Crónica de una invalidez anunciada

El costo humano de la intervención tardía

La crisis de salud ocupacional en la República Dominicana no se manifiesta en estruendos, sino en el silencio de los pasillos de hospitales y en el deterioro progresivo de una clase trabajadora que entrega su vitalidad a cambio de un salario, sin la debida protección estatal. La prevención oportuna es el eje estratégico que debería sostener el sistema de seguridad social; sin embargo, el fallo institucional del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) está condenando a miles de empleados a padecer enfermedades crónicas que solo se vuelven visibles cuando el daño biológico es irreversible.

Existe una desconexión alarmante entre la retórica de supervisión del Estado y la realidad de los riesgos no controlados en los centros de trabajo, donde la falta de una intervención técnica real permite que peligros latentes se conviertan en sentencias de invalidez. Esta deficiencia no representa únicamente un fallo administrativo; es un vacío estadístico que borra de facto la historia clínica del trabajador, dejando al afiliado sin el rastro documental necesario para reclamar sus derechos. El sacrificio laboral del dominicano se pierde en la burocracia, convirtiendo el derecho a la salud en una quimera legal.

La ceguera estadística: un análisis de los diagnósticos ínfimos (2008-2024)

Las estadísticas son la brújula de la salud pública; sin datos veraces, el Estado navega a ciegas, impidiendo la creación de políticas de mitigación efectivas. En la República Dominicana, la disparidad entre los riesgos industriales conocidos y los casos registrados por el Idoppril sugiere un subregistro masivo que funciona como un mecanismo de exclusión sistémica.

Al evaluar el documento "Estadísticas de Enfermedades Profesionales (2008-2024)", tomado del portal de datos abiertos de Idoppril, el panorama es inverosímil:

Prevalencia de "cero" en categorías críticas: Durante décadas, categorías de alto impacto como la Asbestosis, la Silicosis y el Saturnismo (intoxicación por plomo) reportan sistemáticamente 0 o 1 caso. Resulta estadísticamente imposible que, en un país con industria extractiva y manejo de metales, el saturnismo haya mantenido cero casos entre 2010 y 2014, o que la asbestosis no figure en los registros de una industria de construcción en expansión.

El espejismo de los riesgos biológicos (2021-2022): Los datos revelan un pico de 494 diagnósticos en 2021 y 462 en 2022. Este aumento, condicionado exclusivamente por el COVID-19, evidencia que el sistema solo detecta lo obvio y lo inmediato, mientras ignora patologías degenerativas a largo plazo, como sorderas profesionales o afecciones pulmonares químicas, que vuelven a registros marginales tras la pandemia.

La prueba del sesgo institucional: El dato más revelador proviene de la propia gestión institucional de 2024: de los casos reinvestigados, el 52 % fue recalificado a favor del afiliado. Esto confirma que la barrera inicial para reconocer una enfermedad es desproporcionadamente alta y que la "ceguera" inicial es un filtro de contención de gastos, no una realidad epidemiológica.

El vacío documental: el riesgo de trabajar sin huella ni control

La protección del trabajador comienza con el registro riguroso de su exposición (una evaluación de riesgos), tal como exigen el Reglamento 522-06 y la Ley 397-19. Sin embargo, la realidad operativa es un "vaciado documental" que anula el nexo causal. Si no existen registros de higiene ni controles de ingeniería, el Idoppril simplemente declara la inexistencia del riesgo, condenando al trabajador a la "causalidad perdida". Entre los incumplimientos más críticos destacan tres:

Primero, la inexistencia de evaluaciones de riesgo iniciales: se incumple sistemáticamente con el análisis cualitativo y cuantitativo antes de que el trabajador se exponga a procesos peligrosos. Segundo, la ausencia de exámenes médicos periódicos y de egreso, lo que impide detectar patologías en etapas tempranas y, sin constancia legal del deterioro sufrido, libera al empleador de toda responsabilidad. Tercero, la falta de monitoreo de factores de riesgo: sin evidencia técnica de los agentes químicos o físicos presentes en el entorno laboral, ninguna dolencia puede ser calificada como enfermedad profesional.

Evaluación de la pertinencia institucional: ¿prevención real o gestión de protocolos?

Existe una diferencia abismal entre las "actividades de instrucción" y una "supervisión coercitiva". Mientras la administración anterior de Fausto López Solís se jactaba de instruir a 1,427 trabajadores en 43 empresas durante los primeros meses de 2024, la magnitud del mercado laboral dominicano hace que esta cifra sea irrelevante. Bajo la nueva dirección del doctor Agustín Burgos Tejada, la tendencia parece inclinarse hacia la "institucionalidad del evento".

El reciente Segundo Congreso Provincial en San Pedro de Macorís, con la participación de más de 200 empresas, y el convenio con el Ayuntamiento de San Cristóbal bajo el programa "Organización Saludable", son ejemplos de un enfoque necesario pero insuficiente. Estos acuerdos y charlas sobre beneficios no bastan para obligar a las empresas a implementar controles técnicos de peso.

"La gestión actual corre el riesgo de priorizar la foto y el protocolo por encima de la fiscalización. Instruir a empresas en un congreso no sustituye la inspección técnica en el terreno. El IDOPPRIL parece más cómodo organizando eventos corporativos que ejerciendo la autoridad de vigilancia epidemiológica que la ley le otorga para proteger al individuo frente al riesgo industrial."

Un paso esperanzador: la alianza Sodoprela-idoppril

En medio de este panorama, emerge un desarrollo que merece atención especial. La Sociedad Dominicana de Profesionales en Riesgos Laborales (Sodoprela), bajo la presidencia del Dr. Francis Faña, médico ocupacional e higienista industrial de prestigio, sostuvo muy recientemente una reunión altamente productiva con el doctor Agustín Burgos, director del Idoppril. En ese encuentro se presentó formalmente una Carta de Entendimiento, primer paso concreto hacia una alianza estratégica que podría transformar la forma en que el Estado aborda la prevención de riesgos laborales.

La propuesta de Sodoprela no es retórica: la sociedad cuenta con miembros profesionales en todo el territorio nacional, lo que le permite ofrecer al Idoppril una red de técnicos calificados en seguridad y salud ocupacional con presencia real en los centros de trabajo. Las oportunidades de sinergia son evidentes: Sodoprela como órgano técnico, e IDOPPRIL como principal entidad estatal, podrían conjugar capacidades para llevar la prevención a las empresas con un rigor que hoy no existe.

Esta alianza abre la puerta a lo que el sistema necesita con urgencia: que sea el conocimiento técnico especializado —y no la afinidad política— quien ocupe los espacios de inspección y vigilancia epidemiológica. Que los inspectores del Idoppril sean profesionales formados en seguridad y salud ocupacional, capaces de medir riesgos químicos y físicos con instrumentación adecuada, y no figuras designadas por conveniencias ajenas a la misión institucional. Sodoprela puede y debe ser ese proveedor de talento técnico cualificado. La Carta de Entendimiento, actualmente en revisión por el IDOPPRIL, es el instrumento formal que podría dar vida a ese propósito.

La necesidad de una supervisión con dientes

El actual modelo preventivo en la República Dominicana es un sistema diseñado para gestionar consecuencias, no para mitigar causas. El fracaso preventivo del Idoppril es evidente en sus propias estadísticas vacías y en ese alarmante 52% de casos que solo se reconocen bajo presión de una reinvestigación. Es hora de que el Estado pase de la "asesoría" y el "acompañamiento" a una supervisión real y coercitiva.

La alianza con Sodoprela representa la oportunidad de fortalecer la capacidad técnica del Idoppril con profesionales que conocen el terreno, que hablan el lenguaje de los riesgos y que tienen presencia nacional. Esa sinergia debe traducirse en más inspectores reales, más monitoreo en campo y más registros documentales que protejan al trabajador. La fiscalización debe, finalmente, mostrar los dientes —y para hacerlo, necesita los técnicos adecuados.

Cada año de inacción institucional se traduce en una generación de trabajadores que envejecerán con pulmones marcados por el polvo y oídos ensordecidos por el ruido, sin evidencia legal de su sacrificio. La deuda del Idoppril no se salda con talleres de "Organización Saludable" ni con “Congresos regionales”; se paga garantizando que el trabajo no sea una condena a la invalidez.