El dorado caribeño: cuando el oro redefine nuestro destino económico

Mientras el mundo observa con inquietud cómo se fragmenta el viejo orden monetario, bajo el suelo dominicano late una riqueza que ha vuelto a capturar la atención de los mercados globales. El oro —ese metal que durante milenios ha seducido a imperios y financiado revoluciones— cotiza en enero de 2026 a 5,117.81 dólares por onza troy, consolidando un ciclo alcista que no se veía desde 1979.

No es un dato más en la sección financiera: es la confirmación de que la República Dominicana posee, en Cotuí, en Pueblo Viejo, uno de los activos estratégicos más valiosos del hemisferio occidental en el momento preciso de la historia.

La geografía del refugio

Hay momentos en los que la geopolítica convierte ciertos recursos en activos de supervivencia civilizatoria. Cuando los bancos centrales pierden credibilidad, cuando los aranceles se utilizan como armas económicas y cuando la captura de figuras políticas desestabiliza mercados enteros, el oro resurge como el último refugio de valor.

Bank of America proyecta que el metal alcanzará los 6,000 dólares por onza en los próximos meses; UBS eleva su pronóstico a 6,200 dólares. Estas no son especulaciones de analistas entusiastas: son reconocimientos de que el sistema financiero global atraviesa una crisis de confianza estructural.

Y en medio de esta tormenta, la República Dominicana tiene la fortuna —o la responsabilidad— de poseer Pueblo Viejo, una mina clasificada como "Tier One": reservas probadas para más de una década, producción superior a las 500,000 onzas anuales y costos operativos en el cuartil inferior de la industria.

Barrick ha decidido integrar esta operación en "NewCo", la nueva estructura corporativa que agrupará únicamente a los activos de élite mundial. Eso nos coloca en el mapa de los inversionistas institucionales globales, no como un país exportador de materias primas cualquiera, sino como custodios de un activo estratégico de primera línea.

El peso del metal en nuestra economía

Las cifras tienen la frialdad de lo irrefutable. Al cierre de 2025, el oro representó el 31 % de las exportaciones dominicanas, una proporción que supera con creces el aporte de cualquier otro sector productivo. En términos concretos: 500 millones de dólares en ingresos directos al Estado solo en el último ejercicio fiscal, una cifra tres veces superior a las proyecciones originales. Y esto no incluye los 161 millones de dólares en dividendos directos que el Estado dominicano percibió por su Participación de Utilidades Netas (PUN).

Pero aquí emerge una pregunta que debería inquietar a nuestros estrategas económicos: ¿estamos gestionando esta bonanza como una oportunidad generacional o como un ingreso corriente más? Porque el oro no es renovable, y cada onza extraída hoy es una onza que no estará disponible mañana. La verdadera medida de nuestra madurez como nación no será cuánto recaudamos en 2026, sino qué construimos con esos recursos que sobreviva al inevitable agotamiento del yacimiento.

La progresividad fiscal como pacto social

El Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) representa, en su diseño, una sofisticación jurídica poco común en América Latina. Su estructura fiscal progresiva —regalías, impuesto sobre la renta y participación en utilidades netas— garantiza que, a mayor precio del oro, mayor sea la captura de renta por parte del Estado. Es decir, el marco legal dominicano está diseñado para beneficiarse exponencialmente de ciclos alcistas como el actual.

Sin embargo, existe un riesgo técnico que no puede ignorarse. Mark Bristow, el pasado CEO de Barrick, ha advertido sobre el "high-grading": si las cargas fiscales se vuelven excesivas sin considerar la inflación de costos, las empresas extraen únicamente el mineral más rico, dejando recursos económicamente viables bajo tierra. Esto no es una amenaza; es una realidad operativa. Un régimen fiscal irracional puede reducir drásticamente la vida útil de la mina, convirtiendo una bendición geológica en una extracción precipitada y miope.

El legado que debemos construir

La historia ya nos dejó una lección que tendemos a olvidar. Hace exactamente 44 años, Cotuí vio nacer la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), la única que gradúa geólogos en el país, financiada con recursos provenientes del mismo yacimiento de Pueblo Viejo.

Aquella decisión —tomada con visión de futuro en un momento de bonanza mineral— ha entregado más de 25,000 profesionales al país, y hoy alberga en sus aulas más de 8,000 estudiantes que construyen el tejido intelectual de una región. Eso es exactamente lo que significa convertir el oro extraído del subsuelo en capital humano permanente.

Ese precedente no es solo historia: es un mandato. Y el momento actual, con precios récord y excedentes fiscales extraordinarios, exige replicar aquella audacia fundacional con la misma determinación.

Uteco tiene en carpeta un proyecto que la altura del momento demanda: el Observatorio de Calidad de Agua de la Presa de Hatillo, con sus afluentes y efluentes, una iniciativa científica de alcance regional que monitorizaría en tiempo real los recursos hídricos que bordean los yacimientos minerales del Cibao Sur. Para operar ese observatorio, la universidad requiere un laboratorio especializado cuya inversión resulta modesta frente a las riquezas que fluyen de Pueblo Viejo.

No es una coincidencia que la presa de Hatillo haya registrado recientemente episodios de coloración anómala de sus aguas que dejaron sin respuesta técnica inmediata a las autoridades competentes. La ausencia de un laboratorio de análisis hídrico certificado no es un detalle administrativo: es una vulnerabilidad científica inaceptable para un territorio que convive con operaciones mineras a gran escala.

El observatorio hídrico de Uteco puede ser el equivalente dominicano del legado tanzano de Buzwagi: una institución científica que sobrevivirá a la última onza extraída y protegerá el recurso más valioso de todos, el agua.

Una deuda compartida, un compromiso impostergable

Llegados a este punto, la reflexión debe ceder espacio a la exigencia concreta. El Laboratorio de Calidad de Agua de Uteco no puede seguir siendo un proyecto en carpeta: debe convertirse, con urgencia institucional, en una realidad operativa. Y su financiamiento no admite ambigüedades ni dilaciones.

La fórmula es tan justa como necesaria: un esquema de coinversión 50/50 entre Barrick Pueblo Viejo y el Estado dominicano, que cubra en su totalidad la infraestructura requerida para operar con rigor científico. Esto significa edificaciones diseñadas con los estándares técnicos que exige un laboratorio de análisis hídrico certificado, equipamiento analítico y tecnológico de última generación, vehículos para el monitoreo de campo en los afluentes y efluentes de la presa de Hatillo y sus cuencas asociadas, y materiales gastables suficientes para garantizar operaciones continuas durante los primeros años de funcionamiento.

La participación del Estado en este esquema no es discrecional ni graciosa: es constitucionalmente legítima y fiscalmente genuina. Uteco no es una institución privada que solicita subsidios; es una universidad estatal de la República Dominicana, oficializada mediante ley del Congreso Nacional, lo que convierte toda inversión del erario público en sus instalaciones y proyectos científicos en un acto soberano de política educativa e investigativa.

Invertir fondos públicos en el laboratorio hídrico de Uteco es, en términos jurídicos y morales, tan legítimo como construir una carretera o equipar un hospital: es el Estado cumpliendo su mandato constitucional de proteger el ambiente, garantizar la educación y velar por la salud pública de sus ciudadanos.

Barrick, por su parte, no estaría haciendo una concesión: estaría honrando una deuda ecológica y social con el territorio que sustenta su operación. Que sean los recursos del oro los que financien la vigilancia del agua no es una ironía del destino: es la lógica más elevada de la justicia ambiental y del desarrollo territorial responsable.

El superciclo del oro en 2026 nos enfrenta a una verdad que no admite evasión: la riqueza mineral no garantiza desarrollo; solo ofrece una oportunidad que puede ser desperdiciada. Hace 44 años, Cotuí tuvo la sabiduría de convertir el oro en universidad. Hoy, ese mismo espíritu fundacional nos convoca a convertirlo en ciencia, en vigilancia ambiental, en soberanía hídrica.

Porque el oro que extraemos hoy no es nuestro: es un préstamo que tomamos de las generaciones futuras. Y la única forma honesta de pagar esa deuda es asegurando que, cuando la última onza salga de Pueblo Viejo, el agua de Hatillo tenga quien la cuide, quien la analice y quien la defienda. Ese laboratorio es, en su esencia más profunda, el espejo de lo que somos capaces de ser como nación cuando elegimos construir en lugar de simplemente extraer.