La oportunidad que la historia no perdonará

Pocas veces un gobierno ha contado con tanto poder para transformar un país como el que tiene hoy la República Dominicana. El partido oficialista dispone de mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, gobierna la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales del país y, además, administra el Estado en la mayor revolución tecnológica de la historia: la inteligencia artificial.

Es justo reconocer que esta gestión inició enfrentando enormes desafíos. La pandemia del COVID-19 paralizó la economía mundial y puso a prueba la capacidad de todos los gobiernos. Posteriormente, las guerras y los conflictos internacionales continuaron generando incertidumbre económica, afectando el comercio, la inversión y el costo de la vida. Gobernar en medio de esas circunstancias no ha sido una tarea sencilla.

Sin embargo, las crisis también crean oportunidades. Y pocas veces una generación política ha tenido una oportunidad tan grande para transformar estructuralmente la República Dominicana.

Durante una visita a Alemania comprendí que el verdadero desarrollo va mucho más allá de la construcción de grandes edificios o modernas autopistas. Alemania es considerada una de las grandes referencias de Europa por la fortaleza de sus instituciones, su planificación urbana, su desarrollo industrial y la calidad de su infraestructura. Lo que más me impresionó no fue únicamente su economía, sino el orden de sus ciudades, la escasa contaminación visual y el soterrado del cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Esa experiencia me hizo comprender que el desarrollo también se construye con planificación, organización y respeto por los espacios públicos.

En Santiago ya existen señales de que ese camino es posible. La intervención realizada en la avenida Benito Monción y los trabajos ejecutados en la calle Del Sol demostraron que el soterrado del cableado puede convertirse en una realidad. Esas iniciativas no deben quedarse como proyectos aislados; deben convertirse en una política pública permanente hasta transformar gradualmente nuestras principales ciudades, haciéndolas más modernas, más seguras, más organizadas y más atractivas para vivir, invertir y hacer turismo.

Pero la verdadera planificación urbana va mucho más allá del soterrado del cableado. Significa que antes de colocar una sola capa de asfalto exista una coordinación efectiva entre todas las instituciones del Estado. Los ayuntamientos y distritos municipales, el Ministerio de Obras Públicas, INAPA, CORAASAN, las empresas distribuidoras de electricidad y las compañías de telecomunicaciones deben trabajar bajo una misma planificación. Primero deben instalarse todas las tuberías, drenajes, registros, ductos y el cableado soterrado; luego debe realizarse el asfaltado de las calles y, finalmente, el embellecimiento urbano con árboles, jardines, iluminación y mobiliario público.

No tiene sentido que una calle recién asfaltada sea rota semanas o meses después para instalar una tubería, reparar una red o colocar un servicio que pudo planificarse previamente. Esa práctica representa un desperdicio de dinero público, materiales y tiempo, además de afectar innecesariamente a los ciudadanos. Cada peso que se desperdicia por falta de coordinación es un peso que deja de invertirse en escuelas, hospitales, seguridad o vivienda.

Los países desarrollados no son aquellos que simplemente construyen más obras, sino los que planifican cada obra como parte de un verdadero proyecto de nación. La coordinación entre las instituciones no es un lujo administrativo; es la diferencia entre invertir con inteligencia o desperdiciar los recursos públicos. Planificar no es gastar más. Planificar es evitar errores, ahorrar dinero y construir pensando en las próximas generaciones.

El verdadero desarrollo no consiste únicamente en construir más obras. Consiste en construir mejores ciudades, ofrecer servicios públicos eficientes, garantizar una educación de excelencia, fortalecer la justicia, impulsar la innovación y crear instituciones en las que los ciudadanos puedan confiar.

Por eso, si el país continúa recurriendo al endeudamiento público, cada préstamo debe convertirse en una inversión inteligente. La deuda que hoy asumimos será pagada por nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos la obligación moral de garantizar que esos recursos se traduzcan en hospitales modernos, escuelas de alta calidad, infraestructura resiliente, ciudades organizadas, sistemas tecnológicos eficientes y obras que perduren durante décadas. Endeudarse para improvisar es hipotecar el futuro; endeudarse para transformar el país es invertir en las próximas generaciones.

Hay otra reflexión que siempre ha llamado mi atención.

Suiza figura entre los países más prósperos y desarrollados del mundo. Su población es relativamente similar a la de la República Dominicana. Sin embargo, no construyó su prosperidad sobre grandes reservas de petróleo, extensos yacimientos de oro ni una salida al mar. Su éxito descansa sobre otros pilares: instituciones sólidas, seguridad jurídica, educación de excelencia, innovación, estabilidad, confianza y una visión de largo plazo.

La pregunta entonces no es qué recursos naturales tiene Suiza.

La verdadera pregunta es qué entendieron ellos sobre el valor del conocimiento, la organización, el trabajo, la calidad institucional y el respeto por la ley que les permitió alcanzar ese nivel de desarrollo.

Las naciones más exitosas del mundo no son necesariamente las que poseen más riquezas naturales. Son aquellas que comprenden que su mayor patrimonio es la calidad de su capital humano y la fortaleza de sus instituciones.

Precisamente por eso, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho. Pero no bastará con promulgar una nueva ley. Lo verdaderamente importante será aplicarla con firmeza, imparcialidad y eficiencia. La seguridad jurídica es uno de los pilares del desarrollo. Los ciudadanos, los empresarios y los inversionistas necesitan confiar en que las leyes se cumplen y que quien comete un delito enfrentará las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

Miles de turistas visitan cada año la República Dominicana porque creen en nuestro país. Esa confianza debe protegerse. Las estafas, los fraudes y los delitos que afectan a nacionales y extranjeros no solo perjudican a las víctimas; también deterioran la imagen internacional del país, afectan el turismo, reducen la confianza de los inversionistas y debilitan la seguridad jurídica.

Fortalecer la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica no es únicamente una obligación del Estado; es una condición indispensable para el desarrollo económico y social.

La inteligencia artificial también representa una oportunidad histórica para modernizar la administración pública, agilizar los servicios del Estado, reducir la burocracia, combatir la corrupción, optimizar la toma de decisiones y aumentar significativamente la productividad. Nunca antes un gobierno había contado con una herramienta tan poderosa para transformar la gestión pública.

Pero la tecnología, por sí sola, no cambiará el país.

La diferencia la marcarán la visión, el liderazgo, la planificación y la voluntad de ejecutar las grandes reformas que la República Dominicana necesita.

Hoy tenemos estabilidad democrática, crecimiento económico, talento humano, ubicación estratégica y una revolución tecnológica sin precedentes. Tenemos, además, un gobierno con una amplia capacidad política para impulsar reformas profundas.

La historia no suele recordar a los gobiernos por las mayorías que tuvieron en el Congreso ni por las crisis que enfrentaron. Los recuerda por las decisiones que tomaron y por el legado que dejaron.

Ojalá que dentro de treinta o cuarenta años podamos mirar hacia atrás y decir que esta fue la generación que decidió construir una República Dominicana más organizada, más educada, más segura, más institucional, más innovadora y más competitiva.

Porque las oportunidades pasan.

El tiempo no espera.

Y hay oportunidades que, sencillamente, la historia no perdona.