Dos o tres verdades sobre la seguridad social Dos o tres verdades sobre la seguridad social

La puesta en marcha de una nueva Ley de Seguridad Social fue tal vez la medida económica de mayor relevancia en la primera década del siglo XXI. Se trataba de una ambiciosa apuesta con miras al mejoramiento de la vida de la población y a la reducción de la pobreza y desigualdad. No le faltaban razones al Secretario de Trabajo de la época, don Milton Ray Guevara, para describir la iniciativa como una legislación “moderna, coherente y flexible que permitirá al país colocarse, en sólo una década, entre los países más avanzados de América Latina en esta materia”. En la actualidad, sin embargo, varias limitaciones del sistema son notorias y, entre ellas, se destaca la incapacidad de garantizar una pensión digna para esos años duros en los cuales “no se tiene en ellos contentamiento”. Una corriente de opinión asocia ese hecho con el modelo de gestión basado en administradoras privadas, a las que se atribuyeN ganancias excesivas, lo que lleva a proponer algún otro un esquema basado en la centralización estatal.

La experiencia de los últimos diez años es un buen laboratorio para someter esas ideas a escrutinio, y un punto de partida es observar la tasa de retorno de las AFP sobre el capital que han invertido. Según mis cálculos, basados en los estados financieros publicados y ajustando por inflación, entre 2010 y 2013 esas empresas tuvieron utilidades cercanas a 44% de su patrimonio neto; entre 2014 y 2017, el porcentaje se situó alrededor de 32% y, en los años siguientes, fluctuó en torno a 28%. En 2020, para mirar casos individuales, las AFP Popular, Siembra y Reservas tuvieron tasas de retornos de 36%, 33% y 31%, respectivamente. Esas cifras se aprecian mejor si se comparan con otras: entre 2015 y 2020, los bancos comerciales tuvieron en promedio una tasa de retorno de 15% por año; EGEHaina, una empresa de generación eléctrica, 8%; y los ahorros invertidos en los fondos de pensiones, 7.2%. Esas diferencias llevan a resultados dramáticos cuando se acumulan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si en 2009 un trabajador hubiese invertido 100 pesos en su cuenta individual de pensiones, el valor de su patrimonio habría alcanzado unos 400 pesos en 2020; en cambio, 100 pesos invertidos en acciones de una AFP habrían generado al accionista una riqueza de 3,500 pesos al cabo del decenio. En suma, las AFP han sido un lucrativo negocio y sus tasas de retorno parecen reflejar rentas por encima de las que sería razonable esperar en condiciones más competitivas. Una parte de esa renta acaba en manos del Gobierno, a través de la AFP de propiedad estatal.

El siguiente punto de indagación es la medida en que esas rentas extraordinarias podrían ser responsables de la incapacidad del sistema para generar las pensiones de vejez a las que todos aspiramos. Un abordaje natural es comparar la evolución que ha tenido el patrimonio de los trabajadores con la evolución que habría tenido si, a partir de un año dado (digamos, 2010), la mitad de las utilidades de las AFP se hubiesen incorporado al fondo de pensiones de sus afiliados. En las condiciones hipotéticas, los fondos de pensiones habrían alcanzado en 2020 un valor de 850 mil millones de pesos, en contraste con el monto de 820 mil millones que alcanzaron en la realidad. Dividida entre los afiliados, la diferencia equivaldría a cerca de 7,000 pesos adicionales para cada uno. Sin dudas, se trata de una cifra agregada muy significativa, pero es obvio que la diferencia per cápita no implica ningún cambio apreciable en la capacidad de un trabajador para sostenerse durante su retiro. Parafraseando a Joseph Schumpeter, lo anterior se resume a lo siguiente: ¿Han tenido las AFP ganancias extraordinarias? Sí, es evidente que sí. ¿Una reducción en tales ganancias tendría un impacto notable en la garantía de pensiones adecuadas para los trabajadores? No, es evidente que no.

Si somos realistas, debemos admitir una verdad tal vez incómoda: las falencias del sistema de pensiones no son resultado de la acción malévola de un grupo de empresas, sino de un mercado laboral con amplios segmentos informales, que genera salarios deprimidos para la mayor parte de los trabajadores. Es ingenuidad o hipocresía esperar que, sin alterar esas condiciones, un trabajador típico pueda ahorrar para atender necesidades futuras, cuando apenas logra satisfacer sus necesidades presentes. Por tanto, el momento actual debe ser aprovechado para realizar cambios sustanciales que el mercado de trabajo requiere y, mientras tanto, expandir los mecanismos de solidaridad para apoyar a los más vulnerables -sin eliminar los incentivos al esfuerzo y la responsabilidad individual de cada cual. Ese proceso de cambios probablemente tendría que plantearse una evaluación de la compensación a las empresas administradoras, pues si bien el impacto de sus utilidades es cuantitativamente insustancial para la dinámica del sistema, podría ser políticamente difícil mantener las condiciones que han tenido en el pasado. Pero esto no debe tomarse como una invitación a la adopción de viejos modelos que por varias décadas mostraron incapacidad absoluta para resolver el problema y que, en caso de volver, casi con certeza acabarían en una crisis de insolvencia. Es mejor opción construir sobre lo que ya hemos avanzado, que no es poco.