Las universidades dominicanas gradúan profesionales, pero ignoran los grandes problemas nacionales
Mientras el país debate sobre criminalidad, violencia, productividad, salud, educación o cambio climático, la investigación universitaria todavía ocupa un espacio secundario en la búsqueda de respuestas. La educación superior está llamada no solo a formar profesionales competentes, sino también a convertirse en una fuente permanente de conocimiento para orientar las decisiones nacionales
Cada año las universidades dominicanas entregan miles de títulos a nuevos médicos, ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, arquitectos y especialistas de distintas áreas.
Ese aporte resulta indispensable para el desarrollo del país, sin embargo, una pregunta merece ocupar un lugar cada vez más importante en el debate público.
¿Está contribuyendo la academia, con la misma intensidad con la que forma profesionales, a comprender y resolver los problemas que limitan nuestro desarrollo?
Las grandes transformaciones de las sociedades no han surgido únicamente desde los gobiernos, buena parte de ellas comenzó en universidades que asumieron la investigación como una responsabilidad permanente.
Allí se estudiaron las causas de la violencia, se diseñaron políticas de salud pública, se desarrollaron tecnologías, se mejoraron sistemas educativos y se construyeron modelos económicos que luego sirvieron de base para las decisiones del Estado.
Esa relación entre universidad y desarrollo explica buena parte del progreso alcanzado por las naciones más avanzadas.
En la República Dominicana esa conexión todavía puede fortalecerse. Cada vez que aumenta la criminalidad, colapsa el tránsito, se deteriora la calidad educativa o aparecen nuevos desafíos sociales, la atención suele concentrarse casi exclusivamente en las instituciones públicas.
Con frecuencia se olvida que las universidades reúnen miles de profesores, investigadores y estudiantes con capacidad para producir evidencia, analizar tendencias y proponer alternativas sustentadas en el conocimiento.
No se trata de sustituir el papel del Estado, se trata de complementarlo. Las mejores políticas públicas nacen cuando las decisiones dejan de depender únicamente de la intuición o de la coyuntura política y comienzan a apoyarse en investigaciones rigurosas.
En ese proceso, la universidad debería ocupar un lugar mucho más visible del que hoy tiene.
El reciente llamado de académicos para que la educación superior participe de manera más activa en la búsqueda de soluciones frente a la violencia y la criminalidad constituye una oportunidad para ampliar esa reflexión.
El desafío no se limita a un solo tema, también alcanza la salud pública, la productividad, el medio ambiente, la innovación tecnológica, el mercado laboral, la movilidad urbana y muchos otros problemas que condicionan la calidad de vida de los dominicanos.
Ese cambio también exige revisar el perfil del profesional que estamos formando. Obtener excelentes calificaciones no basta si el estudiante concluye su carrera sin haber investigado los problemas de su comunidad o sin comprender la realidad económica, institucional y social del país donde ejercerá su profesión.
La universidad no solo debe transmitir conocimientos; también debe despertar la capacidad de formular preguntas, investigar con rigor y transformar ese conocimiento en soluciones útiles para la sociedad.
Al mismo tiempo, ampliar el acceso a la educación superior no puede confundirse con disminuir sus niveles de exigencia.
Democratizar las oportunidades constituye un objetivo legítimo, pero el mérito, la excelencia y la calidad académica siguen siendo condiciones indispensables para que las universidades mantengan su capacidad de producir conocimiento confiable y formar profesionales altamente competentes.
Quizá haya llegado el momento de que cada universidad dominicana asuma uno o dos grandes desafíos nacionales como parte de su misión institucional.
Algunas podrían concentrar sus esfuerzos en seguridad ciudadana, otras en salud pública, productividad, inteligencia artificial, educación, sostenibilidad o desarrollo territorial.
Con el tiempo, esa especialización permitiría construir una red de conocimiento al servicio del país y convertiría a la academia en un aliado permanente de las políticas públicas.
El prestigio de una universidad no debería medirse únicamente por la cantidad de diplomas que entrega cada año.
También debería medirse por las investigaciones que publica, las políticas que ayuda a mejorar, las innovaciones que impulsa y las soluciones que aporta a los problemas que más preocupan a la sociedad.
Cuando la academia asuma plenamente ese papel, dejará de ser solo un espacio donde se forman profesionales para convertirse en uno de los principales motores del desarrollo nacional.