La modificación que necesita la Ley de Residuos: Promover el Compostaje

Cada año, la República Dominicana genera más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos. Solo el 7% se valoriza. El resto —la gran mayoría— termina en rellenos sanitarios autorizados o en uno de los 300 vertederos a cielo abierto diseminados por todo el país, muchos de ellos sin ningún tipo de control ambiental ni sanitario.

Según el Índice de Desempeño Ambiental 2024 de la Universidad de Yale, el país ocupa el puesto 165 en el mundo en gestión de residuos. Las consecuencias son visibles en nuestros ríos, calles y costas, así como en el deterioro de la salud pública.

Sin duda, esta es una crisis, pero también una oportunidad.

El mes pasado tuve la oportunidad de asistir a la Conferencia Anual del Consejo de Compostaje de los Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), celebrada en California, uno de los encuentros más importantes del mundo en materia de gestión de residuos orgánicos.

Lo que presencié no fue solo una conferencia, sino una visión hacia el futuro: hacia dónde se dirigen los sistemas más avanzados del mundo. El camino que describen pasa directamente por los residuos orgánicos.

La República Dominicana, con su clima tropical, su base agrícola y su enorme volumen de producción de residuos orgánicos, está en una posición ideal para aprovechar este cambio global, si sus líderes, municipios y empresas actúan ahora.

 

El mundo está prohibiendo los residuos orgánicos en los vertederos. La lógica es simple: los materiales orgánicos —restos de comida, desechos de jardín y subproductos agrícolas— representan aproximadamente el 50 % de lo que termina en los vertederos.

Cuando se descomponen allí, generan metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Además, es altamente inflamable y puede provocar incendios, contribuyendo a la contaminación del aire local. Mantener los orgánicos fuera de los vertederos no es solo una estrategia de manejo de residuos: es una estrategia climática.

Asimismo, su descomposición produce lixiviados —líquidos tóxicos que se filtran a través de los desechos— capaces de contaminar aguas subterráneas, ríos y suelos, poniendo en riesgo el agua potable de las comunidades cercanas. 

El mundo ya lo entendió, nueve estados de EE.UU. —entre ellos California y Massachusetts— ya tienen leyes que prohíben o restringen la disposición de residuos orgánicos en vertederos. California, por ejemplo, exige una reducción del 75 % en los orgánicos enviados a vertederos y ha construido 206 instalaciones de procesamiento desde la entrada en vigor de su ley.

Massachusetts es quizás el modelo más instructivo para nuestro país. Su prohibición de desperdicios alimentarios comerciales, vigente desde 2014, logró una reducción del 13% de los residuos sólidos municipales enviados a relleno sanitario, generando 900 empleos y más de US$175 millones en actividad económica.

La clave fue la asequibilidad de los programas de compostaje, acompañada de políticas claras y educación pública.

Esta no es solo una tendencia norteamericana: Corea del Sur compostó más del 95% de sus residuos alimentarios. En América Latina, Chile, Brasil y Colombia avanzan en marcos similares.

El compostaje: una industria de bajo costo y alto retorno

Uno de los mensajes más consistentes de la conferencia fue que el compostaje representa una de las intervenciones de menor costo dentro del sistema de residuos sólidos.

De hecho, un centro de compostaje a gran escala, capaz de procesar hasta 40,000 toneladas anuales, puede construirse con una inversión estimada de entre 5 y 9 millones de dólares, una fracción del costo de infraestructura comparable de vertedero o incineración.

Asimismo, estas infraestructuras generan empleos locales sostenibles y dinamizan la economía mediante la producción de compost, un insumo agrícola de alto valor y creciente demanda.

Para la República Dominicana, este cálculo es particularmente favorable. El sector agrícola —productor de plátanos, cacao, café, caña de azúcar y frutas tropicales— enfrenta degradación del suelo, altos costos de fertilizantes y sequías cada vez más frecuentes.

El compost de alta calidad aborda estos desafíos simultáneamente: mejora la retención de agua, reduce la dependencia de fertilizantes importados y fortalece el carbono orgánico del suelo. Desarrollar una industria nacional de compost contribuiría tanto a la gestión de residuos como a la seguridad alimentaria.

Puntos de acopio y recolección separada: lecciones prácticas

Otra lección relevante fue el valor de las estrategias comunitarias de recolección de residuos orgánicos.

Los puntos de acopio voluntarios —ubicados en parques, mercados, escuelas y centros vecinales— permiten a los ciudadanos llevar sus restos de comida y desechos de jardín sin que los municipios deban transformar toda su infraestructura de recolección de inmediato.

En ciudades como California, Nueva York y Washington D.C., estos centros han demostrado ser efectivos para desviar residuos y generar apoyo público hacia programas orgánicos más amplios.

Para la República Dominicana, donde los residuos mezclados contaminan los materiales reciclables, este modelo ofrece un camino práctico. Comenzar con centros voluntarios en mercados y municipios capturaría grandes volúmenes de material orgánico y facilitaría un cambio progresivo de comportamiento antes de implementar medidas obligatorias.  

Separar los orgánicos mejora el reciclaje  

Eliminar los residuos orgánicos del flujo general es una de las formas más eficaces de aumentar las tasas de reciclaje y el valor económico de los materiales recuperables.

El material orgánico —húmedo y en descomposición— contamina papel, cartón, metales, vidrio y plástico cuando se mezcla con ellos. Una caja de cartón empapada de residuos alimentarios pierde casi todo su valor comercial.

Actualmente, la República Dominicana recicla entre el 3% y el 6% de sus residuos, apenas una quinta parte del promedio de América Latina.

Una de las principales razones es la contaminación por orgánicos en los materiales reciclables. Invertir seriamente en separación en origen y desvío de orgánicos fortalecería la economía del reciclaje informal y mejoraría los ingresos de centros de valorización, buzos y recolectores, que son la columna vertebral de esa industria.

Cómo fortalecer la Ley 225-20

La República Dominicana dio un paso importante en 2020 con la aprobación de la Ley No. 225-20. En enero de 2025, el Senado aprobó enmiendas urgentes, reconociendo que el marco original requiere fortalecimiento.

Este es el momento adecuado para incorporar las prácticas que hoy lidera la industria global del compostaje.

Dos cambios de política podrían posicionar al país en la dirección correcta:

1. Establecer un estándar gradual de desvío obligatorio de residuos orgánicos para grandes generadores —supermercados, hoteles, hospitales y universidades— con metas progresivas en un plazo de tres años.

2. Crear un Programa Nacional de Infraestructura de Compost dentro del Fideicomiso DO Sostenible, destinado a financiar plantas regionales y puntos de acopio, junto con un estándar nacional de certificación de calidad. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente deberían establecer una política de adquisición preferencial de compost dominicano certificado, garantizando mercado e incentivando inversión privada.

El momento es ahora

La República Dominicana genera aproximadamente 3.5 millones de toneladas de material orgánico al año que podrían transformarse en productos de alto valor, generando empleo, mejorando la productividad agrícola y reduciendo emisiones, en lugar de contaminar suelos y aguas.

El compostaje no es una aspiración lejana. Es una solución práctica, probada y disponible ahora.

El país no necesita reinventar la rueda; necesita voluntad política para hacerla girar. Por tal razón, ahora es el momento de que legisladores, municipios y sector empresarial transformen el futuro de la basura en una oportunidad de desarrollo.