Un gobierno vacilante

Una práctica de este gobierno que en principio pareció correcta, corregir y repensar decisiones, hoy luce como una mala costumbre de recular ante el menor atisbo de protestas, tensiones sociales o ruidos callejeros y de redes sociales.

En la mina de Los Romeros les dobló el pulso un movimiento con flojos argumentos del que se conocían financiadores y motivaciones. Y para supuestamente satisfacer las demandas del pueblo, el Presidente olvidó garantías jurídicas, inversiones realizadas y los intereses del país. Nada importó, sin advertir que en ese momento revelaba una peligrosa vulnerabilidad.

Una debilidad que ya se observa en el distrito municipal del Aguacate, donde se determinó que se levantaría una planta de manejo de residuos sólidos. No fue una decisión caprichosa, sino producto de años de estudios que establecieron la viabilidad técnica, logística y medioambiental de esta ubicación; y no será un botadero de basura al aire libre, sino una planta moderna y eficiente con los más altos estándares que existen hoy en esa industria, para clasificar y manejar los millones de toneladas de residuos sólidos que generan el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Una instalación que además resulta indispensable para iniciar el cierre técnico y la reparación medioambiental del Vertedero de Duquesa, probablemente el mayor pasivo ambiental de este tipo en toda la región. 

Para este proyecto el gobierno invitó capitales a participar en una alianza público privada, se realizaron planes de manejo, estudios de impacto y vistas públicas con la comunidad, a quienes se les escuchó y se aceptaron parte de sus exigencias y reclamos. Y cuando se completaron todos los requisitos se otorgaron los permisos.

Confiando en las autoridades los promotores invirtieron plata. Sin embargo un grupo de comunitarios de la zona se opone a la instalación de la planta bajo el argumento falaz de que se trata de un vertedero, pero además aduciendo la presencia de acuíferos que no sustenta ningún estudio medioambiental y solo existen en sus consignas. 

Después de marchas, protestas y bandidajes violentos, montaron un campamento en la entrada de los terrenos donde estará la planta, negando el accesos a ejecutivos y empleados de la empresa. Y los policías allí apostados, en lugar de retirarlos y restaurar el orden, lo que hacen es sumarse a la ilegal disposición de impedir la entrada a esos predios a sus legítimos propietarios. 

Y como ante una autoridad cobarde no valen derechos adquiridos ni acciones judiciales, todo indica que así como San Juan no podrá explotar las riquezas de su subsuelo, el Gran Santo Domingo se quedará sin solución al problema del manejo de los residuos sólidos; y en un par de años, cuando colapse Duquesa, la basura terminará de inundarnos y enfermarnos. 

El próximo capítulo va camino de producirse en la Autovía del Ámbar, a la que se oponen comunitarios con los mismos métodos y mentiras que en Los Romeros y en El Aguacate.

Locos tendrían que estar los empresarios del consorcio al que adjudicaron la obra para atreverse a invertir dinero, contando con garantías de un gobierno vacilante y temeroso, que ante el menor ruido no dudará en dejarlos enganchados y con una amarga sensación de impotencia.