¿A qué nos comprometieron?

Quizá estoy equivocada y el Estado, como sí los individuos en la vida privada, no está obligado moralmente a responder por sus actos. A convertir en cultura institucional la llamada ética de la veracidad que, en su caso, no es otra cosa que hablar a la población de manera honesta, sin subterfugios y medias tintas. Sin meandros distractivos.

En lugar de un ejercicio de esta ética de la veracidad —que hubiéramos agradecido—, la opinión pública presenció el miércoles el intento del canciller Roberto Álvarez de escamotearle razones para el cuestionamiento crítico del memorando firmado con los Estados Unidos para recibir deportados por el ICE de Trump.

Lejano está ya el tiempo en que, coordinador general de Participación Ciudadana, Álvarez prometía «un papel más vigilante y fiscalizador de los actos de gobierno». Como lejano está su reclamo a Danilo Medina de «la más amplia publicidad y transparencia» de todos «los acuerdos, memorandos de intención o entendimiento firmados con cualquier gobierno o empresa extranjera», lanzado desde el podio de la Cámara Americana de Comercio en marzo de 2019.

Ahora, y con ocasión del aludido «memorando» para recibir deportados y la renovación del acuerdo para el uso de los aeropuertos dominicanos por aviones de ese país, la publicidad y transparencia que antes eran valores se convierten en opacidad y evasivas.

Quienes en el pasado admiraron el talento intelectual del canciller Álvarez debieron sentirse descorazonados al escucharlo listar los «beneficios» que recibiremos. Hablar del programa Global Entry en una situación en que lo discutido es hasta dónde está siendo afectada la soberanía, es poco menos que patético. Lo de reciprocar el impulso estadounidense a la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) en Haití, fue pasarse de la raya al calcular nuestra idiotez colectiva.

Pero quedémonos en el memorando. El canciller Álvarez vincula la recepción de deportados al Acuerdo Nacional de Terceros Países (TCNA, por su sigla en inglés), distinto al de Terceros Países Seguros (STCA) cuyo rechazo anticipó el presidente Abinader por implicar estancias prolongadas de la persona deportada, definida en ese marco como refugiada o solicitante de asilo.

Admitamos que es así, y que la polvareda levantada obedece —en palabras del canciller— a una interpretación errónea. Es precisamente aquí cuando las sombras juegan una mala pasada: Álvarez cita a Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras como firmantes de acuerdos similares al dominicano. Si los ejemplos son válidos, el equivocado es Álvarez, porque esos países suscribieron el STCA, que posibilita al deportado buscar el reasentamiento en el país de acogida.

No es conjetura, lo dice Marco Rubio en una declaración de prensa saludando al suscrito con Paraguay: «(...) Este acuerdo ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, lo que permite a nuestros países compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país».

¿A qué realmente nos comprometieron? El olvido de la «más amplia publicidad y transparencia» impide hoy saberlo. Lo que sí nos consta es la sabiduría del viejo refrán: «una cosa es con guitarra y otra con violín».