Accidentes de tráfico y violencia criminal

El pasado 17 de abril el país fue testigo de una morbosa transmisión, casi en directo, de: una larga persecución, las consignas enardecidas de un grupo de motoristas que llamaban a matar, los impotentes pedidos de auxilio de la víctima, la agresión, la estocada final y la muerte posterior de Deivy Abreu Quezada. Ocho agresivos motoristas son sindicados por el Ministerio Público como responsables del hecho, que iniciara en las inmediaciones del ensanche Bermúdez de Santiago, al parecer por un confuso accidente de tráfico. Uno de ellos permanece prófugo en el momento en que redacto este artículo.

Según una crónica de Diario Libre fechada el 20 de abril, la víctima alcanzó a narrar parte del camino hacia la colina de su propio calvario: “Me interceptaron en el camino para matarme, ellos me atravesaron un motor en el medio, está grabado allá arriba en la cámara. Me paré en el cuartel y no me hicieron nada”. Cuenta la reportera Anyara Solano, bajo cuya firma aparece la crónica, que desesperado por encontrar ayuda, “y tras el fracaso en su intento de refugiarse con las autoridades, el hombre continuó su angustioso relato mientras se desangraba: ‘Me quieren matar aquellos, me quieren matar, policía’, decía mientras señalaba a quienes lo perseguían”.

Tal vez con la esperanza de que allí encontraría la urgente protección que demandaba su situación, entró con el camión que manejaba  al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago. Pero como decía en su columna de hace dos días en el periódico Hoy la doctora Carmen Imbert Brugal -evocando una contundente afirmación de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, en otra ocasión infausta-, “falló todo”: los agentes responsables del orden, la compasión ciudadana, la imagen de autoridad que, con sus jueces, sus fiscales, su personal de seguridad, y su majestuosa simbología -con esa diosa vendada y su imponencia arquitectónica-, estaba llamada a ofrecer la casa de la justicia de la segunda ciudad del país. “Falló todo”.

Se trata de una verdadera tragedia que, como ocurre cada cierto tiempo, nos coloca de frente ante los demonios que puede desatar la normalización cotidiana del incumplimiento de la ley. También nos lleva a reflexionar sobre los niveles de violencia social que se expresan particularmente en una labor tan cotidiana y necesaria como transitar en la vía pública, con la carga de estrés y de predisposición a la ira que derivan de ese revoltillo explosivo cuyos principales componentes son el caos, los entaponamientos del tráfico, el calor, el ruido y esa avalancha constante de infracciones de tránsito que, cuando en ese contexto se traducen en accidentes, con frecuencia son capaces de sacar lo peor de nuestra condición.

Porque el crimen de los motoristas de Santiago, con sus alucinantes peculiaridades y la pavorosa impresión de su transmisión simultánea por las redes sociales, no es un hecho aislado en el universo de la violencia criminal asociada a los accidentes de tránsito en nuestro país. Los motoristas son un capítulo, relevante sin duda, pero la cuestión viene de lejos y atraviesa todos los estamentos y condiciones sociales.

Decidí escribir sobre este tema porque leyendo las crónicas del crimen de Santiago, me acordé de un accidente ocurrido hace varios años en una céntrica intersección del Distrito Nacional, en el que dos hombres en sendos vehículos de lujo, tras un accidente menor del que ambos salieron ilesos, se mataron recíprocamente con el arma que cada uno portaba. 

Y el recuerdo de esa otra tragedia me llevó a una breve revisión de la prensa de los últimos años. Y, entre otros muchos motivos de espanto, de análisis y de la constatación de la necesidad de una intervención política que se ha manifestado cuando menos ineficiente, encontré que el 28 de junio de 2017, el Listín Diario informaba que “en los últimos seis años al menos nueve personas han sido ultimadas a tiros por conductores enardecidos, en la mayoría de los casos porque sus vehículos fueron rayados por otros en accidentes y por disputas por estacionamiento”.

Encontré que el periódico digital Acento reportaba, el 1º de julio de 2025, la entrega de un sospechoso de la muerte “de un coronel del Ejército, tras roce entre vehículos”. Que el 29 de septiembre de 2024, el Nuevo Diario reproducía las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en las que daba cuenta del fallecimiento de una joven de apenas 16 años, luego de haber sido herida de balas tras un accidente de tránsito en el Distrito Nacional”.

También que el jueves 23 de noviembre de 2023, Noticias Telemicro informó que le había sido dictada medida de coerción, consistente en seis meses de prisión preventiva, a una persona señalada de la muerte a tiros de un joven “en un confuso accidente de tránsito en la avenida José Contreras del Distrito Nacional”.

Los casos señalados resultaron de una búsqueda rápida, de no más de 15 minutos, en las versiones digitales de los medios consultados. Y solo se refieren a situaciones que tuvieron la muerte como desenlace. Esto parece sugerir que hay un tipo específico de violencia, con frecuencia letal, asociada al tráfico vehicular, al porte de armas, al nivel de estrés que resulta de las condiciones del tránsito en nuestras calles y carreteras.

La conjetura anticipada sobre cómo reaccionar en caso de tener un accidente, ante la posibilidad de ser objeto de una agresión adicional, es una experiencia que mucha gente se plantea. He sido testigo de muchas conversaciones entre amigos en las que el protocolo de actuación frente a esa contingencia, ha sido un tema. Y lo que hay de trasfondo en este ejercicio es miedo, esa primitiva emoción alojada en la amígdala de todas las especies de mamíferos, que nos asalta cuando nos sabemos en peligro.

En otras palabras, transitar por nuestras calles y carreteras se ha convertido en un motivo de miedo que, con frecuencia, actúa en sí mismo como un elemento gatillador de la violencia.

Por eso, más allá de sus circunstancias particulares, la trágica muerte de Deivy Abreu Quezada el pasado 17 de abril, debe ser entendida, también, como parte de una problemática estructural: la práctica específica de la violencia, con frecuencia letal, asociada a incidentes de tránsito. Y cuando se mira el fenómeno en retrospectiva solo queda, flotando en el viento, una pregunta: ¿hasta cuándo tendremos que seguir atestiguando que “falló todo”, sin que se hagan efectivas las medidas básicas de cumplimiento de la ley que nos permitan transitar con mayor seguridad y menos miedo por nuestras calles y carreteras?