Uno a uno no llegamos

Los motoconchistas son cualquier cosa menos desorganizados. En los medios empieza a leerse la expresión “el sector del transporte informal”, que delata, por contraposición, que están perfectamente estructurados. Son un sector económico y por tanto debiera ser sujeto de control en varios campos; el fiscal para empezar.

Tienen sindicatos, asociaciones, agrupaciones. Se alquilan los motores como antes se alquilaban carros para conchar. Los puntos tienen “dueño” que decide cuántos y quiénes pueden ofrecer su servicio desde él. Y por turnos. Puntos que se traspasan como cualquier punto comercial formalizado. Hay empresas, como la famosa PedidosYa, que les emplea aunque sea “informalmente”.

Así que se sabe cuántos son y dónde trabajan. Fiscalizar a los motoristas (dedicados al transporte o no) de uno en uno en operativos ocasionales no va a resolver nunca el problema del caos que provocan. Sencillamente porque son cientos de miles en todo el país.

Pero se puede pedir a las empresas que contratan su servicio que respondan por su comportamiento en el tránsito. Obligar a los sindicatos y asociaciones que los agrupan a que les exijan una licencia si quieren trabajar.  Que les penalicen si son multados. Si combatir la informalidad es un propósito sincero, ahí tiene el Estado un campo virgen para captar a cientos de miles futuros formalizados. Cientos de miles posibles cotizantes a la seguridad social. Cientos de miles de nuevos contribuyentes. No de uno en uno, pero sí a través de sus jefes. Se asocian, luego pueden ser monitoreados.

Si Al Capone cayó por los impuestos, los motoristas y sus empleadores pueden entender las reglas de convivencia por el bolsillo, ya que ganan entre 30,000 y 50,000 pesos al mes, según se ha reportado. Los empresarios del transporte del concho -aquellos pobres padres de familia-  llegaron muy boyantes al Congreso y al Senado. Los motoconchistas tienen ese exitoso modelo de negocio como ejemplo. Reconducirlo es una decisión política.