, la interoperabilidad efectiva entre los actores del sistema, la trazabilidad de procesos y decisiones, y una gestión preventiva del riesgo basada en datos y evidencia. No se trata de innovaciones ajenas al marco legal, sino de mandatos pendientes de plena implementación.

En una institución como SENASA, estas herramientas no son opcionales ni accesorios técnicos. Forman parte del deber constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud y de administrar con integridad los recursos públicos que pertenecen a toda la sociedad. Cuando estos mecanismos no operan plenamente, el Estado pierde capacidad de anticipación y la respuesta termina siendo judicial y mediática, casi siempre la vía más costosa para la confianza ciudadana.

Cumplir la ley, en cambio, produce el efecto contrario: reduce discrecionalidades, fortalece la supervisión, ordena la gestión y protege simultáneamente derechos, recursos y legitimidad institucional. Prevenir es gobernar con evidencia; corregir a tiempo es gobernar con responsabilidad. Esa es una lección que el caso SENASA deja con claridad para todo el sistema, más allá de los nombres y de la coyuntura.

Ahora bien, mirar hacia el futuro no significa renunciar a las consecuencias. Todo lo contrario. En estricto apego al debido proceso y a las garantías constitucionales, debe existir un régimen de consecuencias conforme a la Constitución: firme, proporcional y ejemplar. No como reacción emocional ni como populismo punitivo, sino como afirmación del Estado de derecho. La Constitución no ampara la impunidad, pero tampoco el atropello; exige responsabilidades individualizadas, sanciones justas y reglas claras que eduquen al sistema y fortalezcan la confianza ciudadana.

Corregir a tiempo, sancionar con justicia y cumplir la ley no es una consigna retórica. Es la base mínima de un Estado que funciona, que se hace respetar y que protege a la gente sin perder legitimidad. Si el país logra extraer esa lección del caso SENASA, la crisis habrá servido, al menos, para algo más que la indignación pasajera: habrá servido para fortalecer las instituciones y mirar el futuro con mayor seriedad.