República Dominicana: una potencia universitaria para el Gran Caribe

En mis recorridos por las provincias he encontrado dos realidades que deberían estar mucho más conectadas. Por un lado, jóvenes que estudian y buscan oportunidades para desarrollar su talento. Por otro, productores y empresarios que necesitan incorporar tecnología y competir en mercados cada vez más exigentes. He conocido iniciativas agrícolas que usan laboratorios para elevar la calidad de sus productos, y siempre regreso a una pregunta: ¿qué ocurriría si convirtiéramos nuestras universidades en el principal puente entre el talento dominicano y las necesidades de desarrollo del país?

Las cifras nos dan una base y también una advertencia. Según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en 2024 contábamos con 57 instituciones de educación superior y 520,524 estudiantes matriculados. Es una plataforma considerable para una nación de nuestro tamaño. Pero en 2019 la matrícula alcanzó 598,549 y cinco años después había caído cerca de un 13 %, y de ese más de medio millón de estudiantes apenas 648 cursaban doctorado, alrededor del 0.12 %. Una nación que aspira a producir conocimiento necesita formar investigadores, consolidar laboratorios y ofrecer condiciones para que sus talentos crezcan aquí. Mientras tanto, la informalidad laboral ronda el 54 % de una población económicamente activa de 5.4 millones de personas: no basta con crear empleos, hacen falta empleos de mayor calidad y empresas capaces de innovar.

Durante décadas hemos medido el éxito universitario por la cantidad de profesionales que formamos. Es indispensable, pero una nación no alcanza su potencial cuando sus universidades solo preparan personas para la economía existente. Lo alcanza cuando también ayudan a crear la economía del futuro. Por eso propongo una ambición nacional: convertir a la República Dominicana en un centro universitario de referencia para Centroamérica y el Gran Caribe, mediante un Hub Universitario Dominicano. No sería otra universidad ni otra estructura burocrática, sino una red de universidades públicas y privadas, centros de investigación, empresas e instituciones del Estado que compartan capacidades y proyectos estratégicos. La Ley 139-01 ofrece la base; el desafío es desarrollar los incentivos y la coordinación para convertir sus objetivos en resultados.

Para ello propongo adaptar tres experiencias internacionales a nuestra realidad.

La primera es la Ley Bayh-Dole, aprobada en Estados Unidos en 1980, que permitió a las universidades conservar derechos sobre invenciones surgidas de investigación financiada con fondos públicos y facilitó su uso productivo. Necesitamos un marco propio de transferencia tecnológica, con reglas transparentes de propiedad intelectual, participación de los investigadores en los beneficios y protección de la investigación abierta y del interés público. No se trata de patentar cada descubrimiento, sino de evitar que una investigación capaz de mejorar la producción agrícola o modernizar un servicio público quede sin aplicación por falta de mecanismos institucionales.

La segunda es la llamada Ley Beckham, el régimen fiscal especial español para ciertos profesionales e investigadores que trasladan su residencia al país. Su lección es que atraer talento no depende solo de salarios, sino de estabilidad jurídica, oportunidades de investigación y condiciones fiscales. Propongo estudiar un Régimen Dominicano de Atracción de Talento Científico y Académico, con incentivos focalizados, límites temporales y compromisos verificables de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. No debe convertirse en un privilegio generalizado: requiere análisis de costo-beneficio y no puede crear desigualdades injustificadas frente a los investigadores dominicanos.

La tercera es el modelo de colegios mayores universitarios, que integra residencia, convivencia y vida intelectual. Imagino a una estudiante de Barahona, un joven de Santiago Rodríguez y un investigador centroamericano compartiendo proyectos y debates. Para que contribuya a la igualdad de oportunidades necesitaría becas, criterios transparentes de admisión y financiamiento accesible: la internacionalización debe ampliar oportunidades, no reproducir desigualdades.

La transformación tampoco puede concentrarse en Santo Domingo. El Cibao agrícola necesita biotecnología y transformación agroindustrial; Santiago puede profundizar su vínculo con manufactura y salud; el Este, con turismo sostenible y energía; el Sur, con agua y resiliencia climática. Propongo nodos universitarios regionales de innovación, conectados mediante laboratorios compartidos y programas de investigación conjuntos, de modo que una pequeña empresa de una provincia acceda a capacidades científicas de una universidad situada en otra.

Existe además una transformación que considero fundamental desde mi responsabilidad como Defensor del Pueblo: poner las capacidades universitarias al servicio de la calidad de los servicios públicos. Muchas dificultades de los ciudadanos nacen de los obstáculos para ejercer sus derechos: una reclamación sin respuesta, un trámite innecesariamente complejo. Eso necesita mejores normas, pero también investigación aplicada y evaluación de resultados. Por eso propongo una Red Nacional de Investigación Aplicada para la Gestión Pública, donde las instituciones presenten problemas concretos y las universidades compitan para ofrecer soluciones verificables: reducir tiempos de atención, simplificar trámites o utilizar responsablemente la inteligencia artificial. La investigación debe conservar su independencia. Una universidad que demuestra que una política no funciona presta un servicio tan valioso como la que identifica una solución, y un Estado que acepta ser evaluado es un Estado que aprende.

El financiamiento es una condición esencial. Las estadísticas del MESCyT registran para 2024 un gasto en educación superior equivalente al 0.27 % del PIB, indicador que no debe confundirse con el gasto nacional en investigación y desarrollo, pero que plantea una discusión necesaria sobre la escala y la calidad de nuestra inversión.

La iniciativa podría comenzar con un acuerdo nacional de cooperación universitaria, articulado con el MESCyT, el CONESCYT, las asociaciones de rectores y los sectores productivos, respetando la autonomía universitaria y con evaluación independiente. En el primer año, identificar capacidades y organizar alianzas; en el segundo, iniciar proyectos colaborativos, oficinas compartidas de transferencia tecnológica y pilotos de colegios mayores; en el tercero, evaluar y ampliar lo que haya funcionado. El régimen de atracción de talento requeriría su propio estudio jurídico, fiscal y de impacto antes de cualquier implementación.

El éxito no debe medirse por edificios construidos ni convenios firmados, sino por cuántos investigadores formamos, cuántas tecnologías transferimos, cuántas empresas mejoran sus procesos, cuántos estudiantes internacionales atraemos y cuántas soluciones universitarias incorporan efectivamente nuestras instituciones. Y debemos proteger la investigación básica, las humanidades y las ciencias sociales, cuyo valor no siempre cabe en una patente.

Al mirar hacia 2044, cuando celebremos los doscientos años de nuestra independencia, debemos aspirar a que nuestras universidades sean reconocidas por la calidad de sus programas y su contribución al desarrollo, a que nuestros jóvenes puedan investigar y emprender sin abandonar necesariamente sus comunidades, y a que las instituciones públicas aprendan a utilizar el conocimiento que produce la sociedad.

Una nación que forma profesionales prepara su presente; una nación que investiga, innova, atrae talento y convierte conocimiento en soluciones construye su futuro.

Vamos por lo que nos une. Hoy nos une la oportunidad de convertir nuestras universidades en una fuerza de conocimiento, productividad, institucionalidad y desarrollo para toda la República Dominicana.