El fantasma de la estanflación
Consecuencias económicas de un posible barril de petróleo a 200 dólares
La guerra en Medio Oriente entró el miércoles pasado en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán agravaron el conflicto atacando infraestructuras energéticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un choque petrolero de proporciones históricas. Israel bombardeó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. A su vez, Irán respondió con ataques directos contra el complejo gasífero Ras Laffan, en Catar.
El presidente Trump negó que Estados Unidos tuviera conocimiento previo del ataque israelí y afirmó que este país cesará su ofensiva contra instalaciones iraníes de gas y crudo. Al mismo tiempo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear las infraestructuras de Catar, el ejército estadounidense volará sus yacimientos de gas. Incluso amenazó con destruir las plantas eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Ormuz.
El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.
Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10 % de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad precio de la demanda cercana a -0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del 100 %. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares. Si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto resultaría más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica. En un escenario de reducción de un 20 % de la oferta disponible de crudo, su precio se situaría en el entorno de los 200 dólares.
En Estados Unidos, las disrupciones del flujo de petróleo durante la década de 1970 provocaron en dos ocasiones el fenómeno conocido como estanflación, caracterizado por la coexistencia de estancamiento económico e inflación. El embargo petrolero impuesto por la OPEP en 1973, como reacción al apoyo de la Casa Blanca a Israel durante la guerra de Yom Kipur, triplicó el precio internacional del crudo. Como consecuencia, la tasa de desocupación alcanzó un 9 % y la inflación un 12 % en 1974. La revolución iraní de 1979 provocó una fuerte caída en la producción petrolera de esa nación, lo que incrementó el precio del crudo a más del doble. El resultado en Estados Unidos fue una caída de la actividad económica acompañada de una inflación de un 14 % a mediados de 1980.
En junio de 2008, el precio del crudo subió hasta un nivel equivalente a 209 dólares de 2026, muy por encima del precio de 1974 (71 dólares de 2026) y de mayo de 1980 (158 dólares de 2026); sin embargo, no se registró una estanflación, sino solo una recesión. La mayor credibilidad de la Reserva Federal, la aplicación de una política monetaria consistente con el anclaje de las expectativas, salarios reales más flexibles y una menor dependencia del petróleo en términos del producto interno bruto (PIB), explican por qué no se repitió en Estados Unidos un aumento de precios como el observado en los años setenta, década marcada por una intensa politización de la Fed. En la actualidad, Estados Unidos es un exportador neto de combustibles y cuenta con un banco central de probada fortaleza institucional, factores que reducen la probabilidad de una estanflación.
Los países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, son los más vulnerables frente al aumento de precios y la menor disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales, lo que eleva el riesgo de caer en una estanflación. Las consecuencias del racionamiento ya han comenzado a sentirse en los países asiáticos de ingreso medio que se abastecen en gran medida del crudo proveniente del Golfo Pérsico.
La República Dominicana se encuentra entre los países con mayor exposición a un choque petrolero. Las importaciones de hidrocarburos representan alrededor de un 3.8 % del PIB, un porcentaje que podría subir significativamente, como lo hizo entre 2011 y 2013, cuando alcanzó en promedio un 7.6 % del PIB, en un contexto en el que el precio del crudo WTI superó los 95 dólares. Para ese entonces, el financiamiento derivado del acuerdo de Petrocaribe y las exportaciones de oro amortiguaron el impacto sobre la estabilidad macroeconómica. En 2022, el precio del WTI volvió a colocarse alrededor de los 95 dólares por barril y las importaciones de hidrocarburos alcanzaron un 5.4 % del PIB. Ese año el subsidio semanal promedió 745 millones de pesos y registró un máximo de 1,800 millones de pesos entre el 11 y el 17 de junio.
Si en 2026 el precio promedio del WTI se coloca entre los 100 y los 150 dólares y se asume una elasticidad precio de -0.1 combinada con un aumento proporcional de los precios en el mercado interno, las importaciones se colocarían entre un 5.2 % y un 7.2 % del PIB. Ese resultado implica que el incremento de los precios de los combustibles tendría un impacto negativo sobre las cuentas externas y fiscales, lo que obligaría a elevar la deuda pública y a utilizar parte de las reservas internacionales para amortiguar el nuevo choque de oferta.
Dada la restricción internacional que impone la postura de la Reserva Federal, el Banco Central de la República Dominicana no podría aplicar una política monetaria expansiva para amortiguar el efecto recesivo del encarecimiento de los combustibles. Por el contrario, para asegurar el anclaje de las expectativas de inflación -y minimizar variaciones de precios de segunda vuelta- es recomendable que en la reunión de política monetaria de finales de este mes se mantenga la tasa de interés en el 5.25 %. Asimismo, el comunicado de política debería enfatizar que las autoridades darán un seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles. De este modo, se enviaría una señal al mercado de que el Banco Central está preparado para subir la tasa de interés de referencia en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica y exorcizar el fantasma de la estanflación.