La política de la humillación en EE. UU.

Una sociedad civilizada es una sociedad en la que las instituciones no humillan a las personas. En cambio, una sociedad decente es aquella en la que las personas no se humillan entre sí. Esta idea, se puede decir, es la brújula sobre la que el filósofo israelí Avishai Margalit articula los principios de filosofía moral que atraviesan su libro La sociedad decente.

La etimología de la palabra humillar hunde sus raíces en el griego humus (tierra), pasa al latín como humiliare, que significa, en esencia, hacer que alguien se postre o se arrastre por el suelo. Evitar la humillación, por tanto, es una cuestión que subyace a toda la teoría y las prácticas institucionales sobre las que se fundan la democracia y el Estado de derecho.  

El ideal de la democracia liberal, que a lo largo de casi 250 años de historia terminó echando raíces en Estados Unidos de América -luego de la Enmienda de la Emancipación, de la etapa de la Segunda Reconstrucción impulsada por el New Deal bajo el liderazgo de Roosevelt, del desmonte de las leyes de Jim Crow y la llamada Revolución de los Derechos Civiles-, ha estado signada por la idea de que todas las personas merecen idéntica protección y respeto. De que todas son iguales ante la ley.  

Pero con el ascenso al poder del presidente Donald Trump en 2016 y, sobre todo, con su retorno tras las elecciones de 2024, se institucionalizó en EEUU un marco de ideas y de prácticas políticas singularmente contrarios a cualquier noción de democracia, y peligrosamente cercano a las peores formas del despotismo.

El tratamiento de la oposición política no como el adversario a vencer, sino como el enemigo a aniquilar, la permanente humillación de las minorías, tanto en el discurso como en los hechos, la carga profundamente misógina de su accionar, el auspicio institucional explícito de la violencia contra cientos de miles inmigrantes, no son solo típicas manifestaciones de indecencia, en el sentido atribuido por Margalit a este término.

Son el modo operativo de una visión despótica del gobierno, en estado puro. Una visión en la que el marco constitucional no importa, en la que se puede prescindir de las elecciones de medio término, en coherencia con su idea de que un resultado electoral solo es legítimo su le es favorable, en la que se puede recomponer a la imagen de las expectativas del gobierno el mapa de los colegios electorales, abrir investigaciones penales contra quien se oponga, desde puestos de poder, a las determinaciones del gobernante, o que convierte un organismo de control migratorio en una fuerza paramilitar que ritualiza sus crímenes al amparo de un discurso oficial que promete impunidad a sus ejecutores.

Para no hablar del uso abusivo de la prerrogativa para indultar criminales por el solo hecho de que cometieron sus crímenes en defensa del más soberbio acto de criminalidad política: el intento sin precedente de evitar el traspaso de mando que imponía el resultado electoral de noviembre de 2020 bajo un infundado alegato de fraude, consistentemente desmentido por los hechos, por los tribunales y por las autoridades electorales de todos los estados en disputa.

En la base de todo lo anterior está la intención declarada, dirigida a los electores blancos de “hacer bandera de la jerarquía racial” para acceder nuevamente al gobierno (referido por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en La dictadura de la minoría. Cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos. Ariel, 2024).

El ensañamiento contra la población inmigrante, la construcción discursiva del inmigrante como sinónimo de criminal, de sujeto que no alcanza la estatura de humano, que merece el desprecio y la violencia por su sola condición es, quizá, la más alta manifestación de la política de la humillación que ha venido instalando en su segundo mandato el presidente Donald Trump. Todavía está fresca la expresión más trágica de esta práctica de institucionalización de la violencia como manifestación extrema de la humillación: los asesinatos de dos manifestantes contra la militarización de ICE, en Minneapolis.

Pero parece que el desenfreno y el carácter disoluto con que se ha manejado en este primer año de gobierno la administración Trump, ha encontrado en su propia forma de actuar, su talón de Aquiles. La noción de “velocidad de salida”, acuñada por el ex-asesor Steve Bannon, parece que le está pasando factura.

Hace apenas tres días, Erza Klein, columnista de The New York Times, volvía a escribir sobre este concepto en un artículo titulado Trump se ha superado a sí mismo: “La velocidad de salida, en su sentido literal, describe la velocidad feroz de una bala en el momento en que sale de la parte frontal de un arma. El término surgió de una entrevista que Steve Bannon, exjefe de estrategia del presidente Trump, concedió en 2019. "Solo tenemos que inundar la zona", dijo Bannon. "Todos los días los atacamos con tres cosas. Si muerden una, lograremos todo. ¡Bang, bang, bang! Estos tipos nunca, nunca podrán recuperarse. Pero tenemos que empezar con la velocidad de salida".

La estrategia de la administración Trump durante el último año, prosigue Klein, “ha sido actuar con tanta rapidez, con tanto esfuerzo, que la oposición nunca pudo encontrar su lugar. Esta fue la intuición de Bannon, y era real: la atención es limitada. Los medios, la oposición, el electorado, solo pueden concentrarse en un ámbito limitado. Si se sobrepasa su capacidad de atención, se sobrepasa su capacidad de pensar, organizarse y oponerse.

“Pero lo que le estás haciendo a la oposición también te lo estás haciendo a ti mismo. "Es una estrategia que te obliga a extralimitarte", escribí el año pasado. "Para mantener la zona inundada, tienes que seguir actuando, seguir moviéndote, seguir creando nuevos ciclos de indignación o miedo. Te abrumas". Y eso es lo que pasó. La administración Trump está abrumada por su propia violencia, su propia crueldad, sus propias mentiras, su propio caos. No hay nada inusual en que una presidencia se vea abrumada por las crisis. Lo inusual de la administración Trump es que ella misma ha creado esas crisis”.  

Las encuestas más recientes muestran unos índices de aprobación tan bajos, que solo son superados por los exhibidos por el propio Trump en los peores momentos de su primer mandato. No obstante, es erróneo pensar a estas alturas las instituciones salvarán a los Estados Unidos de la deriva autoritaria en que se encuentra. Esta es una tarea que corresponde aun ejercicio militante de virtud cívica, como ya ha empezado a ponerse manifiesto en muchos estados clave de ese gran país. Esto es especialmente relevante, luego del guiño presidencial sobre la no necesidad de las elecciones del próximo noviembre. 

Hay que tomarse siempre muy en serio lo que dicen los líderes autoritarios. Su especialidad es “hacer cosas con palabras”, en un sentido que nunca imaginó John L. Austin. El delirio autoritario de Trump solo lo puede frenar el pueblo estadounidense. Ese pueblo al que tan solemnemente se refiere primera línea de la más antigua Constitución vigente del mundo moderno, y cuya más notable resignificación la llevó a cabo el profesor Buce Ackerman en los tres volúmenes de su monumental We the People. El mismo pueblo que hizo posible el Nuevo Pacto, las leyes sobre derechos civiles y el derecho al voto en los años 60 del siglo pasado, así como las líneas de jurisprudencia más emblemáticas de la Corte Suprema contra toda forma de humillación.