Insistir en el error

El Consejo Nacional de la Magistratura viene cometiendo un error que lamentablemente van a repetir en esta nueva convocatoria para renovar once miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Se sabe que es un problema de diseño constitucional. En el dos mil diez se estableció que los jueces de la Suprema debían ser evaluados cada siete años por el CNM, un tiempo que interpretaron, y luego una jurisprudencia determinó, como un periodo de designación renovable hasta alcanzar la edad de retiro de setenta y cinco años.

El tiempo demostró que tanto lo dispuesto por la Carta Magna como la interpretación del Tribunal Constitucional fue un desacierto. Pues el Consejo de la Magistratura no cuenta con herramientas técnicas para determinar la permanencia de un juez supremo a partir de examinar aspectos como competencias profesionales y laborales, imparcialidad o calidad de las sentencias.

Y los reglamentos, procedimientos y formas como se producen esas supuestas evaluaciones también resultan improcedentes. Destrozan su legitimidad y laceran la confianza, evidenciando su carácter arbitrario. Pues no hacen otra cosa que poner de mojiganga e irrespetar el trabajo y la trayectoria de jueces cuyo desempeño no es evaluado con criterios y métricas objetivas, sino con careos irrelevantes de unos pocos minutos.  

Los que se presentan para ser evaluados quedan expuestos a ver lesionado su prestigio profesional. Ya que como la Constitución dispone que en caso de decidir la separación de un juez, el Consejo de la Magistratura debe sustentar y  motivar su decisión, los contenidos de esas resoluciones pueden afectar la reputación de los magistrados que no son ratificados.  

Ocurrió en su momento con Julio Aníbal Suárez y Miriam Germán, y el año pasado con Manuel Alexis Read, Moisés Ferrer Landrón y Pilar Jiménez Ortiz. Remociones que provocaron mucho desconcierto en la comunidad jurídica, pues si solo se tratara de evaluaciones apegadas estrictamente a su desempeño, esos jueces debieron ser confirmados sin mayores contratiempos.

Y como en esta ocasión utilizarán el mismo procedimiento, una evaluación sustentada en una breve exposición y dos o tres preguntas y respuestas, ya son cuatro los magistrados de la Suprema que decidieron no prestarse a una pantomima a la que acudirían sin garantías ni padrinazgos, para potencialmente no superar una prueba que no evaluaría sus condiciones profesionales y mucho menos su desempeño como jueces.

No se trata de cuestionar la legalidad de las actuaciones del Consejo cuando deciden designar, remover, ratificar o ascender a los jueces que les plazca. De hecho, quienes hoy ocupan asientos en esa alta corte recorrieron esos mismos caminos. Ni tampoco se pretende regatear el derecho que le asisten al presidente Abinader y al partido de gobierno de llevar a la Suprema a personas afines o con quienes tengan empatías o compromisos. A fin de cuentas fue lo mismo que hicieron sus antecesores. 

Pero pueden sustituir esos jueces con elegancia y respeto por sus investiduras, decidir entre los consejeros cuáles se van, sin bultos ni allantes, e informarles para que desistan de presentarse a esa falsa evaluación. De esa forma al menos lavarían el rostro del desacierto.