El Naranjo: conformidad plena, mapa de inundación ninguno

Hay un documento fechado el 5 de agosto de 2026, en inglés, colgado en el sitio corporativo de Barrick, que nombra a mi provincia con una precisión que no he encontrado en ningún papel del Estado dominicano. Enumera lo que quedaría aguas abajo si fallara la presa de colas de El Llagal: los ríos Maguaca y Yuna, y las comunidades de Zambrana Arriba, Zambrana Abajo, La Cabirma, Maricao y Cotuí. Menciona viviendas, comercios, centros de salud y templos, y la producción arrocera y ganadera del Cibao. Lo escribió la empresa. No lo escribió el ministerio.

Ese papel es una divulgación bajo el Principio 15 del Estándar Global de la Industria para la Gestión de Relaves, el GISTM, el protocolo que el Consejo Internacional de Minería y Metales —el ICMM— exige a sus miembros desde el desastre de Brumadinho. Barrick y Newmont son miembros. Y en él Barrick declara que tanto El Llagal, la presa que opera desde 2012, como El Naranjo, la que proyecta construir entre 2029 y 2045 para 500 millones de metros cúbicos de colas y estéril, están «en plena conformidad» con el GISTM.

Conviene leer despacio quién lo declara.

Tres cosas que se confunden en una sola palabra

En este expediente hay que distinguir tres niveles que el debate público dominicano mezcla sin notarlo. Una cosa es el compromiso: lo que una empresa promete al adherirse a un estándar. Otra es la divulgación: lo que esa empresa declara por su cuenta sobre una instalación concreta. Y otra, muy distinta, es la validación independiente: lo que un tercero verificó y firmó con su nombre.

Para la República Dominicana, casi todo lo localizable pertenece a los dos primeros niveles.

La «plena conformidad» de El Naranjo y El Llagal es una autodeclaración del operador. Y la definición que el propio Barrick coloca al pie es más blanda de lo que la expresión sugiere: incluye dentro de «plena conformidad» a instalaciones que todavía requieren obras de remediación, siempre que la ingeniería básica esté completa, presupuestada y con un cronograma «aprobado por el Ejecutivo Responsable». El Ejecutivo Responsable es un funcionario de la empresa. No hay, en esos documentos, un revisor externo que ponga su firma debajo del sello.

Hasta ahí, nada ilegal ni siquiera irregular: el protocolo está diseñado así. El problema empieza en el detalle siguiente.

Una presa «Extrema» cuyo escenario de falla nadie puede leer

Barrick clasifica tanto a El Llagal como a El Naranjo en la categoría de consecuencia Extrema. En el vocabulario del GISTM eso designa una instalación cuya falla se estima capaz de causar más de cien muertes.

Para El Naranjo, sin embargo, la divulgación marca como «no aplicables» dos requisitos: el 15.1 B, de divulgación anual, y el 15.1 C, que obliga a entregar la información del escenario de rotura a las autoridades y a los servicios de emergencia. La razón formal es impecable: El Naranjo aún no existe, está en permisología y diseño de detalle. La consecuencia práctica también es clara, y es la que me interesa: no hay análisis de rotura ni mapa de inundación publicados para una presa de consecuencia Extrema que se levantará sobre la cuenca del Yuna.

Es defendible bajo el protocolo. Y es exactamente por eso que hay que decirlo: el protocolo permite certificar como conforme una presa cuyo escenario de falla el público no puede leer. Quien viva en Zambrana no tiene modo de saber, hoy, hasta dónde llegaría el agua.

Sobre el tamaño de esa presa hay además una discrepancia que no me corresponde resolver y que prefiero dejar planteada. El doctor Steven Emerman, en la revisión técnica que las comunidades encargaron y que MiningWatch publicó el 15 de noviembre de 2023 sobre el estudio de impacto ambiental de 2022, describió una de las mayores presas de enrocado con núcleo de tierra del mundo, de unos 157 metros, capaz de retener 344,7 millones de toneladas de colas y 452,7 millones de estéril potencialmente generador de ácido, con una falla que podría comprometer 227 kilómetros aguas abajo, el lago de Hatillo y la bahía de Samaná. La divulgación de Barrick de agosto de 2026 habla de una presa de arranque de unos 60 metros y una presa definitiva de unos 130. Puede ser un rediseño, puede ser un punto de medición distinto, puede ser un error de alguno de los dos. Lo que no puede ser es que la diferencia se dirima entre una organización canadiense y una empresa canadiense, sin que ninguna institución dominicana haya producido un número propio.

La alternativa técnicamente preferida era otra

El mismo documento de agosto de 2026 contiene una frase que debió abrir un debate nacional. El análisis multicriterio de alternativas evaluó ocho sitios. La alternativa B, en el valle de Cuance, era «técnicamente preferida». Se avanzó la alternativa C —El Naranjo— «por ventajas sociales y ambientales».

La alternativa C es precisamente la que obliga a mover seis comunidades: El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas. Es la que puso a policías y militares frente a vecinos en Zambrana el 8 de enero de 2025, con gases lacrimógenos, balas de goma y ocho heridos, entre ellos un sacerdote. Es la que el 30 de mayo de 2025 terminó en una dispersión con disparos y gases tras la cual miembros de la comunidad atribuyeron una muerte a la exposición al gas. Es la que motivó dos acciones de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo con audiencia fijada para el 22 de julio de 2025, cuyo desenlace todavía no he podido localizar.

Las dos frases hay que leerlas juntas: se descartó la opción técnicamente preferida y se eligió, por ventajas sociales, la que desplaza a seis comunidades.

Lo que el ICMM no dice, por diseño

Uno pensaría que para verificar todo esto basta acudir al ICMM. No basta. Su Informe de Progreso de Colas de 2025 agrega las divulgaciones de veinticuatro miembros —836 instalaciones, 67 % en plena conformidad, más del 80 % entre las de consecuencia Extrema y Muy Alta— y su único corte geográfico es por continente: Norteamérica, Oceanía, Sudamérica, África, Europa, Asia. Buscar «Dominican», «Pueblo Viejo», «Llagal» o «Naranjo» en ese informe devuelve cero coincidencias. El ICMM no publica un solo dato desagregado del Caribe.

Tampoco somos parte de él. El ICMM declara veintisiete miembros corporativos y cuarenta y siete asociaciones. Están las cámaras mineras de Argentina, México, Ecuador, Chile, Brasil y Perú. No hay una sola organización dominicana, de ningún tipo. La República Dominicana entra en la órbita del ICMM únicamente por ser el domicilio de una mina cuyos dueños son miembros: sin asiento, sin voz y sin obligación propia.

Y hay un detalle que cierra el cuadro. Newmont, dueña del 40 % de Pueblo Viejo, presentó su carta GISTM al ICMM el 1 de agosto de 2025. No menciona Pueblo Viejo, ni El Llagal, ni El Naranjo, ni a la República Dominicana en ninguna parte: su tabla cubre solo instalaciones que opera directamente. Sobre nuestro país, el ICMM recibe la versión de una sola de las dos compañías propietarias.

En cuanto a validación independiente, la hubo una vez. El informe de sostenibilidad de Barrick registra a Pueblo Viejo en su calendario de aseguramiento independiente con un solo año: 2023. Sobre un ciclo de tres años, 2026 sería el año que toca. Al momento de escribir estas líneas, nada publicado confirma que esa validación se haya realizado.

Lo que hay que reconocerle a la empresa, y lo que hay que reclamarle al Estado

Sería deshonesto de mi parte no decir lo siguiente. Barrick cumple lo que el protocolo le exige y lo divulga con un detalle que el Estado dominicano no iguala. No he localizado ninguna determinación de un tercero según la cual la empresa haya incumplido una Expectativa de Desempeño del ICMM. Más aún: la divulgación de 2026 es mejor que la de 2022, porque ahora sí publica el resumen del análisis de alternativas que Emerman echó de menos hace tres años. Eso es una mejora, aunque haya llegado bajo presión.

Mi reclamo, por tanto, no es contra la empresa. Es contra el vacío.

Porque los dos regímenes internacionales a los que solemos apelar no se solapan sobre nosotros: dejan un hueco entre ambos, y El Naranjo cae exactamente ahí. El ICMM cubre la conducta empresarial en la instalación, pero no reporta por país. El EITI cubre la transparencia de los ingresos del Estado, pero no tiene mandato alguno sobre seguridad de presas ni sobre reasentamiento. Y el EITI dominicano llega renqueando: obtuvo 83,5 sobre 100 en la validación de noviembre de 2023, está bajo una nueva validación iniciada el 1 de julio de 2026, y su último informe de cotejo publicado cubre 2021-2022 y salió en julio de 2024. No existen informes de 2023 ni de 2024. El hueco coincide, exactamente, con los años de precios récord del oro.

Entre un régimen que no mira al país y otro que no mira a la presa, las preguntas dominicanas sobre colas y desplazamiento no las responde nadie.

El permiso de la presa de arranque de El Naranjo está previsto para el primer trimestre de 2027. Hay tiempo, y hay tres cosas que no cuestan nada y que corresponden al Estado, no a la empresa.

Primero: exigir que el análisis de rotura y el mapa de inundación de El Naranjo se publiquen y se entreguen a los cuerpos de emergencia de Cotuí antes de otorgar ese permiso, diga lo que diga el GISTM sobre la «no aplicabilidad» de ese requisito a una instalación que aún no existe. Lo que un protocolo privado considera no aplicable, un Estado puede considerarlo indispensable.

Segundo: pedir formalmente que la validación independiente de 2026, si se realiza, incluya a Pueblo Viejo en la muestra. La muestra la elige la compañía. Nada impide que el país pida estar en ella.

Tercero: publicar los informes de cotejo del EITI de 2023 y 2024 antes de que cierre la validación en curso. Son los años en que más entró.

Nada de esto exige enfrentarse a nadie ni renegociar un contrato. Exige escribir. Y sigo sin encontrar una sola página escrita por el Estado dominicano que confirme o contradiga lo que la empresa declara sobre la presa que se levantará sobre nuestra cuenca.

La pregunta no es si Barrick cumple. Sabemos que cumple. La pregunta es por qué el aval de un riesgo que se materializaría en Zambrana, en Maricao, en La Cabirma y en Cotuí lo firma quien construye la presa, y por qué nosotros, que seríamos los muertos, no hemos escrito ni un párrafo.