Restituir derechos, contener el poder

Sentencia tras sentencia, el Tribunal Constitucional ha ido trazando una línea jurisprudencial que fortalece las libertades públicas y recuerda a las autoridades que el poder tiene límites. A menudo son casos aparentemente menores. Sin embargo, en ellos se define la calidad de una democracia.

La decisión que impide al Ministerio Público y a otras autoridades retener cédulas o pasaportes sin un proceso penal o una orden judicial pertenece a esa categoría. A primera vista parece un simple litigio sobre documentos. En realidad, reivindica el derecho de toda persona a no quedar atrapada en un limbo jurídico por la sola voluntad de un funcionario.

La Constitución no concibe derechos sujetos al capricho administrativo. Si el Estado entiende que alguien ha cometido un delito, dispone de mecanismos legales para investigarlo y someterlo a la justicia. Lo que no puede hacer es sustituir el debido proceso por medidas de hecho que restringen la libertad de tránsito, dificultan el acceso al trabajo y limitan el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Las democracias también se erosionan cuando pequeñas arbitrariedades terminan normalizándose. Esta sentencia merece celebrarse. Restituye un documento, sí, pero, sobre todo, devuelve al ciudadano la certeza de que la Constitución sigue siendo el principal dique frente al autoritarismo que siempre acecha detrás de cualquier resquicio del Estado.