La pobreza, el silencio y Abril

La última frase quedó suspendida como una escena doméstica cualquiera. “Mami, voy para allá”. Horas después, Abril de Jesús Puello, de 16 años, apareció muerta en una finca de Verón-Punta Cana. El principal sospechoso era un hombre de 24 años con quien convivía desde hacía meses.

La tragedia volvió a encender un debate que en República Dominicana suele emerger solo después de un feminicidio o una desaparición: las relaciones entre hombres adultos y adolescentes menores de edad. Detrás de la indignación inmediata existe una realidad más incómoda y menos discutida. En muchos sectores pobres del país, estas relaciones siguen siendo toleradas —e incluso vistas como inevitables— porque funcionan también como mecanismos de supervivencia económica.

Abril había abandonado la casa de sus padres para vivir con el hombre señalado por las autoridades. Según relataron familiares, la adolescente hablaba de “casarse”. Nadie parece haber denunciado formalmente la situación antes del desenlace fatal. La pregunta jurídica es directa: ¿debieron hacerlo?

La Ley 136-03 obliga a padres, tutores y al Estado a proteger a niños, niñas y adolescentes frente a relaciones abusivas o desiguales. Aunque muchas familias interpreten estas uniones como “noviazgos”, el marco legal dominicano considera que una menor carece de plena capacidad para consentir libremente relaciones marcadas por una evidente asimetría de edad, poder y dependencia.

Pero el problema rara vez es solamente legal. En comunidades signadas por pobreza estructural, desempleo y abandono escolar, un hombre adulto suele representar algo más que una pareja: representa estabilidad material. Tiene trabajo, dinero, motocicleta, habitación propia. Puede comprar comida, ropa o ayudar económicamente. Frente a hogares donde apenas alcanza para sobrevivir, la salida de una adolescente puede convertirse, silenciosamente, en un alivio económico. Una boca menos que alimentar.

Ese trasfondo rara vez aparece en los expedientes judiciales. Muchas familias no perciben inicialmente estas relaciones como una amenaza. Las ven como una transición temprana hacia la adultez.

La pobreza, unida a la ignorancia, modifica incluso la percepción cultural de la edad. En numerosos barrios y campos dominicanos, las adolescentes asumen responsabilidades adultas desde muy temprano. Cuidan hermanos menores, trabajan informalmente, cocinan, abandonan la escuela o se convierten en madres antes de los 18 años. En ese contexto, la frontera entre adolescencia y adultez se desdibuja socialmente, aunque jurídicamente siga siendo clara. Ahí reside una de las complejidades del caso Abril.

Mientras el Derecho moderno intenta reforzar la protección de menores y desmontar patrones históricos de abuso normalizado, amplios sectores sociales continúan viendo estas relaciones como parte de la cotidianidad. No necesariamente por maldad, sino porque durante generaciones fueron incorporadas como mecanismos de movilidad, escape o supervivencia.

Sin embargo, el consentimiento emocional no equivale a consentimiento jurídico. Entra en juego la falta de educación y de conciencia frente a un problema serio. Una adolescente puede decir que ama, que decidió irse o que quiere convivir con un adulto. Pero la ley parte de que existen diferencias de madurez emocional, capacidad de manipulación y dependencia económica que impiden una relación verdaderamente equilibrada.

La violencia no siempre comienza con golpes. Muchas veces empieza con control, aislamiento y dependencia. En el caso de Abril, las autoridades investigan un presunto estrangulamiento. Pero alrededor de su muerte aparecen preguntas más amplias y socialmente difíciles: ¿cuántas adolescentes viven hoy en situaciones similares sin que nadie intervenga? ¿Cuántas familias las aceptan resignadamente? ¿Cuántas comunidades las normalizan?

La tragedia obliga también a mirar hacia las instituciones. La responsabilidad no recae únicamente en los padres. Escuelas, autoridades locales, juntas de vecinos, iglesias, destacamentos policiales y organismos de protección suelen conocer estas situaciones mucho antes de que se conviertan en noticia. La mayoría de las veces, el silencio colectivo pesa más que la ley.

Quizá ahí esté la dimensión más dolorosa del caso. Abril no murió solamente dentro de una relación desigual, sino también dentro de una cultura que todavía confunde protección con resignación; y vulnerabilidad, con costumbre.