El poder como botín: una vieja advertencia que la política dominicana no debería ignorar

“Servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.”

La frase fue escrita hace más de dos mil años por el pensador romano Marco Tulio Cicerón. Sin embargo, parece dirigida a muchas de las realidades que todavía enfrentan las democracias modernas, incluida la República Dominicana.

La política, en su esencia, es un servicio público. Un cargo en el Estado no es una herencia familiar, ni una inversión para recuperar con intereses, ni una oportunidad para acumular riqueza personal. Es, en teoría, una responsabilidad confiada por los ciudadanos para administrar recursos que pertenecen a todos.

Pero la experiencia dominicana —como la de muchos países de América Latina— muestra que esa idea suele distorsionarse peligrosamente.

Durante décadas, el país ha presenciado una relación ambigua entre poder y riqueza. Funcionarios que entran a la administración pública con un patrimonio modesto y salen convertidos en prósperos empresarios. Contratos estatales que terminan beneficiando a círculos cercanos al poder. Instituciones públicas utilizadas como plataformas de influencia económica o política.

En ese contexto, la advertencia de Cicerón adquiere una vigencia inquietante.

La corrupción no es simplemente un problema administrativo ni una irregularidad técnica. Es un problema moral y político que golpea el corazón mismo de la democracia. Cuando un funcionario se enriquece utilizando su posición pública, no solo comete un delito contra el erario: rompe el pacto básico entre el Estado y la sociedad.

Ese pacto se basa en la confianza.

Los ciudadanos pagan impuestos, obedecen las leyes y delegan poder en sus gobernantes bajo la premisa de que ese poder será utilizado para el bien común. Cuando esa confianza se traiciona, el daño es profundo: se debilita la credibilidad de las instituciones y se alimenta el cinismo social hacia la política.

Por eso la corrupción no destruye a los Estados de manera inmediata. Los erosiona lentamente. Los vacía por dentro.

En la República Dominicana se han producido avances importantes en materia de transparencia y persecución de la corrupción. Investigaciones judiciales contra exfuncionarios, mayor vigilancia de la opinión pública y una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos han marcado un cambio en el debate nacional.

Sin embargo, el problema no se resuelve únicamente con procesos judiciales.

La verdadera batalla contra la corrupción es cultural y política. Implica construir una ética pública donde el ejercicio del poder esté inseparablemente ligado a la responsabilidad, la rendición de cuentas y la integridad personal.

En otras palabras: que la política deje de ser vista como un camino hacia el enriquecimiento.

Ese es el punto central de la advertencia de Cicerón. Para él, el funcionario que usa el Estado para su beneficio personal no es simplemente un mal administrador. Es alguien que degrada la república misma.

La historia demuestra que las democracias no se derrumban solamente por golpes de Estado o crisis económicas. También se deterioran cuando el poder se convierte en un botín y la función pública pierde su sentido de servicio.

La República Dominicana enfrenta hoy el desafío de demostrar que su sistema político es capaz de romper definitivamente con esa lógica.

Porque cuando el cargo público se convierte en negocio, el Estado deja de ser una institución al servicio de la sociedad y pasa a ser una herramienta de enriquecimiento para unos pocos.

Y en ese momento —como advertía el viejo romano hace siglos— la república comienza a corromperse desde adentro.