¿Y si el acuerdo fracasa?

Hace unas semanas formulé una pregunta deliberadamente incómoda sobre Venezuela: ¿qué ocurriría si el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela funciona?

La pregunta partía de una secuencia que Washington ha presentado con relativa claridad: estabilización, reconstrucción y, posteriormente, transición democrática. Mi argumento era sencillo: si las primeras dos etapas funcionan, la Venezuela que llegue a la tercera no será la misma que inició la primera. Habrán cambiado actores, intereses, expectativas y posiblemente la correlación de fuerzas.

En aquel artículo dejé fuera el escenario contrario.

Conviene ahora formularlo: ¿y si el acuerdo fracasa?

No existen razones suficientes para afirmar que eso esté ocurriendo. Hay señales en sentido contrario. Chevron ha anunciado inversiones superiores a US$7,000 millones para llevar su producción venezolana cerca de 600,000 barriles diarios hacia 2031. GeoPark contempla otros US$7,000 millones a largo plazo. (S&P Global Energy).

No estamos haciendo un pronóstico. Este artículo, como el anterior, utiliza el análisis de escenarios: explora futuros posibles, no para predecir cuál ocurrirá, sino para comprender mejor sus implicaciones.

Venezuela tiene petróleo. Pero tener las mayores reservas probadas del mundo y convertirlas nuevamente en una industria capaz de producir competitivamente a gran escala son cosas diferentes.

Después de años de deterioro, hacen falta infraestructura, tecnología, capital y, sobre todo, tiempo.

El proyecto de GeoPark en el campo Bare pretende multiplicar varias veces su producción durante la próxima década. (S&P Global Energy).

En la reciente cumbre energética de Caracas, especialistas identificaron otro obstáculo elemental: electricidad.

Venezuela enfrenta un déficit superior a 1,500 megavatios. Sandra Conde, de CAF, estima en unos US$5,000 millones la rehabilitación y automatización del sistema.

La paradoja es difícil de ignorar: Venezuela necesita producir más petróleo para financiar su reconstrucción, pero necesita reconstruir partes importantes del país para producir mucho más petróleo.

Después viene el dinero.

Una autorización de Washington puede abrir una puerta. No consigue necesariamente que un banco financie el proyecto, una aseguradora cubra el riesgo o un inversionista comprometa miles de millones durante décadas. Especialistas han advertido sobre esa distancia entre autorización regulatoria y viabilidad comercial.

Y detrás aparece la deuda.

S&P Global Ratings estima las obligaciones externas soberanas y cuasisoberanas venezolanas entre US$150,000 y US$200,000 millones. Reestructuraciones de magnitud comparable han requerido años.

Los plazos se acumulan: años para reorganizar la deuda; cinco años en el horizonte anunciado por Chevron; más de una década para determinados objetivos productivos; y compromisos petroleros que pueden extenderse durante veinticinco años.

Ese es el tiempo de las inversiones.

La política tiene otro reloj.

Delcy Rodríguez no dispone de una década para demostrar que el nuevo arreglo funciona. La sociedad venezolana tampoco necesariamente esperará tantos años para percibir sus beneficios. Washington tampoco tiene tiempo ilimitado: Trump llega a las elecciones de medio término de noviembre con bajos niveles de aprobación y el control del Congreso nuevamente en disputa. Después vendrán otros ciclos electorales y, eventualmente, otra administración. La oposición venezolana tiene también su calendario. Y una eventual transición democrática, el suyo.

Ahí puede estar una de las vulnerabilidades de la estrategia.

Un proyecto puede ser económicamente viable a largo plazo y fracasar políticamente antes.

No porque el petróleo no llegue. Porque llegue demasiado tarde.

Existe además otro riesgo: las instituciones.

Diversos sectores han planteado interrogantes sobre la seguridad jurídica del nuevo arreglo y la capacidad de autoridades interinas para asumir compromisos de tan largo plazo. Esa incertidumbre puede afectar la confianza de los inversionistas.

Nada de esto significa que el acuerdo vaya a fracasar.

Significa que resultados económicos que requieren años deben generar credibilidad política mucho antes.

Y si esa credibilidad no llega, no solamente cambia la economía. Cambian nuevamente los intereses.

Ahí regresamos a Delcy.

Después de la captura de Nicolás Maduro, la correlación de fuerzas había cambiado radicalmente y su margen de maniobra se había reducido drásticamente.

Desde esa posición profundamente asimétrica, Delcy negocia. No de igual a igual con Washington, sino intentando preservar poder, obtener resultados y administrar las concesiones que impone la nueva realidad.

El costo comienza a observarse dentro del propio chavismo. Mario Silva e Iris Varela han criticado públicamente la colaboración con Washington; Elías Jaua habla de “tutela” y reclama que cualquier acuerdo sea decidido entre venezolanos; y desde las propias bases del PSUV aparecen voces que hablan de entrega y traición.

Para Delcy, el tiempo importa tanto como el resultado.

Si la economía mejora, puede argumentar que aceptar la nueva realidad permitió estabilizar Venezuela y recuperar crecimiento. Pero si los resultados tardan demasiado, habrá pagado el costo político de las concesiones antes de recibir el beneficio que debía justificarlas.

Y el fracaso también crea intereses.

Los sectores más duros del chavismo tendrían incentivos para reivindicar posiciones abandonadas. Washington podría desarrollar mayor aversión a una transición que perciba como desestabilizadora. Una sociedad frustrada podría valorar de manera diferente los costos y beneficios del nuevo arreglo.

Por eso sería tentador construir una ecuación sencilla: fracasa la recuperación, se debilita Delcy; se fortalece María Corina Machado; llega la transición democrática.

No necesariamente.

El fracaso económico puede debilitar a quien gobierna y, simultáneamente, deteriorar las condiciones bajo las cuales tendría que gobernar quien venga después.

La oposición podría confirmar un argumento importante: no existe reconstrucción sostenible sin instituciones, seguridad jurídica y legitimidad democrática.

Pero tener razón no significa heredar un país más fácil de gobernar.

El dilema alcanza también a Washington.

Estados Unidos ya no observa Venezuela desde fuera. Su participación en la nueva arquitectura petrolera y financiera aumenta su influencia y lo vincula también a sus resultados.

Si la estabilización no produce resultados a tiempo, ¿qué hace Washington?

¿Presiona más a Delcy? ¿Acelera la transición? ¿Preserva un arreglo imperfecto por temor a mayor inestabilidad?

Ninguna opción es sencilla.

Estabilización. Reconstrucción. Transición.

En el papel parecen tres etapas sucesivas. En la realidad, tienen relojes diferentes.

En el artículo anterior examinamos cómo el éxito podía crear nuevos intereses y modificar las condiciones políticas antes de llegar a la transición.

El fracaso también crea intereses, modifica la correlación de fuerzas y tampoco conduce automáticamente a la tercera etapa.

El éxito no garantiza la democracia. El fracaso tampoco la produce.

Venezuela necesita que la recuperación económica funcione. Pero necesita también que funcione a tiempo.

Porque el petróleo puede esperar diez años debajo de la tierra.

La política no.