Ley y orden

Este verano tórrido amenaza con sacar de sus cabales a la humanidad. El calor extremo solivianta el ánimo. Bajo su rigor se tejen despropósitos y todo tiende a verse en tonos oscuros.

En nuestro país hay temas candentes: queman ante el más leve contacto. Y se convierten en ríspidos en la medida en que más se acerca el torneo electoral del 2028, pues las pasiones se ahondan y las ambiciones se desbordan.

En el ámbito económico existen temas que están calientes (en la mente de los ciudadanos). Por ejemplo, el bajo tono en que late la economía; la tortuosa adecuación de indicadores relevantes, tales como, pero no únicamente, las tasas de interés; la insuficiente competitividad de la economía; la reforma fiscal hecha en forma acelerada y sorpresiva sin solucionar los problemas graves que afectan las finanzas públicas; la erosión progresiva del monto de la inversión pública; la insuficiente atención al campo, desprovisto de quienes “le escriban” y de políticas que le den apoyo efectivo.

Proyectos tan relevantes como el de la reforma laboral se acometen con visión nublada para no ver lo esencial, y se pretende imponerla para complacer intereses que hacen daño a la estructura económica, en vez de acometerla teniendo en la mira dar un salto histórico en el umbral de desarrollo del país.

El proceso de desnacionalización continúa su marcha al parecer indetenible. Se tocan los pétalos externos (deportaciones intermitentes con retornos recurrentes), pero se dejan intactas las raíces conectadas con fuertes intereses económicos. Son estos los que amamantan un mercado laboral informal sin protección social plagado de inmigrantes ilegales que sustituyen el trabajo de dominicanos, apartados por la fuerza de los hechos de actividades agropecuarias, construcción y algunos servicios.    

En otros ámbitos existen preocupaciones de índole parecida, verbigracia las relativas a la preservación de la libertad de expresión en contraposición al derecho a no ser difamado, o las restricciones a publicar encuestas sobre simpatías de eventuales candidatos e informarse de sus resultados.

O se contempla con estupefacción y rabia las colas kilométricas de vehículos atrapados por los tapones que se forman en las arterias de Santo Domingo, sin solución a la vista (a la par que en las calles perviven los eternos conchos y moto conchos). Y la circulación caótica de vehículos pesados en las carreteras del país en violación de las leyes de tránsito, sin que nadie se interese por imponer soluciones, educar o penalizar comportamientos inapropiados.

Y, ¿qué decir de los ruidos causados por bocinas estridentes colocadas en vehículos, colmados o en cualquier lugar que les apetezca a los contertulios, casi siempre asiduos consumidores de productos estimulantes, que hacen caso omiso del derecho de la gente a vivir en tranquilidad, sin ruidos ni escándalos, protegidos en ocasiones por las mismas autoridades llamadas a suprimir esos excesos.

O la demora en la solución de conflictos de propiedad en los tribunales del país, cuyas sentencias llegan cuando ya el tiempo acaecido las convierte en nada, pues no hay peor injusticia que la que se comete cuando se duermen los expedientes en las gavetas judiciales.

Pero lo que más pesa es la sensación de que el principio de autoridad se ha degradado. Los “chivos sin ley” campan a su antojo y no se adoptan decisiones necesarias si por asomo tocan engranajes del rosario de exigencias de quienes en nombre del populismo defienden intereses que chocan con el progreso de la nación.

El pasado fin de semana, compartiendo con unos amigos entrañables, llegamos a la conclusión de que el país demanda, por encima de cualquier otra consideración, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden.

Urge poner orden (función primaria de los Estados) y que cada funcionario, desde los más encumbrados hasta los más bajos cumplan con las responsabilidades puestas a su cargo.

No es el presidente de la República quien debe resolverlo todo. Son los funcionarios los llamados a cumplir a rajatabla con sus obligaciones y, de lo contrario, salir de las funciones que ocupan.

Quedan menos de dos años para las elecciones del 2028. Al primer mandatario de la nación le vendría muy bien terminar su mandato dejando un legado: ley y orden. Y acelerando la realización de las obras en proceso.

Los “me gusta” de las redes y los sondeos de opinión no deberían desviarlo de su misión más trascendente: dejar al país en mejores condiciones de cuando lo recibió. Resolver los problemas, no amamantarlos ni dejarlos a mediatinta. Su cita es con la historia, no con estructuras ni apetencias partidarias.