El complot contra Trujillo (y 5)
Documentos desclasificados revelan el complot de Washington contra el dictador dominicano
Las condiciones objetivas y subjetivas previas para ejecutar el complot contra Rafael L. Trujillo, estaban creadas en el plano nacional e internacional para proceder con un plan de ese calibre. El régimen no podía pasar por una posición más incómoda como la que atravesaba a finales de la década del cincuenta.
Una serie de hechos de sangre escandalosos ocurridos en esos años, habían provocado que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), con más prestigio que ahora, y el propio gobierno de Estados Unidos marcaran distancia.
En los papeles desclasificados a los que he estado refiriéndome en este serial, se revela la existencia de un documento de orientación, preparado por la División de Washington para el Estado Mayor Conjunto, en agosto de 1960, haciendo referencia sobre la planificación de una revuelta para diciembre del año anterior.
El 25 noviembre de 1960 se había producido el crimen de Patria, Minerva, María Teresa Mirabal y del chofer de éstas, Rufino de la Cruz, cuatro horripilantes asesinatos políticos que se ejecutaron en la carretera Santiago-Puerto Plata, en La Cumbre, momento en que las tres damas acudían a visitar al líder del Movimiento 14 Junio, Manolo Tavarez, esposo de Minerva.
La maquinaria asesina del régimen no paraba. El 24 de junio de 1960, 4 meses antes del crimen de las Mirabal, fracasó el intento de eliminar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, hecho en el cual murieron dos personas de su comitiva y el propio mandatario venezolano junto a otros integrantes de la cápsula presidencial, resultaron heridos. El gobierno de Venezuela anunció que el régimen trujillista era el responsable del atentado, luego de presentar a varios involucrados. El caso escaló a la OEA el 20 de agosto, órgano que votó aplicando sanciones para el país.
Aunque había ocurrido en el año 1956, no debe escapar a estas notas, el secuestro y desaparición en Nueva York del catedrático vasco Jesús de Galíndez, del que ya hicimos referencia en una entrega anterior.
La desaparición de Galíndez tuvo una connotación diplomática, pues fue raptado en territorio norteamericano, mientras Trujillo para encubrir su participación ordenó asesinar a Octavio de la Maza y a Gerald Lester Murphy, el piloto estadounidense que habría trasladado secretamente a Galíndez desde los Estados Unidos a territorio dominicano. Acordaos que Trujillo y Franco eran aliados, y Galíndez era opositor al dictador español.
El entonces subsecretario de Estado, C. Douglas Dillon, al testificar ante el Comité de Agricultura de la Cámara, ocurrido en 24 de agosto de ese año, sobre el intento de asesinato del presidente venezolano, solicitó al presidente Dwight D. Eisenhower, recortar la cuota azucarera dominicana, mecanismo que aún en estos tiempos las administraciones estadounidenses utilizan como mecanismo de presión contra los gobiernos locales.
El influyente funcionario de la administración norteamericana dijo en su disertación que esperaba que las sanciones económicas derivaran en la caída de la dictadura de Trujillo, al que Estados Unidos había apoyado hasta que se tornó imposible continuar apañando a un régimen sangriento que tambaleaba.
Cuando el 31 de mayo a las 3:41 de la madrugada, la estación de la CIA emite el cable “Flash Critic número 1”, confirmando el atentado y la muerte de Trujillo, se ordena la evacuación inmediata del país de uno de los jefes de esa unidad, Robert Owen, quien tuvo un activismo en esa dirección, así como del oficial de operaciones, Charles Cooson, y de la asistente Isabel Cintrón. Otros fueron evacuados del país. En la reunión que el vicepresidente Lyndon B. Johson sostuvo con el Departamento de Estado, hizo una pregunta puntual: sobre la autoridad y cronología de la entrega de armas a los conspiradores. Su reacción, la llevó a la tumba.