El dilema de las pensiones

Como el vaso, lleno o medio lleno, hay dos maneras de ver el aumento del gasto en pensiones bajo el gobierno del presidente Luis Abinader: despilfarro o ayuda invaluable para personas necesitadas y compensación por años de servicio. Desde 2020, el gasto en pensiones ha crecido más de 130 %, hasta comprometer alrededor del 5.53 % del presupuesto nacional en 2026, una expansión que ha encendido el debate público sobre sostenibilidad y prioridades fiscales.

Quienes critican estos incrementos, advertidos incluso por técnicos del Ministerio de Hacienda, señalan el riesgo de que la tendencia requiera más deuda pública. El crecimiento del gasto obliga a un examen serio sobre criterios de otorgamiento, más allá de la retórica asistencialista.

Hay otra mirada: las pensiones son un salvavidas social para miles de adultos mayores y vulnerables que carecen de red de seguridad. El Estado ha otorgado decenas de miles de pensiones solidarias y especiales, muchas dirigidas a quienes no alcanzaron los requisitos contributivos formales.

Más que criticar por criticar, valdría la pena exigir criterios rígidos, transparentes y centrados en evidencia para el otorgamiento de pensiones fuera del régimen obligatorio. Solo así se garantiza que quienes realmente se las han ganado o las necesitan con extrema urgencia las reciban, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal ni la justicia distributiva.