Mucha foam, poco chocolate: Reflexiones sobre el riesgo de greenwashing en la nueva Ley de Residuos

La Ley de Residuos Sólidos existe desde 2020. Durante casi cinco años, la mayoría de sus reglamentos permanecieron incompletos o sin aplicarse a fondo. Sin embargo, en los últimos seis meses, la ley en sí fue modificada dos veces, ambas bajo procedimiento de emergencia. Ambas revisiones ocurrieron sin el proceso participativo que produjo la versión original.

La ley original fue construida tras años de trabajo conjunto con alcaldes, legisladores, sector privado, asociaciones empresariales, municipios, operadores de residuos y expertos nacionales e internacionales, en mesas de diálogo coordinadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y ECORED con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID).

Este proceso incluía una misión institucional a México para conocer modelos exitosos de economía circular de primera mano. Como Presidente de ECORED en aquel momento, participé activamente en un proceso íntegro que produjo una ley reconocida como referencia en América Latina. En contraste, el resultado de dos procesos completamente cerrados era predecible: una ley llena de huecos.

El más llamativo de esos fallos lo resume todo. La última revisión exige que los vasos, bandejas y envases de foam lleven certificación de biodegradabilidad, con el propósito declarado de eliminar y desincentivar el uso de materiales desechables, o al menos reemplazarlos con productos más responsables. En teoría parece una buena idea.

Sin embargo, en el lenguaje de mercadeo corporativo, "biodegradable" es una de las palabras más abusadas del vocabulario. Biodegradable simplemente significa que algo eventualmente se descompondrá, sin plazo definido, sin condiciones específicas, sin verificación requerida. Un neumático de automóvil es técnicamente biodegradable; solamente tardará unos ochenta años en degradar.

Cualquier foam con un sello de "biodegradable" queda legalmente autorizado, sin importar si ese reclamo tiene fundamento científico o no. En lugar de eliminar el foam, la última revisión de la ley lo acaba de convertir en el estándar oficial del país.

Los productos de foam que ya circulan en los supermercados dominicanos llegaron a esa reforma bien posicionados. Una variedad de productos de foam están etiquetados como "biodegradables", apoyándose en la norma ASTM D5511. Esa norma es nada más que un método de laboratorio preliminar que mide la producción de biogás de una muestra plástica bajo condiciones artificiales controladas: temperatura de 52°C, saturada de microorganismos activos, diseñada para maximizar la degradación. Esas condiciones no existen en ningún vertedero real del mundo, mucho menos en los de la República Dominicana.

ASTM D5511 no es una certificación ni un sello de aprobación, es una prueba inicial básica. Un producto puede lograr 30% de degradación en ese laboratorio y reclamar que "biodegrada bajo ASTM D5511", mientras que, el 70% restante permanece intacto indefinidamente, fragmentándose frecuentemente en microplásticos.

La propia norma ASTM D5511 advierte dentro de sus especificaciones que usarla para hacer afirmaciones generales de biodegradabilidad en mercadeo es engañoso. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos ha demandado y sancionado a empresas por exactamente este uso. El estado de California prohíbe completamente la palabra "biodegradable" en productos plásticos de consumo. Lo que la ley dominicana señala como certificación requerida en otros mercados se aborda bajo criterios regulatorios diferentes.

En resumen, la reciente revisión de emergencia de la ley de residuos exige una solución que no existe, usando una palabra que no significa nada, y le abre la puerta a cualquier fabricante a poner un sticker en el mismo foam de siempre y seguir vendiéndolo. Eso no es avance ambiental. Es greenwashing legalizado.

Si los legisladores hubieran permitido que especialistas en residuos participaran en el proceso, habrían usado el término correcto: compostable. Certificaciones como BPI Certified Compostable o TÜV OK Compost exigen que el envase se descomponga completamente, dentro de un plazo específico, bajo condiciones verificadas, sin dejar residuos tóxicos, confirmado por terceros independientes. Es ciencia legítima, no publicidad engañosa.

Pero incluso los envases compostables certificados solo se descomponen bajo una condición: necesitan llegar a una planta de compostaje industrial.

Sin esa infraestructura, el envase "eco-amigable" termina en el mismo vertedero o río que el foam convencional, donde permanecerá por siglos. Para redondear el problema, los sustitutos que la ley promueve como alternativas pueden costar hasta cuatro veces más, según estudios del propio sector. El consumidor termina pagando más por el mismo problema ambiental.

La mayor ironía de esta revisión es que la solución al problema del foam ya existía en la ley original, pero el proceso que produjo la reforma la ignoró por completo.

La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) puede cambiar la economía del problema: quien pone un producto en el mercado es responsable de lo que le pasa cuando se convierte en residuo. Chile y Costa Rica ya están implementando la REP con resultados concretos.

Irónicamente, el reglamento para la implementación de la REP, el Decreto 402-26, fue publicado el 15 de junio de 2026, diez días antes de que la revisión de urgencia lo ignorara por completo. La herramienta más eficaz disponible para enfrentar el problema del foam estaba publicada la misma semana, pero no apareció en el debate.

La farsa del foam biodegradable no fue el único fallo. La revisión también aumentó las contribuciones empresariales drásticamente en un plazo de un año, hasta un 500% en algunas categorías. Según Julio Brache, presidente de la AIRD, eso implica un incremento de carga de residuos para ciertas empresas de hasta 1,000%.

Estos aumentos en los costos de producción y comercialización generarán presiones inflacionarias que se trasladarán directamente a los precios de productos de la canasta básica: el supermercado, el restaurante, el colmado. No es solo un problema de grandes empresas. Es el bolsillo de cada familia dominicana.

Como en el caso del foam biodegradable, estas tarifas surgieron sin estudios técnicos, sin metodología publicada, sin análisis de impacto. El CONEP, la AIRD, Asonahores, Adozona y Adavit publicaron pronunciamientos de preocupación después de que la ley fue aprobada. Sus pronunciamientos salieron después porque no hubo un antes.

Como señaló el CONEP, las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica. La pieza fue depositada y aprobada en menos de dos semanas, sin consulta real con los sectores afectados.

Más que otra revisión de emergencia, lo que este país necesita es ponerse a trabajar con lo que la ley ya contiene. La Responsabilidad Extendida del Productor puede cambiar la economía del problema: quien contamina, paga. Los mecanismos para construir infraestructura de compostaje y valorización están en la ley.

El sector privado ha demostrado su capacidad de invertir en soluciones, si en vez de imponerle más impuestos se le da un marco que lo incentive. Las herramientas existen. Se deben abandonar las revisiones improvisadas y comenzar a ejecutar.

La basura no entiende de política. Es el problema de todos y aparece en nuestras playas, nuestros ríos y nuestras calles. Afecta la imagen del país e impacta al turismo nacional. La solución tiene que ser de todos también: empresas, municipios, comunidades, operadores de residuos y legisladores.

La República Dominicana ya demostró una vez que tiene la capacidad de generar una ley de residuos modelo cuando emplea un proceso participativo. Tenemos la Ley 225-20 que lo comprueba. Merecemos que se ejecute esa versión sin más revisiones.