Acción cuanto antes

El clamor ciudadano no es nuevo, pero sí cada vez más insoportable. Se escucha en las esquinas, en los tapones interminables, en la resignación de quien sale con tiempo y llega tarde. Y, sin embargo, la respuesta oficial oscila entre la lentitud y la inacción, como si el caos fuera un fenómeno natural y no el resultado directo de la permisividad.

Se insiste en planes, estudios y soluciones estructurales para el tránsito, pero se evade lo esencial: el incumplimiento sistemático de la ley. No hay política pública que resista el desprecio cotidiano por las normas. Mientras la imprudencia no tenga consecuencias, cualquier reforma será apenas cosmética.

El ejemplo más evidente es el de los motoristas. No se trata de estigmatizar, sino de exigir lo mínimo: respeto a los semáforos, a las vías, a la vida propia y ajena. Obligar a detenerse en rojo es el punto de partida de cualquier intento serio de orden. Nada tiene de draconiano.

La autoridad no puede seguir negociando con el desorden. La ley no es una sugerencia. Si el Estado no es capaz de hacerla cumplir en algo tan básico como un semáforo, entonces ha renunciado, de hecho, a gobernar el espacio público.

El tránsito no mejorará con discursos. Mejorará cuando incumplir duela.