El próximo salto dominicano será institucional

Esta semana me hizo llegar Josefina Navarro, del Banco BHD, las reflexiones que Luis Molina Achécar compartió ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Agradecí el gesto porque el texto pone sobre la mesa una conversación que el país necesita: cómo sostener en las próximas décadas el progreso que hemos construido y qué debemos hacer diferente para conseguirlo. Más que detenerme en las cifras, hubo una idea que permaneció conmigo: la República Dominicana ha recorrido una etapa extraordinaria de crecimiento y transformación, pero las condiciones que nos permitieron llegar hasta aquí no necesariamente serán suficientes para alcanzar la próxima frontera del desarrollo.

Molina Achécar reconstruye una parte importante de nuestra historia reciente. Recuerda la crisis económica de 1990, el Pacto de Solidaridad Económica, las reformas tributarias, arancelarias, financieras y cambiarias; posteriormente, el Pacto por la Democracia y las transformaciones institucionales que siguieron. Su tesis es que el crecimiento dominicano no apareció espontáneamente: hubo inversión, reformas, instituciones y, en momentos decisivos, capacidad de concertación entre sectores diferentes. También formula una advertencia: alcanzado determinado nivel de ingreso, continuar creciendo exige mucho más que seguir haciendo lo que funcionó anteriormente. Productividad, innovación y nuevas tecnologías pasan a ocupar un lugar central.

Comparto esa preocupación, pero creo que debemos agregar una dimensión a la conversación: la productividad de un país no depende solamente de la productividad de sus empresas. También depende de la productividad de sus instituciones.

Una empresa que incorpora tecnología, simplifica procesos, desarrolla capacidades y aprende de sus resultados puede producir más y mejor. El Estado enfrenta un desafío equivalente. Una institución pública que obliga al ciudadano a realizar trámites innecesarios, mantiene procedimientos que podrían simplificarse, no comparte información con otras dependencias, tarda excesivamente en responder o mide su desempeño por actividades en lugar de resultados también genera costos. No siempre aparecen en una factura, pero alguien los paga: el ciudadano con su tiempo, las empresas con incertidumbre y la sociedad con oportunidades perdidas.

Por eso debemos ampliar nuestra conversación sobre productividad. Durante años la hemos asociado principalmente con producción, capital, trabajo y tecnología. Todo ello continúa siendo fundamental. Pero existe también una productividad institucional: la capacidad del Estado para transformar recursos públicos, normas, conocimiento y trabajo de sus servidores en resultados verificables para las personas. No se trata simplemente de gastar menos. Una institución puede reducir su presupuesto y funcionar peor. Se trata de conseguir que cada peso, cada procedimiento y cada hora de trabajo público produzcan mayor valor para la sociedad.

Esta discusión conecta con otra de las ideas planteadas por Molina Achécar: el capital social. Su reflexión recupera la importancia de la confianza, la cooperación y la capacidad de construir consensos para explicar algunos de los avances dominicanos de las últimas décadas. Pero esa relación puede mirarse también desde el otro lado. La confianza no es solamente un atributo cultural que las instituciones reciben de la sociedad. Las instituciones también producen —o destruyen— confianza mediante su funcionamiento cotidiano.

Un ciudadano construye su percepción del Estado cada vez que solicita un servicio, presenta una reclamación, busca información, espera una respuesta o intenta comprender un procedimiento. Allí se juega una parte de la legitimidad institucional. Cuando encuentra reglas claras, respuestas oportunas y servidores capaces de orientarlo, aumenta la confianza. Cuando encuentra silencio, duplicidades, discrecionalidad o un recorrido interminable entre oficinas, ocurre lo contrario. La confianza institucional no se decreta: se construye experiencia por experiencia.

Lo he comprobado recorriendo el territorio. Muchas veces el ciudadano no comienza reclamando una gran reforma. Pregunta algo mucho más sencillo: quién puede resolver su problema. Y detrás de esa pregunta aparecen con frecuencia las dificultades de coordinación del propio Estado. Una institución posee una parte de la respuesta; otra tiene la competencia; una tercera dispone de la información. Para el organigrama son entidades distintas. Para la persona que necesita una solución, todas son el Estado.

Ahí encuentro una de las reformas menos discutidas y posiblemente más transformadoras: pasar de un Estado organizado principalmente alrededor de sus estructuras a otro capaz de organizarse también alrededor de la experiencia del ciudadano. El primero pregunta qué institución tiene la competencia. El segundo, sin abandonar esa competencia, pregunta además qué recorrido debe realizar una persona para ejercer efectivamente su derecho. Parece una diferencia pequeña. En realidad, modifica profundamente la gestión pública.

La tecnología y la inteligencia artificial harán esta discusión todavía más urgente. Molina Achécar identifica la adopción tecnológica como uno de los grandes desafíos para la competitividad dominicana. Pero digitalizar un procedimiento deficiente no lo convierte automáticamente en uno bueno. Podemos trasladar una burocracia del papel a una pantalla y continuar obligando al ciudadano a recorrer el mismo laberinto, ahora mediante contraseñas y formularios electrónicos. La transformación digital debe comenzar por transformar el proceso, no solamente su soporte.

La inteligencia artificial abre posibilidades todavía mayores. Puede ayudar a procesar información, detectar patrones, reducir tiempos y mejorar servicios. Pero también obligará a fortalecer la transparencia, la protección de datos, la supervisión humana y la rendición de cuentas. La pregunta relevante para el Estado no será simplemente cuánto utiliza inteligencia artificial, sino para qué la utiliza y qué mejora concreta produce en la vida de las personas.

Aquí aparece la Constitución como algo más que un marco jurídico. Molina Achécar concluye sus reflexiones recurriendo al artículo 38 y a la dignidad humana como fundamento de nuestro orden constitucional. Me parece una elección especialmente acertada porque nos recuerda cuál debe ser el criterio final para evaluar tanto el crecimiento económico como la modernización institucional. El desarrollo no puede reducirse a cuánto aumenta una economía. También debe preguntarse cuánto aumentan las capacidades reales de las personas para construir la vida que valoran.

Eso significa que crecimiento, productividad e institucionalidad no son conversaciones separadas. Una economía más productiva puede generar mayores oportunidades; un Estado más efectivo puede convertir recursos y derechos en servicios y capacidades; y una sociedad con mayor confianza puede cooperar mejor para enfrentar problemas que ningún sector puede resolver por sí solo. Empresa productiva, Estado efectivo y ciudadanía capaz no compiten entre sí. Se necesitan mutuamente.

La historia dominicana que Molina Achécar recuerda contiene además otra enseñanza: muchas de nuestras grandes reformas surgieron de la concertación. Su advertencia resulta especialmente pertinente: no deberíamos esperar una nueva crisis para volver a construir consensos. Una sociedad madura debería ser capaz de reformarse antes de que la urgencia la obligue. Eso exige diálogo, pero también resultados. Los consensos útiles necesitan objetivos, responsabilidades, indicadores y evaluación. Concertar no es solamente acordar qué hacer; es aceptar después medir si funcionó.

Quizás ahí se encuentre la próxima generación de reformas dominicanas. No necesariamente en una gran modificación capaz de resolverlo todo, sino en una secuencia persistente de transformaciones que aumenten simultáneamente la productividad económica y la institucional: mejor educación, adopción tecnológica, procedimientos más simples, interoperabilidad pública, profesionalización, evaluación de resultados, mayor capacidad territorial, mejores mecanismos de escucha y decisiones construidas sobre evidencia.

Hay, además, una coincidencia especialmente valiosa entre esta reflexión y el momento que vivimos. Si el país aspira a una economía más sofisticada, con empresas más productivas, trabajadores con mayores capacidades y tecnologías más avanzadas, necesitará también instituciones a la altura de esa transformación. No podemos aspirar a una economía del siglo XXI manteniendo procesos públicos diseñados para otra época. La modernización económica y la modernización institucional tendrán que avanzar juntas.

Durante las últimas décadas aprendimos que la estabilidad, la inversión, las reformas y la concertación podían transformar una economía. La próxima etapa deberá demostrar que también somos capaces de transformar la capacidad del Estado para acompañar una sociedad cada vez más compleja, tecnológica y exigente. Y hacerlo sin perder de vista aquello que Molina Achécar coloca al final de su reflexión: la persona y su dignidad como razón última del progreso.

Alcanzar mayores niveles de ingreso sería un logro extraordinario. Pero el verdadero desarrollo exige algo adicional: que la prosperidad económica encuentre instituciones capaces de convertirla en oportunidades, derechos efectivos, confianza y capacidades para las personas. Ese es el punto en el que economía e institucionalidad dejan de ser agendas distintas y se encuentran en un mismo propósito: mejorar concretamente la vida de la gente.

El próximo salto dominicano no será solamente económico ni tecnológico. Tendrá que ser también institucional. Y tendrá una medida sencilla, aunque profundamente exigente: que el Estado funcione cada vez mejor para la gente.

Vamos por lo que nos une.