La ciencia dominicana ya se ve; ahora falta que se lea
Fondocyt y la nueva cultura de rendición científica
Hay una manera sencilla de calibrar cuánto ha cambiado la investigación en la República Dominicana: comparar la agenda del Congreso Internacional de Investigación Científica de hace veinte años con la de su vigésima primera edición. El encuentro que convoca el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) reúne hoy a investigadores de más de veinte países en torno a seis conferencias magistrales, siete simposios, diecinueve paneles, cuatro cursos especializados, veintinueve talleres, sesenta y dos carteles científicos y doscientas dieciocho ponencias concurrentes, con la inteligencia artificial como herramienta transversal. La decimonovena edición congregó a más de mil trescientos especialistas. Lo que nació como una vitrina institucional se convirtió en el principal mercado de ideas científicas del país.
Detrás de esa vitrina hay inversión pública sostenida, aunque privilegiando a las universidades de Santo Domingo y Santiago. Desde 2020, el Mescyt ha comprometido RD$2,565 millones en investigación, con 376 proyectos financiados por el Fondocyt entre 2020 y 2024 y setenta proyectos nuevos que esperan ser aprobados por RD$457.2 millones. La Carrera Nacional de Investigadores registra 2,038 científicos activos y el país alcanza unos 185 investigadores por millón de habitantes: cifras modestas frente a los estándares de la OCDE, pero impensables hace dos décadas, cuando investigar en una universidad dominicana era una vocación costeada por el propio docente.
Junto a los congresos ha madurado un circuito menos vistoso, pero más exigente: el de los seminarios. El Seminario de Investigación Científica e Innovación Tecnológica del Fondocyt, que en 2024 llegó a su decimosexta edición, obliga cada año a los equipos financiados a rendir cuentas públicas de sus resultados ante sus pares; es, en los hechos, el control de calidad del gasto público en ciencia. A ello se suman los seminarios permanentes de investigación de las universidades, los de tesis en los posgrados y los metodológicos que preceden a cada convocatoria. Un congreso celebra; un seminario corrige.
El fenómeno más saludable, sin embargo, no ocurre en el ministerio, sino en las instituciones. El Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica va por su novena edición y premia trabajos de grado que antes morían en un anaquel. El Isfodosu sostiene el Congreso Caribeño de Investigación Educativa y su congreso estudiantil, ambos con arbitraje por pares; la UAPA institucionalizó su congreso internacional, y la UASD mantiene jornadas y seminarios por facultad. Desde la región, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental -UTECO- abrió en 2021 su Congreso de Investigación Científico Tecnológica y sostiene un calendario de seminarios de investigación y divulgación que ofrece al Cibao Oriental un espacio arbitrado que hasta entonces solo existía en la capital, acompañado de la edición continua de la Revista Científica El Capacho. Que una universidad pública regional convoque investigación y edite una revista indexada es , por sí mismo, un indicador de madurez del sistema.
Pero un congreso termina el viernes; un artículo indexado permanece. Y es ahí donde empieza la segunda batalla, la de la visibilidad. Hoy el Directory of Open Access Journals (DOAJ)—el filtro internacional más consultado para revistas de acceso abierto— registra solo diez revistas dominicanas. El Intec aporta tres (Ciencia y Sociedad, Ciencia y Educación, Ciencia y Salud); la Pucmm, Cuaderno de Pedagogía Universitaria; la Unphu, Aula; la Uapa, Educación Superior; el Isfodosu, la Revista Caribeña de Investigación Educativa; a las que se suman la Revista Seguridad, Ciencia y Defensa, la Revista Científica de la Universidad Odontológica Dominicana y Novitates Caribaea, del Museo Nacional de Historia Natural. Siete instituciones de educación superior con presencia efectiva en un directorio mundial: hace quince años, ninguna.
Conviene entender qué significa ese sello. El DOAJ no es un adorno curricular: es un examen de buenas prácticas editoriales. Exige licencias declaradas, política de acceso abierto explícita, revisión por pares documentada, metadatos por artículo, identificadores persistentes y transparencia sobre cargos de publicación. Una revista admitida ha demostrado que no es un boletín interno con pretensiones, sino un canal verificable de comunicación científica. Por eso la indexación importa: no porque nos vean, sino porque nos pueden auditar.
La brecha aparece justo en ese punto. La producción dominicana crece en volumen —más de treinta y seis mil citas acumuladas en diez años, un promedio de 14.58 citas por documento y un 82 % de trabajos citados al menos una vez—, pero se rezaga en influencia: apenas el 30 % de los artículos supera el impacto promedio mundial, mientras el 52 % queda por debajo, con una mediana de impacto normalizado de 0.72, es decir, un 28 % inferior a la media global. Publicamos más y nos leen menos de lo que quisiéramos. Y la brecha es también territorial: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la mayor receptora de fondos estatales de investigación del país no tiene aún una sola revista aceptada en el DOAJ.
Con todo, esa lista de diez no está cerrada. La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental – UTECO - se encuentra actualmente en proceso de evaluación ante el DOAJ con su Revista Científica El Capacho, un paso que la convertiría en la primera universidad pública regional dominicana con presencia en el directorio y que ampliaría el mapa de la ciencia nacional más allá del Distrito Nacional y Santiago. No es un trámite: exige revisar licencias, políticas editoriales, metadatos e identificadores hasta satisfacer criterios que se aplican por igual a una revista de Cotuí y a una de Ámsterdam. Precisamente ahí radica su valor.
Cerrar esa brecha no requiere heroísmo, sino política institucional. Primero, profesionalizar los equipos editoriales: una revista científica no puede seguir siendo una tarea añadida al horario de un profesor. Segundo, tratar la indexación como infraestructura y financiarla como tal: gestor editorial, DOI, corrección de estilo, traducción, metadatos. Tercero, evaluar a las universidades no por cuántos congresos celebran, sino por cuántos de sus resultados terminan en bases de datos consultables desde cualquier país.
La República Dominicana ya demostró que sabe convocar la ciencia. Le falta demostrar que sabe hacerla circular. Un artículo que nadie puede encontrar no es conocimiento público: es un manuscrito con buena voluntad.