La fiscalidad dominicana al azar

La petición del obispo de La Altagracia, Jesús  Castro Marte, de regular los juegos de azar llega en un momento en que el país parece haber normalizado una patología social. Se trata de una advertencia sensata sobre un fenómeno que opera como impuesto regresivo.

Basta caminar cualquier barrio para comprobarlo. Bancas de lotería en cada esquina, máquinas encendidas desde temprano, promesas de riqueza inmediata que sustituyen al salario, al estudio o al ahorro. El azar, presentado como oportunidad, termina siendo una trampa: una economía de la ilusión que extrae pequeñas sumas diarias a miles de personas y las concentra en muy pocas manos. Una fábrica de pobreza, como bien se dijo.

La ausencia de una regulación moderna permite la expansión desordenada del negocio, diluye responsabilidades fiscales, facilita prácticas opacas y deja al jugador —sobre todo al más vulnerable— completamente desprotegido. Regular  es poner límites, exigir controles, transparentar ingresos y reconocer que el Estado tiene un deber de tutela cuando una actividad genera daño social.

Resulta llamativo que una voz eclesiástica deba recordar lo evidente. No todo lo legal es legítimo si profundiza la desigualdad. La política haría bien en escuchar menos el ruido del lobby y más el murmullo de la calle, donde el dinero que falta para la comida suele haberse quedado, una vez más, del lado equivocado del mostrador.