La transparencia

El reconocimiento de las Naciones Unidas al notable avance de la República Dominicana en materia de transparencia presupuestaria merece ser celebrado. Que la Dirección General de Presupuesto haya elevado su puntuación de apenas 12 a 82 puntos en los indicadores internacionales demuestra que, cuando existe voluntad institucional, es posible transformar la gestión pública y acercarla al escrutinio ciudadano. 

Ese progreso, sin embargo, también deja al descubierto una realidad menos alentadora: la transparencia continúa siendo una excepción en buena parte del Estado. Mientras algunas instituciones publican información de manera proactiva, muchas otras han convertido la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en un escudo para retrasar respuestas que deberían ser inmediatas.

El procedimiento se ha burocratizado hasta el absurdo. Ante solicitudes de periodistas y ciudadanos, la reacción automática suele ser invocar los plazos legales, aunque la información exista y pueda entregarse en cuestión de horas. La norma, concebida para garantizar un derecho, termina utilizándose para dilatarlo.

El resultado es conocido: cuando finalmente llega la respuesta, el interés público se ha disipado y la rendición de cuentas pierde eficacia. Es una transparencia de calendario, no de convicción.

La experiencia de la Digepres demuestra que otro modelo es posible. El desafío consiste ahora en extender esa cultura al conjunto de la administración pública.