La justicia también debe llegar donde vive la gente

Cómo los tribunales móviles pueden reducir el hacinamiento

La apuesta por los tribunales móviles en República Dominicana. (generada por ia)

En mis recorridos por los municipios de la República Dominicana he aprendido que la distancia entre un ciudadano y el Estado no siempre se mide en kilómetros. A veces se mide en los días que transcurren sin recibir una respuesta, en los documentos que nadie explica, en el dinero que una familia debe reunir para trasladarse a una oficina pública o en la incertidumbre de quien espera que una institución tome una decisión. Es una distancia que no aparece en los mapas, pero que puede determinar la confianza de una persona en la democracia. Y cuando esa distancia separa a un ciudadano de la justicia, sus consecuencias son todavía más profundas.

He pensado en ello al conocer la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, de reactivar los tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayor hacinamiento. La iniciativa plantea una pregunta esencial para nuestro Estado de derecho: ¿debe ser siempre el ciudadano quien recorra el camino hacia la justicia, o corresponde también a las instituciones encontrar maneras de acercarse a quienes necesitan sus decisiones?

La Constitución ofrece un punto de partida inequívoco. Su artículo 69 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, incluido el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, y el artículo 68 obliga a los poderes públicos a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Esa combinación encierra una exigencia decisiva: los derechos no pueden depender de que el ciudadano consiga superar, por sí solo, los obstáculos administrativos, económicos o territoriales que encuentra para ejercerlos.

Los datos muestran por qué importa. Al cierre de 2025, según la Oficina Nacional de Defensa Pública, el 64.57 % de las personas privadas de libertad permanecía en prisión preventiva. Cada audiencia aplazada prolonga la incertidumbre de una persona procesada, retrasa la respuesta que esperan las víctimas y consume traslados, personal y recursos. No todos los aplazamientos se explican por la logística, pero cuando esta se vuelve una causa recurrente de demora, corresponde al Estado estudiar alternativas. Además, la idea no parte de cero: según reportó la prensa, los tribunales móviles instalados en La Victoria y Najayo conocieron 1,264 audiencias preliminares en 2018, dentro de un plan piloto del Consejo del Poder Judicial. Las buenas políticas públicas muchas veces consisten en recuperar una experiencia, corregir sus debilidades y darle continuidad.

Conviene distinguir dos conceptos que se confunden con frecuencia: agilizar la justicia no es acelerar condenas, ni disponer liberaciones automáticas, ni sustituir el análisis individual de cada proceso. Significa que nadie espere indefinidamente una decisión por dificultades que las instituciones tienen la responsabilidad de corregir, que las víctimas reciban respuestas oportunas y que los jueces decidan con independencia, conforme a las pruebas y al derecho. La prisión preventiva es, por naturaleza, cautelar: no puede convertirse en una pena anticipada.

Por eso, un tribunal móvil no puede ser un espacio de justicia disminuida. Debe garantizar la independencia del juez, la comunicación confidencial entre la persona procesada y su defensa, la participación del Ministerio Público, el acceso de las víctimas y la publicidad de las actuaciones cuando corresponda. La movilidad puede cambiar el lugar donde se presta el servicio; nunca el contenido de los derechos que deben protegerse.

Para que la iniciativa se consolide necesita, además, coordinación y medición. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y las autoridades penitenciarias tienen competencias distintas que deben ejercerse con respeto mutuo, apoyadas en protocolos claros, programación anticipada de audiencias y disponibilidad de expedientes. Y no bastará con anunciar cuántas jornadas se realizaron: deberíamos conocer cuántas audiencias se celebraron efectivamente, cuántos aplazamientos se evitaron, cuánto disminuyeron los tiempos de espera y si mejoraron las condiciones de acceso para las partes, escuchando a jueces, defensores, fiscales, víctimas y personas privadas de libertad. Una política judicial no debe depender del entusiasmo de quienes la promueven, sino de procedimientos estables, responsables definidos y rendición de cuentas.

Si esta experiencia funciona, podríamos estudiar después otras formas de proximidad territorial de la justicia, particularmente para comunidades rurales, personas con discapacidad y adultos mayores. No se trata de sustituir las sedes existentes, sino de identificar servicios para los cuales la cercanía institucional represente una mejora real.

Desde el Defensor del Pueblo hemos sostenido que nuestra función no consiste en sustituir a los tribunales ni en intervenir en su independencia, sino en contribuir a que los derechos fundamentales sean respetados y a que las instituciones respondan a los ciudadanos. En ese marco, toda iniciativa que remueva barreras de acceso merece una evaluación seria y constructiva.

La República Dominicana necesita una justicia independiente, imparcial y técnicamente sólida, pero también accesible, comprensible y oportuna. No son aspiraciones contradictorias: la independencia protege la libertad de decidir conforme a derecho; la eficiencia permite que esa decisión cumpla su función social; y la cercanía ayuda a que nadie quede excluido por obstáculos que el propio Estado puede corregir. Ese es el sentido de un Estado que funciona: instituciones que aprenden de sus resultados y comprenden que detrás de cada expediente existe una persona cuya vida puede depender de una decisión.

Una justicia que llega tarde corre el riesgo de dejar de cumplir su propósito. Acercar los tribunales a quienes esperan una decisión no debilita la autoridad del Estado: la ejerce con mayor responsabilidad.

Vamos por lo que nos une. Y pocas cosas deberían unirnos tanto como el compromiso de construir una justicia que, además de ser independiente y correcta, llegue a tiempo y esté al alcance de todos.

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.