El peso de las pruebas

El auto de no ha lugar emitido a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta que acompaña cada gran caso de corrupción: ¿hasta dónde alcanza la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público? 

La jueza Altagracia Ramírez concluyó que los elementos aportados no eran suficientes para justificar una apertura a juicio contra ambos exfuncionarios. Sin embargo, el propio Ministerio Público sostiene exactamente lo contrario y ya anunció que apelará la decisión, alegando que hubo una valoración incorrecta de evidencias y testimonios considerados claves para sustentar la acusación.

Más allá de los nombres involucrados, el caso vuelve a evidenciar una realidad incómoda para el sistema judicial dominicano: la distancia que muchas veces existe entre las expectativas públicas generadas por expedientes de alto perfil y la capacidad de convertir esas acusaciones en procesos sólidos que superen cada filtro judicial.

También deja una lección institucional. Ni una acusación implica culpabilidad ni un no ha lugar remedia los meses de cárcel preventiva. La decisión obliga a revisar la vieja práctica del tránquenlo como castigo anticipado de una culpa que está por probarse y que, en el caso de marras, ha resultado en un no ha lugar. 

Imperativo reivindicar la presunción de inocencia y la prisión como último recurso cuando hay peligro de fuga, de destrucción de pruebas o de daño a la sociedad.