Un presupuesto que mire hacia las provincias

La República Dominicana ha experimentado importantes transformaciones económicas y sociales durante las últimas décadas. Sin embargo, ese crecimiento no siempre ha estado acompañado de una distribución territorial de la inversión pública que responda adecuadamente a las necesidades de cada provincia.

Una de las principales debilidades de nuestro sistema de planificación es que conocemos cuánto presupuesto se asigna a cada ministerio, pero no siempre podemos determinar con igual claridad cuánto se destina a cada territorio, cuánto se ejecuta realmente y cuáles son los resultados de esa inversión.

Esta situación merece una revisión profunda, porque las necesidades del país no son iguales en todas partes. Hay provincias que enfrentan importantes rezagos históricos y otras que, como La Altagracia, experimentan un crecimiento acelerado que genera nuevas demandas de infraestructura y servicios públicos.

La Constitución dominicana reconoce, en su artículo 196, a la región como unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas. En desarrollo de ese mandato fue aprobada la Ley núm. 345-22, Orgánica de Regiones Únicas de Planificación, que establece una organización territorial común para orientar la acción del Estado.

Pero organizar territorialmente el país no es suficiente si esa organización no se refleja también en la planificación, la inversión y el presupuesto.

Precisamente por esa razón presentamos ante el Senado un proyecto de ley que modifica y armoniza la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, y la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, con la Ley de Regiones Únicas de Planificación.

La iniciativa, que ya fue remitida a la comisión correspondiente, procura establecer una relación clara entre las necesidades territoriales, los proyectos que formula el Estado, los recursos que se presupuestan y las inversiones que finalmente se ejecutan.

Entre sus principales propuestas figura la incorporación de un Anexo Territorial al Presupuesto General del Estado, que permita conocer las asignaciones destinadas a cada región y, cuando corresponda, a cada provincia y municipio. También contempla mecanismos de seguimiento para comparar lo presupuestado con lo efectivamente ejecutado.

Esto fortalecería la transparencia y proporcionaría al Congreso Nacional mejores herramientas para ejercer su función fiscalizadora.

No basta con saber cuánto dinero tiene un ministerio. También debemos conocer dónde se invierte, a quién beneficia y qué resultados produce.

Para comprender la importancia de esta reforma basta con observar lo que ocurre en nuestra provincia La Altagracia.

El desarrollo turístico de Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Bayahíbe y otros destinos ha transformado profundamente nuestra economía y nuestra estructura poblacional. Miles de personas llegan buscando oportunidades de trabajo, mientras nuestras ciudades y comunidades deben responder a una demanda creciente de viviendas, escuelas, hospitales, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad y transporte.

El problema es que el crecimiento económico puede avanzar a una velocidad muy superior a la capacidad del Estado para ampliar los servicios públicos.

Higüey y Verón-Punta Cana son ejemplos evidentes de esta realidad. El aumento de la población, la expansión de los asentamientos urbanos y la presión sobre la infraestructura requieren una planificación que no dependa únicamente de decisiones coyunturales, sino de criterios técnicos sostenidos en el tiempo.

La Altagracia forma parte de la Región Yuma, junto con La Romana y El Seibo. Se trata de un territorio con una importante actividad turística, comercial y agropecuaria, pero también con diferencias internas que requieren políticas públicas específicas.

La planificación regional permitiría examinar esas necesidades de manera conjunta, sin perder de vista las particularidades de cada provincia.

Por ejemplo, la inversión en infraestructura vial, sistemas de agua potable, saneamiento y formación técnica puede beneficiar simultáneamente a varias comunidades y contribuir a integrar mejor sus actividades económicas.

Ahora bien, debemos aclarar algo fundamental: esta propuesta no pretende que las provincias más productivas reciban automáticamente mayores recursos ni que las regiones con mayores necesidades históricas sean perjudicadas.

La justicia territorial exige considerar distintos factores: población, pobreza, déficit de servicios, crecimiento demográfico, actividad económica y presión sobre las infraestructuras existentes.

Una provincia que crece rápidamente necesita recursos para acompañar ese crecimiento. Una provincia históricamente rezagada necesita inversiones que le permitan superar sus limitaciones. Ambas realidades deben formar parte de una planificación nacional equilibrada.

Tampoco estamos proponiendo crear nuevas estructuras burocráticas ni gobiernos regionales. Lo que buscamos es aprovechar las instituciones y los sistemas existentes para que trabajen con información territorial uniforme y verificable.

Esta reforma permitiría, además, que los Consejos Provinciales y Regionales de Desarrollo participen con mejores herramientas en la identificación de necesidades y en el seguimiento de las inversiones públicas, respetando las competencias constitucionales de cada institución.

Desde el Congreso debemos contribuir a que las políticas de desarrollo trasciendan los períodos de gobierno y respondan a una visión de Estado.

La aprobación de una ley no resuelve por sí sola los problemas de nuestras comunidades. Pero una legislación que obligue a planificar mejor, identificar territorialmente los recursos y rendir cuentas sobre su ejecución puede contribuir a decisiones públicas más informadas.

Nuestra aspiración es que el presupuesto nacional no sea solamente una relación de ingresos y gastos, sino también una expresión clara de las prioridades de desarrollo de cada territorio.

Porque detrás de cada partida presupuestaria hay una comunidad que necesita una escuela, una familia que espera un hospital, un productor que necesita una carretera o una ciudad que requiere servicios adecuados para seguir creciendo.

Las provincias no deben ser simples espectadoras de la planificación nacional. Sus necesidades, su crecimiento y sus oportunidades deben formar parte de las decisiones que determinan dónde y cómo se invierten los recursos públicos.

Ese es el sentido de nuestra propuesta: avanzar hacia un Estado que conozca mejor su territorio, planifique con mayor precisión y pueda rendir cuentas sobre lo que invierte en cada rincón de la República Dominicana.