Vergüenza consular
La transformación de las oficialías bajo la JCE
Durante décadas las oficialías del estado civil fueron un botín que se repartían entre las fuerzas políticas de la misma forma que se distribuían los miembros de la Junta Central Electoral, y los recursos que producían cobrando los servicios que ofrecían a los ciudadanos iban a los bolsillos del incumbente, que dependiendo de la condición socioeconómica y la demografía de la circunscripción, les permitía ingresos por decenas y hasta cientos de miles de pesos cada mes.
Eso cambió cuando en el año dos mil seis Roberto Rosario asumió la presidencia de la entonces Cámara Administrativa de la Junta, pues de un plumazo dispuso que todos los recursos generados por las oficialías fueran a las cuentas de la institución, recursos que utilizó para aumentar los sueldos a los funcionarios y empleados, ejecutar un programa de depuración, modernización y digitalización de los registros del estado civil y sembrar el país de oficinas de atención dignas y modernas.
Hubo resistencias y presiones políticas, pero Rosario las soportó y ahí está el resultado dos décadas después. La Junta Central Electoral se ha convertido en la institución de servicios y atenciones al ciudadano mejor valorada en todo el Estado dominicano.
Históricamente, así como funcionaban las oficialías, han operado los consulados dominicanos en el exterior, pero con esteroides. Son literalmente negocios personales que se otorgan para que los cónsules se hagan de dinero. Si los presidentes quieren hacer millonario a un amigo o compañero de partido, sólo deben nombrarlo en Puerto Príncipe o en Nueva York, y para ganarse un buen dinero en cualquier otra ciudad de Haití, Estados Unidos o España. Consulados donde pueden embolsillarse desde veinte o treinta mil dólares mensuales hasta rozar el medio millón de “verdes” cada treinta días.
Con retrasos, porque viene anunciándose hace tiempo, pero el actual gobierno comienza a dar los pasos en la dirección de terminar con esa aberración. Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la pasada semana que todos los ingresos recibidos por los servicios consulares serán manejados directamente por el Estado y depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
Una medida que irá de la mano de un incremento en escala salarial para el personal consular y aumentos en las partidas para gastos administrativos y de representación, así como las asignadas para mejora la calidad de los servicios que reciben los dominicanos en el exterior.
Deberían hacerlo de golpe y porrazo, de hoy para mañana, pues hay cero razones para extender un día más esa ignominia. Pero será de forma gradual, con la última fase a ser implementada en enero del veintisiete. Y lo realmente importante es que en esta oportunidad vayan en serio, pues tanto este gobierno como anteriores hicieron anuncios similares y nada se concretó.
No será fácil eliminar un esquema de financiación que paga favores y alimenta clientela. Cabe por tanto esperar que el presidente Abinader y el canciller Álvarez asuman el complejo desafío de erradicar de una vez y por todas esa práctica corrupta, legalizada, tolerada e impregnada en nuestra cultura política, que avergüenza y mancha la institucionalidad del servicio exterior dominicano.