Tarjetas de crédito: el debate sobre los topes a las tasas de interés

El debate sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito vuelve al centro de la discusión pública. La propuesta legislativa depositada el 20 de octubre de 2026 plantea reducir en un 30 % la tasa aplicada al financiamiento, fijar un límite máximo de 45 % anual y extender la reducción tanto a las deudas acumuladas como a los nuevos consumos financiados. También propone regular la aplicación de los pagos al capital, devolver cobros indebidos y ofrecer mayor claridad en los estados de cuenta.

La iniciativa parte de presunciones que suelen repetirse en el debate. Se asume que todas las tarjetas cobran tasas muy elevadas, que esas tasas son abusivas y que reflejan una rentabilidad excesiva de los bancos emisores. De ahí se concluye que reducir los intereses por ley beneficiaría a todos los usuarios. ¿Basta esa presunción para anticipar los efectos de una medida que modificaría las condiciones de este tipo de crédito? A mi juicio, para responder hay que examinar cómo funciona el producto, cuáles son sus costos y riesgos y qué diferencias existen entre los segmentos que atiende.

En principio, la propuesta podría aliviar la carga de quienes mantienen saldos financiados. Sin embargo, también cabe preguntarse qué ocurriría con el acceso al crédito si los bancos emisores respondieran ajustando los límites, las condiciones de aprobación o la oferta de tarjetas. Esta posibilidad invita a reflexionar sobre las consecuencias para quienes hoy dependen de este instrumento.

El artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 establece que las tasas de interés de las operaciones en moneda nacional y extranjera se determinan libremente entre las entidades financieras y sus clientes. La propuesta busca modificar ese marco mediante la fijación legal de un máximo para este tipo de financiamiento. El referente de 60 % proviene del modelo acordado en 2013 entre la Superintendencia de Bancos y las entidades emisoras. Desde junio de 2014, ese porcentaje sirvió como máximo de referencia dentro de un esquema de reducción gradual y voluntaria que permitió mantener tasas diferenciadas según la estrategia de cada entidad, el riesgo y los segmentos atendidos.

Comprender los determinantes de las tasas de interés exige considerar las diferencias entre productos, costos y perfiles de riesgo. Las tasas menores suelen asociarse a las tarjetas de crédito diferido, las empresariales y las de alto valor, mientras que las más elevadas se observan con mayor frecuencia en las tarjetas clásicas y Gold. Cada segmento genera costos diferenciados en procesamiento, atención, seguridad, prevención del fraude y cobranza, además de pérdidas por incumplimiento. Estos costos y riesgos pueden tener mayor peso en las tarjetas de menor límite y en los perfiles con más probabilidades de atraso.

La tasa nominal tampoco equivale al rendimiento efectivo del banco emisor. La tarjeta no genera intereses cuando el usuario paga el balance dentro del plazo establecido. Según datos de la Superintendencia de Bancos correspondientes a 2026, solo el 44,5 % de los créditos de tarjetas correspondió a operaciones financiadas. Esto significa que el 55,5 % de los valores consumidos se liquidaba en la fecha de pago correspondiente.

El acuerdo de 2013 ofrece un antecedente que merece atención. Un estudio de ese año de la firma consultora Global Payments estimó que, con un máximo de 60 %, las tarjetas con límites inferiores a RD$30,000 dejarían de ser rentables. Por esa razón, los bancos emisores tendrían que elevar el monto mínimo de las líneas aprobadas, que entonces se acercaba a RD$10,000. El estudio calculó, además, que los costos anualizados de emisión, operación, administración, seguridad y riesgo de una tarjeta con límite superior a RD$200,000 podían alcanzar el 39 %. Esos costos aumentaban en las líneas de menor límite, en parte por el mayor riesgo de crédito.

La advertencia apuntaba a un efecto distributivo. En las tarjetas de menor límite, los costos fijos representaban una proporción mayor del ingreso potencial y el riesgo de crédito era más elevado. Según las referencias disponibles, después del acuerdo las entidades elevaron el límite mínimo de aprobación hasta acercarlo al umbral recomendado. La evolución del mercado coincidió con ese ajuste. Entre 2008 y 2013, el número de tarjetas acumuló un crecimiento de 50,5 %. En 2014 se redujo 3,9 % y volvió a caer 4,2 % en 2015. Durante esos años también aumentó la participación de las tarjetas de mayor valor.

A mi juicio, ambas tendencias reflejan una reconfiguración de las carteras. Los bancos elevaron los límites para ciertos clientes que todavía consideraban elegibles y asumieron una mayor exposición crediticia para sostener sus carteras y moderar la exclusión. Esa respuesta no evitó que muchas personas quedaran excluidas o perdieran la oportunidad de acceder a una tarjeta; así lo recuerdo dada la experiencia compartida en aquel momento. ¿No debería este antecedente llevarnos a examinar con especial cuidado quiénes podrían beneficiarse de la nueva propuesta y quiénes podrían quedar fuera del crédito formal?

La República Dominicana no es el único país que ha establecido o discutido límites a las tasas de interés. Algunos fijan máximos que se actualizan según las tasas del mercado; otros aplican límites distintos por tipo de crédito. Chile aprobó en 2013 una reducción gradual de la tasa máxima convencional para ciertos créditos de consumo, desde niveles cercanos al 54 % hasta el 36 %. Estudios posteriores señalaron una reducción de 9.7% del acceso al crédito, con mayor impacto en jóvenes y hogares de menores ingresos.

Costa Rica aplica desde 2020 un límite que se ajusta cada semestre y que actualmente es de 36,48 %. Se han reportado cancelaciones de tarjetas y la OCDE ha advertido sobre riesgos de exclusión financiera y desplazamiento hacia el crédito informal. Perú actualiza semestralmente sus límites según las tasas promedio del sistema financiero, mientras que Paraguay utiliza una fórmula vinculada a las tasas pasivas promedio del mercado y publica límites específicos para tarjetas de crédito.

Brasil estableció en 2024 un límite para los intereses y cargos del crédito rotativo y el financiamiento de facturas. En Estados Unidos y Panamá se han discutido propuestas que no han sido aprobadas, con topes de 10 % y 1,25 % mensual, respectivamente. En el caso estadounidense, una estimación de la Asociación de Bancos de ese país sostiene que el límite propuesto podría provocar cierres de cuentas o reducciones importantes de las líneas de crédito.

En conjunto, estas experiencias muestran que el diseño de los controles importa. La teoría económica advierte que un precio máximo fijado por debajo del nivel compatible con los costos y riesgos de una actividad puede generar distorsiones. En el crédito con tarjetas, un límite que no contemple las diferencias entre segmentos podría restringir la oferta, especialmente para los prestatarios de mayor riesgo y con menos alternativas formales.

En principio un techo legal podría reducir los intereses pagados por quienes mantienen saldos financiados. Sin embargo, el ahorro efectivo dependería de que esos usuarios conservaran sus líneas y de que la reducción no se compensara con otros cargos. Ante un límite que reduzca la rentabilidad de ciertos segmentos, los bancos emisores podrían reducir límites, endurecer los criterios de admisión o disminuir las nuevas emisiones a personas con ingresos bajos, historiales limitados o mayor probabilidad de incumplimiento. También podrían modificar tarifas, períodos de gracia, beneficios o condiciones de uso. La magnitud de esas respuestas tendría que evaluarse junto con el costo total del producto.

Las necesidades de liquidez de quienes pierdan acceso al crédito formal no desaparecerían. Algunos podrían recurrir a préstamos personales, cooperativas o prestamistas informales a tasas informales de 2 % y 3 % semanal que equivalen a aproximadamente el 180 % y 365 % anualizadas mediante capitalización compuesta, respectivamente. Son ejemplos ilustrativos, no promedios del mercado, pero ayudan a dimensionar el costo que ciertos usuarios podrían afrontar al buscar alternativas menos reguladas.

El debate exige ponderar con prudencia y responsabilidad la realidad de este servicio financiero. La tarjeta cumple una función de pago y ofrece financiamiento a usuarios con perfiles y necesidades distintos. Su tasa de interés refleja los elementos propios de nuestro país tanto en el riesgo como en los costos de operación, los programas de lealtad, la seguridad y la cobranza. Por eso, cualquier límite debe apoyarse en datos que permitan anticipar cómo afectaría a cada segmento y al acceso al crédito formal. La medida habrá cumplido su propósito si reduce la carga de quienes financian sus consumos y, al mismo tiempo, preserva opciones razonables para quienes más necesitan este instrumento. Esa es la dimensión que debe guiar una discusión objetiva del tema.