La debilidad institucional

A principios del siglo XX, con una hacienda pública sumida en el desorden desde años atrás, el país perdió el control del uso del ingreso aduanero al hacerse imposible satisfacer el servicio de la deuda. En 1916 se produjo la ocupación militar del terruño hasta 2024.

En ese entonces, al igual que ahora, se trataba de deuda contraída mediante la colocación de bonos soberanos, emitidos sin conexión con la inversión pública.

La mejor manera de evitar que episodios tan traumáticos se repitan es la de mantener un control estricto en el endeudamiento. Sin embargo, tal medida preventiva luce tan alejada que ni siquiera se presiente.

 En el fondo, el problema es de débil institucionalidad. Los últimos gobiernos han perfilado con sus técnicos medidas profundas de reforma de la hacienda pública, pero no se han atrevido a llevarlas a cabo en su integridad. Se han puesto en vigencia remiendos para paliar las dificultades del momento.

La contraparte de todo esto es la lucha por el control del poder basada en el desgaste del adversario, siempre negado a diferenciar lo que son medidas ancladas en el interés nacional de las que no lo son.

Los líderes políticos le temen al costo de las decisiones. La oposición espera agazapada para oponerse a lo que es imprescindible, pero desgasta al adversario.

Las medidas correctivas se posponen y vuelven a posponerse, en vez de introducir los correctivos internos para equilibrar las cuentas públicas. Es como jugar a ver a quien le explota la vejiga inflada que se pasa de mano en mano.

El país queda sometido a lo que la suerte le depare, colocado en territorio vulnerable por el equipo de turno de cada gobierno que administra la función pública.

No es asunto nuevo. Atañe a administraciones de distintos colores partidarios. En el pasado se atribuía al flagelo de la reelección. Esa excusa ya no es válida.

No es casualidad que en el vórtice de este drama se encuentren unas finanzas públicas derrengadas, cual si mulo pateado en mal lugar.

Las características básicas son: Gasto corriente desproporcionado, promiscuidad en los subsidios, penuria en la inversión pública, carga de intereses pesada, transferencias costosas para no tener que equilibrar las cuentas del sector eléctrico, ni eliminar la cuasi fiscal… Y, por el lado de los ingresos, un impuesto al valor añadido mostrenco, exenciones descontroladas…

Hay otros aspectos que merecen ser resaltados como muestra de debilidad institucional.

Dentro de ese panorama resalta la insuficiencia del aprendizaje en las escuelas y las dificultades cada vez más evidentes para enseñar a los estudiantes a pensar. O el tránsito. ¿Es tan difícil poner en orden a los motoristas? ¿Obligar a los vehículos pesados a circular por la derecha en las carreteras? O el ruido. ¿Es tan extraordinario silenciar a los pesados aparatos de sonido que alborotan el vecindario con su estrépito, a veces con permiso de la propia autoridad?

También tiene peso propio la existencia de un mercado laboral repleto de inmigrantes haitianos de permanencia ilegal en nuestro suelo, de escasa formación educativa: dominan el trabajo agrícola, de la construcción y servicios, mientras otros inmigrantes de origen diferente ocupan posiciones cimeras en empresas diversas, incluyendo las de zonas francas. Al dominicano, atrapado con fuego por abajo y fuego por arriba, solo le queda emigrar o aceptar condiciones de trabajo precarias.

El inadecuado funcionamiento de las instituciones es la causa eficiente de la mayor parte de los problemas que dificultan que el desarrollo avance en forma sostenida, junto al crecimiento económico.

Un país en que sus líderes eluden adoptar decisiones básicas por temor al costo político y cavan una fosa profunda de endeudamiento, sin reparar en sus consecuencias futuras; en que la educación no enseña a pensar; la falta de transporte público y de organización impide desplazarse con fluidez; los peatones no encuentran por donde caminar con seguridad, puede presentar cifras de crecimiento económico, pero con debilidades que lo muestran anclado en pie de barro.

Una nación en la que su población anhela emigrar; el nativo no encuentra suficiente trabajo con protección social; la inmigración irregular ocupa cada día segmentos más amplios del mercado informal; el ruido se impone y amenaza con dejar sorda a la población; los tribunales duermen los casos hasta que pierden sentido…, es un país cuya economía puede estar creciendo, pero se desarrolla con más lentitud de lo deseable.

Se necesitan cambios que incidan en lo cualitativo. Y la llave maestra se encuentra en las instituciones: no funcionan en la medida de lo necesario. Se depende en demasía del presidencialismo. Y los presidentes no pueden suplir el trabajo de los funcionarios, a quienes debe exigirse mayor responsabilidad en la solución de los asuntos bajo su cargo.